Es claro que las uniones de pareja estable en Colombia, se encuentran reguladas por la Ley 54 de 1990 modificada por la Ley 979 de 2005, sin embargo, propiamente su regulación no ha sido ampliada a través de mecanismos legislativos, y es la jurisprudencia la que representa un papel importante en su desarrollo. A continuación, se observará la contextualización que tanto La Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia de Colombia y su análogo español, han propiciado respecto de las uniones de parejas permanentes sin el vínculo civil del matrimonio. Se tiene en consideración, desde el punto de vista jurisprudencial, la exigencia de la disolución de la sociedad o de las sociedades conyugales en caso de que haya impedimento para contraer matrimonio sin necesidad de liquidación y sin que medie tiempo ni siquiera en la disolución¹ y finalmente, se observa la unión de compañeros permanentes como estado civil². Tal ejercicio es presentado en contraste con la legislación española respecto del reconocimiento de estado civil a la unión de compañeros permanentes.

La Constitución de 1991 en el Artículo 42 determina que la Ley dispone lo concerniente al estado civil de las personas y los provenientes derechos y deberes; en virtud de ello, el Decreto 1260 de 1970, de 27 de julio, por medio del Cual se expide el “Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”, en su Artículo 1 dispone que el estado civil de una persona representa su situación jurídica en la familia y en la sociedad, lo cual fija su capacidad para el ejercicio de ciertos derechos y sujetarse a ciertas obligaciones. De acuerdo con estas características, precisamente eso es lo que sucede entre los compañeros permanentes, pues de su unión estable se deriva la adquisición de unos derechos y quedan sometidos al ejercicio de ciertas obligaciones que, en todo caso, se encuentran inmersas en la legislación y en la jurisprudencia, un fuerte motivo para el reconocimiento de este estatus a las uniones estables de pareja.

Específicamente, la legislación civil nada establece sobre el estado civil de los compañeros permanentes. Ahora, el decreto 1260 de 1960 se refiere a la persona en general, precisamente porque el estado civil está ligado a un conjunto de características que permiten identificar la situación jurídica de cada persona y es por ello quizá que la Ley 54 de 1990 señala en su Artículo 1 que para todos los efectos civiles se denominará a quienes componen la unión de pareja estable como “compañeros permanentes”. Por lo tanto, el reconocimiento del estado civil a las uniones de pareja estable configura una protección al derecho que tiene la pareja de tener una familia³.

Por su parte, Lafont Pianeta (1994), haciendo referencia al estado civil de la pareja estable dice que, “el estado de compañero permanente es aquel estado civil imperfecto que asumen los sujetos de un vínculo marital de hecho, con las consecuencias jurídicas pertinentes”, al respecto, Aroldo Quiroz Monsalvo afirma que “los compañeros permanentes tienen un estado civil no imperfecto; por el contrario, perfecto, lo que sucede es que genera menos derechos y obligaciones que el de casados”, sosteniendo que entre los compañeros se pierde la condición de solteros y obtienen el nuevo estado de compañeros permanentes frente a la sociedad, última apreciación que resulta amigable con el pensamiento de reconocer el estado civil de la pareja estable que, en todo caso, no podría considerarse como un estado que genera menos derechos y obligaciones, si no como un estado civil que genera los derechos y obligaciones acordes a este tipo de familia, cuyo derecho no puede ser objeto de vulneración.

No se trata de igualar a la pareja estable con el matrimonio, ni que el reconocimiento del estado civil otorgue unos derechos patrimoniales iguales que los generados por el matrimonio, porque dicha característica puede ser plenamente regulado por la Ley. Lo que se requiere es su pleno reconocimiento en el ámbito social y estatal como un núcleo familiar alternativo del cual se derivan derechos y obligaciones, con algunas limitaciones, sí, como lo expresa Parra (sf), pero que en todo caso no evidencian un tratamiento desigual o discriminatorio con la institución matrimonial, si no el real tratamiento de las uniones de pareja estable como una institución alterna, como un modelo familiar con características propias, ligadas a su esencia que, entre otras cosas, debe estar ajustada al principio de la autonomía de la voluntad.

Así las cosas, el reconocimiento de los compañeros permanentes en Colombia como estado civil inicia con el pronunciamiento del Auto 2004-00205 de 18 de junio de 2008 promovido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cuyo ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar, bajo los siguientes argumentos dispone que “la unión marital de hecho es un estado civil”:

En este Auto, la Corte Suprema de Justicia, encuadró el inicio de un trabajo que, como se dijo, a todas luces ha sido jurisprudencial, con el propósito de que las uniones entre compañeros permanentes se reconocieran como un verdadero estado civil dadas sus características, no solo por la contracción de derechos y obligaciones entre la pareja, sino porque hace parte de una de las formas que dan origen a la familia, hecho que conlleva a la filiación entre compañeros permanentes (Corte Constitucional, 1996 , S C-174).

Existen argumentos precisos que han propiciado dicho reconocimiento aun partiendo de los presupuestos legales, uno de ellos plasmado en el estatuto de registro que dispone en el Artículo 44, qué deberá inscribirse, y si bien dentro del mismo de manera expresa no se encuentra “la unión marital de hecho” al final del numeral 4 determina que en el registro se inscribirán “…todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas”, disposición que concuerda con lo hasta aquí expuesto, pues se ha dicho que no puede considerarse como solteros a dos personas que deciden optar por una comunidad de vida como compañeros permanentes, así que, si el estado civil de soltero varía a casado, compañero permanente o viudo, esto debe figurar con su respectiva inscripción.

A pesar del pronunciamiento realizado por la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 2008, solo hasta el año 2012 mediante sentencia, esta misma corporación provee de manera determinante el reconocimiento de la unión entre compañeros permanentes como estado civil merecedor de la respectiva inscripción en los registros civiles de la pareja, por lo cual señala que:

Esta sentencia confirma lo dispuesto por esa misma corporación mediante auto del año 2008. Es así que, dentro de las disposiciones doctrinales de la Corte Suprema de Justicia, se considera que la “comunidad de vida permanente y singular” entre dos personas no casadas o con impedimento para contraer nupcias, origina la “unión marital de hecho” y ello genera la existencia de un auténtico estado civil, teniendo en cuenta que es otra forma probable de constituir familia natural bajo los presupuestos que establecen el origen de la familia de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 constitucional -la familia se origina por vínculos naturales o jurídicos-. Es así como en Colombia, derivado de un trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia, se reconoce el estado civil de compañeros permanentes, que tiene carácter de imprescriptible y que se extiende a la descendencia.

Devenido este reconocimiento del estado civil a los compañeros permanentes mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Director Nacional de Registro Civil, Carlos Alberto Monsalve Monje (actualmente en el cargo), el 29 de septiembre del 2014, tras un derecho de petición elevado por el Notario Cuarto de la ciudad de Pereira sobre acoger íntegramente lo dispuesto por la jurisprudencia y proceder a la anotación respectiva del estado civil en el registro civil, emitió el siguiente concepto, que reafirma el ejercicio de la inscripción del estado civil de los compañeros permanentes en los respectivos registros civiles de nacimiento:

Ahora, que el estado civil tenga carácter imprescriptible no significa que lo concerniente a los efectos patrimoniales de la pareja también sea imprescriptible.

En este sentido la ley 54 de 1990 es muy clara en el artículo 8 al disponer que las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho prescriben en un año, pero la pregunta es, ¿teniendo en cuenta que el estado civil genera la existencia de ciertos derechos y obligaciones entre los compañeros permanentes, pueden subsistir las mismas habiéndose declarado y liquidado la sociedad patrimonial de hecho?

Al respecto, la Corte Constitucional (2015), en Sentencia C-563, ha reafirmado lo planteado en ese mismo sentido por la Corte Suprema de Justica que ha dicho que:

En lo referente, a la diferenciación de la sociedad patrimonial y la declaración de la “unión marital de hecho” la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto que:

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la pregunta planteada, el estado civil de compañeros permanentes sí puede subsistir si se ha disuelto y liquidado la sociedad patrimonial; es decir que, en ese caso, los compañeros podrían optar porque subsistan los efectos civiles de la unión y liquidar la sociedad patrimonial, pero ¿cuáles serían los efectos civiles? Al efecto es importante dar a conocer que el General del Proceso Ley 1564 de 2012 otorgó unas nuevas competencias a los notarios en las que incluyó dentro de la declaración de constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, la existencia y cesación de los efectos civiles de la “unión marital de hecho” entre los compañeros permanentes, cuando esta sea de común acuerdo⁵.

Dicho trámite se encuentra regulado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y Derecho, 1664 de 20 de agosto de 2015, que en el artículo 2.2.6.15.2.5.3. dispone la declaración de cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho, mediante una manifestación voluntaria, que deberá contener el acuerdo de cumplimiento de obligaciones alimentarias entre ellos si las contraen⁶, de ello se deduce que los efectos civiles que sin duda nacen con el estado civil, corresponden a esos derechos y obligaciones entre los compañeros permanentes que a todos esos efectos lo componen la ayuda y el socorro mutuos (el sostenimiento de una comunidad de vida) que subsiste entre los compañeros permanentes (efectos personales, deber de alimentos) que también se encuentra integrada por las obligaciones con los hijos. Todo lo cual, hoy se fortalece con el reconocimiento del estado civil de los compañeros permanentes y con toda razón, porque de lo expuesto se puede concretar que entre ellos se configuran verdaderos derechos y obligaciones⁷.

En España, sin embargo, según González et. al (sf), existe una fuerte lucha para disponer una regulación uniforme a las uniones de pareja estable, debido a un claro interés de no equiparación con el matrimonio; Cataluña es una de las Comunidades Autónomas más avanzadas pionera en el reconocimiento de estas parejas gracias a su derecho foral, ya que con la primera Ley de pareja estable de 1998 incluyó a las parejas del mismo sexo, con todo, de acuerdo con los presupuestos constitucionales, el único encargado de disponer del estado civil de las personas es el Estado español (Artículo 149.1.8) (González et.al, sf); lo cual representa un limitante para que se siga avanzando en la regulación de este modelo familiar.

La normativa vigente para el Registro Civil en España a partir del 30 de junio de 2017 es la Ley 20/2011, de 21 de julio, y en ella no se dispone de un concepto concreto respecto del estado civil, así como no lo proporciona el Código Civil español, cuyas disposiciones al respecto, por cierto, fueron derogadas por dicha Ley; en cuanto a la Ley anterior del Registro Civil de 8 de junio de 1957, esta tampoco disponía de una definición.

Ahora, El estado civil se encuentra ligado al registro civil toda vez que en este último se registran los actos que tienen que ver con la identidad, el estado civil y las demás circunstancias que representan los atributos de la personalidad de cada individuo⁸, por lo que la ley define los actos que son inscribibles tales como, el nacimiento, la filiación, el nombre, los apellidos y sus respectivos cambios, el matrimonio, el sexo y el cambio de sexo, la defunción, entre otros (España, Ley 20, 2011).

El estado civil no solo interviene en lo que tiene que ver de manera genérica la capacidad jurídica de la persona, sino también con los atributos personales de cada individuo como, por ejemplo, el nombre. Este mismo autor identifica los atributos que componen el estado civil, que son: la personalidad, el nombre, la filiación, la edad, la emancipación y la habilitación de edad, las declaraciones judiciales de incapacidad, las condiciones relativas al vínculo matrimonial, la nacionalidad y la vecindad civil, la ausencia y declaración de fallecimiento (Gil, 2002, p. 18).

De otra parte, Albaladejo (2009), plantea unas características más restringidas al estado civil, afirmando que hay estados civiles y otras circunstancias que, aunque son inscribibles, no hacen parte del estado civil, así que considera como estados civiles, al matrimonio, soltería o viudez, la filiación, la nacionalidad, la vecindad civil, la mayoría o minoría de edad y la emancipación y los diversos estados de capacidad e incapacitación (Albaladejo, 2009, p. 19).

Ahora, independientemente de las posturas de los autores ya mencionados, el estado civil hace parte de los atributos de la personalidad que representan a cada individuo desde que nace hasta que muere, y ello también está integrado por su vida en pareja. Albaladejo (2009), dice que el matrimonio, la soltería o la viudez corresponden al estado civil y por ende requieren la existencia de la anotación en el registro civil.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, podríamos decir que las uniones de pareja estable representan una variación en el estado civil de la pareja que decide optar por este tipo de unión con el carácter de mantener una comunidad de vida y ello conlleva a que, así como el matrimonio y la soltería afectan de manera trascendental la vida de la persona, la unión de pareja estable también, pues conlleva la configuración de unos derechos y unas obligaciones entre quienes la conforman, acontecimientos suficientes para que sea enmarcada como estado civil y además de ello merecer una regulación integral.

El reconocimiento del estado civil para la pareja estable en España, le impondría a esta modalidad familiar una verdadera posición, aceptación e integración a nivel social y legal, además de proporcionar la existencia de una unidad legislativa, que evitaría el choque entre las diferentes legislaciones existentes en cada comunidad autónoma, aun a nivel del derecho internacional privado. En palabras de Lázaro (sf), si el derecho que preside el estatuto personal, o sea, la creación de una ley uniforme, le otorga a la pareja estable la calidad de estado civil y la unión se regirá por la ley personal común de la pareja. O sea, que no habría confusión de regulación entre las diferentes comunidades autónomas, los jueces resolverían de manera más uniforme los litigios al respecto y las uniones de pareja estable disfrutarían de un reconocimiento propio que evitaría, entre otras, la equiparación directa con el matrimonio; eso sí planteando aspectos claros especialmente frente a los derechos patrimoniales y personales entre los convivientes, sobre todo al momento de la ruptura, que representen la autonomía de la voluntad que caracteriza a esta modalidad de constitución familiar.

Para concluir, se hace necesario observar otro concepto muy inclusive, que permite comprender por qué considerar a la unión de pareja estable como estado civil, corresponde a que, el estado civil incorpora a cada persona a una familia específica, así como la nacionalidad vincula a la persona al grupo político de la nación, así que el estado civil se determina:

Se puede decir entonces, que la unión de pareja estable hoy se encuentra catalogada como un verdadero modelo familiar protegido en función del derecho fundamental a tener una familia y el de la igualdad, en el sentido de dar a cada individuo lo que le corresponde. El punto se encuentra en poder definir un régimen regulatorio, en el caso de España, que permita un verdadero reconocimiento a este modelo familia que concurre con el matrimonio y al cual se le han venido aplicando la existencia de ciertos derechos y obligaciones entre los convivientes.

El otorgamiento del carácter de estado civil a la unión de pareja estable representa la existencia de una verdadera formalidad para este tipo de parejas que se caracterizan por ser más bien liberales; aunque, dicho reconocimiento se hace necesario porque hay quienes sí desean que sus relaciones de pareja configuren la existencia de derechos y obligaciones. Se trata entonces de educar a la población para que regularice su situación una vez cumplan los requisitos establecidos por la Ley para la constitución de la pareja estable y decidan conformarla, de tal forma que no se espere hasta el rompimiento para pretender derechos que quizá no se querían al inicio del establecimiento de la pareja, situación que materializaría también el régimen probatorio.

No hay motivo pues, para no otorgarle a la unión de pareja estable la condición de estado civil. Es cierto que no debe equipárseles con el matrimonio, pero la experiencia colombiana revela que pueden subsistir el matrimonio y la unión de pareja estable, aunque sea cierto que se ha llegado a realizar casi que una completa equiparación con los efectos adscritos al matrimonio; sin embargo, existe una separación entre los efectos personales y los patrimoniales, una buena solución en función de la sostenibilidad del principio de la autonomía de la voluntad, máxime cuando en Colombia, por ejemplo, no es usual la solicitud de indemnizaciones por la ruptura de la pareja estable.

Al respecto, la posición del Tribunal Supremo de España, no es tan distante de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, cuya concepción es la no equiparación de las uniones de pareja estable con el matrimonio, de tal forma que sostengan su esencia de ser una modalidad de pareja libre, a su juicio:

La Corte Constitucional colombiana, por su parte, señala:

Por último, es importante apreciar que, aunque se predique la no equiparación entre el matrimonio y la unión de pareja estable, por la jurisprudencia o la legislación, lo cierto es que cada vez hay más cercanía entre una y otra, especialmente respecto de los efectos civiles y un claro ejemplo de ello es la sustitución pensional, en la cual hoy pueden concurrir tanto el/la cónyuge como el/la compañera permanente; así que, se puede decir que la diferencia más representativa se encuentra en la ruptura de la “unión marital de hecho” que impone la prescriptibilidad de los derechos patrimoniales, hecho que no sucede en el matrimonio.