La centralidad de la contingencia y del antagonismo en la teoría hegemónica de Ernesto Laclau, es clave para analizar la concepción institucional colombiana sobre los conflictos, la reintegración y la paz. Con esta herramienta teórica, ampliamos el análisis sobre lo político, ya que podemos examinar críticamente el esencialismo filosófico adoptado en Colombia para la instauración de categorías universales y “fijas que determinan las condiciones de posibilidad del conocimiento del mundo político” (Hernández, 2016., p. 2.). De esta manera, este paradigma teórico permite ultrapasar de las significaciones puras e inmutables de la religión y de la razón sobre el mundo, hacia una concepción del mismo, como una fragmentación de sentidos, como un constructo contingente, que se articula de momento y hegemónicamente por significantes vacíos.

Así pues, al estudiar la realidad política colombiana, como una realidad contingente y no como una objetividad dada, podemos comprender los desarrollos estatales en materia de reintegración, como un trabajo doble: por generar significantes vacíos tales como la paz, el conflicto y la reintegración y a su vez, por irradiar formas normativas, modelos y estrategias, que han permitido una ampliación y reproducción de la ideología de la actual hegemonía política. Al respecto, Laclau & Mouffe (1987) afirman que “no existe un discurso y un sistema de categorías a través del cual lo «real» hablaría sin mediaciones”; en este sentido, en su análisis genealógico, abordan crítica y deconstructivamente el origen del conflicto social armado; los mecanismos de reintegración; y las concepciones estatales sobre el conflicto y la paz, en las tres suiguinetes dimensiones:

La primera está relacionada con el examen crítico de hechos históricos, en los cuales la violencia sistémica, desde un accionar de bloque contrainsurgente (Estrada, 2015), por medio de dispositivos legales y extralegales (grupos paramilitares), ha impedido una construcción del pueblo colombiano como actor político. Esta revisión al conflicto social armado es desarrollada por medio de un contraste de los hechos históricos de violencia sistémica de la realidad política colombiana, con las dimensiones del populismo en Laclau.

Seguidamente el análisis genealógico se desplaza hacia el estudio de los mecanismos de reintegración desplegados en Colombia, en el cual se indaga por los antecedentes internacionales-nacionales y por las transformaciones normativas necesarias para implementar los DDR¹, que fueron efectuados para la desmovilización de las Autodefensas y que se han adecuado, gradualmente, a las desactivaciones individuales de ex miembros de las guerrillas desde una lógica diferencial. Y finalmente se estudian los conceptos claves del modelo actual de reintegración basado en comunidades, desde el análisis crítico del discurso, para buscar significantes fluctuantes que logran momentánea y contingentemente “dominar el campo de la discursividad”( Laclau & Mouffe, 1987, p.191)

En este acápite, se realiza un contraste analítico entre las cuatro dimensiones del populismo en Laclau y la realidad política colombiana, que se ha caracterizado por una violenta eliminación de los antagonismos políticos, por lo cual se vinculan los hechos en los que la violencia sistémica ha silenciado, extraditado y eliminado a la oposición. No obstante, esta revisión histórica es de naturaleza deconstructivista, que aboga por una comprensión de la contingencia, en la construcción de sentido en cada hecho, apartándose de la aceptación de unidades orgánicas, leyes fundamentales, capaces de dar explicación a todo tipo de suceso.

Así pues, en sintonía con la crítica a lo dado en Laclau, intentamos evitar una lectura relativista que oscurecería la comprensión de los sistemas de relaciones, en los que los eventos toman forma y sentido propio. Por otro lado, intentaremos no caer en “el facilismo, como ocurre a menudo, al ceder a una visión teleológica de acuerdo con la cual la situación actual es el desenlace inevitable del pasado, dejando de lado las inflexiones imprevisibles y las incertidumbres que acompañan las decisiones de todos los protagonistas”(Pécaut, 2015, p. 2).

Tenemos pues, que la constitución del pueblo como actor político en la teoría laclauniana, está determinada por condiciones específicas relacionadas al carácter contingente y antagónico de lo social. En concordancia, Ernesto Laclau en su obra “La razón Populista” del año 2005, hace un análisis exhaustivo de cada dimensión inherente al populismo, determinando tres dimensiones necesarias para la construcción de identidad popular, pero que son desarrollados en este trabajo por razones metodológicas en cuatro momentos, a saber: a. se identifica una yuxtaposición de demandas insatisfechas, unidas por la negatividad propia a su insatisfacción, en rasgos de solidaridad; b. se marca una formación de frontera antagónica, que divide el espacio político en dos, en un lado las demandas insatisfechas y en el otro, el ente insatisfactor; c. se materializa la articulación de las demandas en una cadena de equivalencias, la cual es resultado de una operación hegemónica en la que lo particular ( una demanda de la cadena) asume la universalidad (representación total de la cadena); d. se explica la relevancia de la nominación y el afecto en la cristalización, es decir, en el líder populista.

Para poder hacer el contraste de las anteriores dimensiones del populismo con la realidad política colombiana, es necesario comenzar con la determinación del tipo de violencia en Colombia considerada como objeto de análisis para académicos, organismos estatales, medios masivos de comunicación, y hasta de la opinión pública, (generada por la media). Se encuentra que, “la violencia ejercida por agentes sociales, por individuos malvados” (Zizek, 2008, p. 21), es la que ostenta popularidad y estatus a ser analizada. Es decir, la violencia entendida como subjetiva, en la cual los individuos “racionales”, son los responsables de la decadencia, siendo esta la patología en un armónico social y objetos de punición

En suma, tenemos que la más visible (subjetiva), en ocasiones es producto de la violencia objetiva (violencia simbólica, representada en el lenguaje y sus formas; violencia sistémica, consecuencias del sistema económico y político), que al estar determinado como normal, objetiva, real², es anónima e imperceptible.

Entonces, el llamado en este trabajo es “desplazarnos desde el SOS humanitario desesperado para acabar con la violencia, hasta el análisis de otro SOS, el de la compleja interacción entre los tres modos de violencia: subjetiva, objetiva y simbólica.”( Zizek, 2008, p. 22), por cuanto que al comprender la violencia desde una forma estructural y sistémica, se puede leer tanto sucesos violentos subjetivos (como la guerra interpartidista, el bogotazo, entre otros.), como los hechos de “contención y destrucción (incluido el exterminio físico) de las expresiones políticas, reivindicativas y organizativas del campo popular.”(Estrada, 2015, p. 5).

Las transformaciones económicas, políticas y socioculturales que vivió el país en 1920 hasta la década de los sesenta, se pueden compendiar en una “acumulación capitalista, concentración extrema de la riqueza y desigualdad Social” (Estrada, 2015, p. 5), que incentivó a la contestación campesina y sectores indígenas de forma armada y autodefensiva, debido a los despojos y colonización de tierras con fines lucrativos de los llamados lotes baldíos, por parte de las elites políticas y económicas del momento.

De la misma manera, esta violencia sistémica, provocó migraciones internas forzadas del campo a las pequeñas cabeceras y grandes ciudades del país, agudizando aún más la situación real existente del indígena, el campesino, el afro descendiente y el pobre, que se constriñeron a las lógicas de trabajo asalariado pauperizado por condiciones de sometimiento.

Esta acumulación de la riqueza en pequeñas facciones sociales dominantes, perfiló el escenario para el surgimiento de la violencia subjetiva interpartidista³. Por un lado el conservadurismo y por el otro el liberalismo, que aunque para muchos se resume en un período de guerra sangrienta, en el fondo esconde una batalla entre clases dominantes por el poder. En la cual, el partido conservador, con su accionar de extrema derecha, impuso por medio del terror una política de eliminación física al liberalismo o a cualquier tipo de lucha subalterna en la que “las zonas liberales o comunistas fueron atacadas por organizaciones campesinas armadas por el Gobierno, los políticos y los terratenientes con el respaldo militante de la Iglesia y de sectores de la fuerza pública.”(Alfredo, 2015, p. 1), encontrando su punto máximo con el asesinato de Gaitán, uno de los líderes populistas en 1948 y con el genocidio contra su movimiento⁴, lo que evidencia el accionar de la violenta sistémica que reaccionó a la posibilidad del cambio en el horizonte hegemónico.

Con relación a la teoría laclauniana sobre el populismo, podemos analizar el gaitanismo como uno de los intentos de mudanza en el horizonte hegemónico⁵. Aunque existen múltiples críticas por la relación del líder con el partido Liberal, es necesario reconocer que la propuesta política de Gaitán iba más allá de la flexibilización económica proclamada por el liberalismo (concorde con las necesidades de la industrialización) y el retorno de las relaciones sociales gamonales de los conservadores, es decir, se estableció una frontera antagónica⁶, que dividió el espacio político en dos, gaitanismo versus las elites político-económicas de la data.

La identidad popular emanada en el gaitanismo era contingente, determinada por las lógicas internas de las demandas insatisfechas de las clases populares que lograron articularse por medio de la figura del líder popular, como un nuevo significante en la disputa política contra la hegemonía dominante de la época. Esto evidencia la importancia que tiene la operación hegemónica en una cadena de equivalencias, ya que la universalización de lo particular, cristalizado a través de la nominación y el afecto al líder, es el fundamento de la misa cadena, son lo misma cosa; y con el asesinato de Gaitán, se asesinó la construcción de identidad popular contingente, ya que la eliminación y persecución de una plebs, condensada en el líder, que se reclama como “el único populus legítimo -es decir, una parcialidad que quiera funcionar como la totalidad de la comunidad”(Laclau, 2005, p. 108), eliminó la posibilidad de constitución del pueblo como agente político.

Otro momento importante para la comprensión de la triada de la violencia colombiana es la “crisis y transición del régimen acumulación de capitalismo productivo hacia un régimen neoliberal de financiarización. De la década de 1960 a finales de los años de 1980” (Estrada, 2015, p. 10). Con el predominio de una política económica en pro de la burguesía cafetera, se inauguró el ingreso al mercado mundial, a la inversión y control de la producción nacional por parte extranjera.

Sin embargo, esta liberalización del mercado del café, se produjo en una competencia desigual, en la cual se desplomó la economía cafetera nacional, encontrando fundamento en “la función de regulación macroeconómica y social que empezó a desempeñar la economía corporativa transnacional de la cocaína.”(Estrada, 2015, p. 18), que se involucró de forma ambigua al conflicto social (terrateniente y nuevos sectores económicos), pero siempre guiada hacia la maximización de ganancias y minimización de costos propia a las lógicas del capital.

Debido a este escenario de desigualdad, antagonismo, conflicto social entre partes dominantes, sectores excluidos como campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores agrícolas, obreros rurales y urbanos, se comenzó a perfilar (por el temor a una lucha embrionaria de clases subalternas), la unión de las elites, en el denominado Frente Nacional⁷.

De esta unificación con la acción política ventajosa del conservadurismo (Ospina Pérez/Gómez/Urdaneta Arbeláez, 1946-1953) se dieron los pactos entre el partido liberal y conservador, en una forma concesional de la democracia, la cual condujo a la dictadura de Rojas Pinilla de 1953 hasta 1957, inaugurándose una oleada de reformas políticas, encaminadas a la persecución y la eliminación del antagonismo político: las denominadas guerrillas de paz, bandas paramilitares que ejercían autoridad en un régimen de Estado de Sitio; sumado a esta realidad, se proscribe el cierre del Partido Comunista en 1954, por parte de Rojas Pinilla⁸; además de un trabajo sistemático de acoso contra los sindicatos, las organizaciones agrarias y populares. Todo esto evidencia un cierre total a la participación política, una exclusión del sistema político colombiano, el cual abre una brecha, entre la Plebs (totalidad ausente) y el Populus (totalidad falsa), disputada en acciones populares contestatarias, “vistas como deficiencia, no absorbidas por la institucionalidad”(Laclau, 2005, p. 123).

El momento en que se consolidó una “hegemonía del capital financiero”, corresponde con la “conformación y despliegue de un régimen neoliberal de financiarización, de principio de la década de 1990 a la actualidad”(Estrada, 2015, p. 15) en el cual, se operó bajo reformas estructurales de carácter neoliberal, que tenían relación con la caída del socialismo en la Unión Soviética; período en el que, se “(gerou) um vocabulário de significantes vazios cujos significados temporários decorrem de uma competição política”(Laclau, 2011, p. 66), del cual se hizo el traspaso de la teoría clásica de la economía al estudio y manejo del campo social y político.

Estos “significantes vacíos” se incorporaron en Colombia en los noventa y bajo un bloque de poder contrainsurgente que no corresponde a “un aparato de dirección de la política antisubversiva y de determinación conspirativa de su implementación, sino más bien de un conjunto de disposiciones que pueden ser divergentes, pero se unifican conflictivamente en torno a un propósito común” (Estrada, 2015, p. 24), que perfiló el campo de acción de la hegemonía política de la época.

Este conjunto de disposiciones en pro del mantenimiento del poder hegemónico del Estado es difícil de evidenciar, ya que están dentro de lo objetivo y normativo, es decir, son la misma violencia objetiva y “compromete la construcción de un orden jurídico-político que organiza la reproducción del régimen político y la competencia política, produciendo una ‘democracia electoral estable’, e incorpora a todos los poderes públicos, así como las fuerzas militares y de policía y los servicios de seguridad, en función de los propósitos de preservación.”(Estrada, 2015, p. 24).

Así las cosas, se impone un régimen imposible, que justifica la existencia de la subversión, ya que desde la visión laclauninana “la plebs, cuyas demandas parciales se inscriben en el horizonte de una totalidad plena -una sociedad justa que solo existe idealmente - puede aspirar a constituir un populos verdaderamente universal que es negado por la situación realmente existente” (Laclau, 2005, p. 123).

El accionar del Bloque de poder contrainsurgente (Estrada, 2015), puede identificarse en el Estatuto de seguridad de Turbay Ayala, que recoge las valoraciones negativas del periodo del paro cívico nacional en 1977, sobre la lucha de los campesinos en Marquetalia en 1964 y la relación de esta con la extensión de la “amenaza comunista”, que fueron arremetidos por las organizaciones paramilitares que operaban desde 1960 y que cumplían “funciones de desestructuración, debilitamiento y aniquilamiento de liderazgos populares y de organizaciones políticas, sociales, cívicas y populares, especialmente en los centros urbanos”(Estrada, 2015, p. 31).

De la misma forma, tras la tregua en el gobierno de Betancur (1982-1986) se cerraron las posibilidades de una apertura democrática, puesto que se enfocaron en el exterminio de las direcciones del Frente popular y el grupo A luchar, así como el genocidio⁹ de la Unión Patriótica,¹⁰ los cuales incurrieron en la escena política después de los Acuerdos de la Uribe de 1984. Estos eventos de eliminación sistemática de la oposición, son los que nos permite identificar la violencia estructural ejercida por el Estado, en la cual unos son asesinados, otros exiliados y muchos replegados hacia el campo para evitar el exterminio.

Así, podemos descubrir cómo una totalidad socia se detecta como una falsa armonía, en la cual existen fracturas del espacio político, hay divisiones antagónicas que son silenciadas por medio de la política del terror, pero que ponen en evidencia una lucha de totalidades que están ausentes.

El proceso constituyente¹¹ de 1991 hasta la actualidad, puede ser leído como apertura democrática participativa. El reconocimiento de multiculturalismo y derechos políticos civiles y colectivos, son ahora posibles, pero con los efectos de “actualización y renovación del régimen de dominación de clase”(Estrada, 2015, p. 34),en donde muchas de las demandas democráticas son absorbidas por el Estado, en su estructuración normativa con poca aplicabilidad en la práctica, mientras que demandas populares siguen en antagonismo, no solo las de las guerrillas, sino diversas identidades que se construyen negativamente por la exclusión continua del Estado y que son eliminadas a la menor amenaza de disputa por el poder.

Estos cortes antagónicos son imposibles de aprender conceptualmente, ya que “si fuéramos capaces de reconstruir la serie completa de eventos utilizando medios puramente conceptuales, el corte antagónico no podría ser constitutivo.”(Laclau, 2005, p. 111), por lo cual, señalamos los eventos en los cuales, la violencia objetiva eliminó al opositor, dando fundamento a la tan temida decadencia social, a la violencia subjetiva, comidilla de la media, y a la disputa por la mudanza de la hegemonía política en Colombia.

A lo largo de este apartado se ha detallado cómo por medio de la violencia estructural y sistémica, se ha eliminado, silenciado, exiliado y desdibujado a la oposición en Colombia. De esta manera, si entendemos la democracia liberal del sistema político colombiano como “um processo histórico que dura já mais de duzentos anos, pelo qual os princípios da igualdade e da liberdade se impuseram como nova matriz do imaginário social, como pontos nodais fundamentais na construção do político”(Burity, 1997. p. 16), es posible pensarse otra matriz Del imaginario social. Tal posibilidad es posible desde la teoría Laclauniana, ya que desde ella podemos referirnos a la concepción del conflicto en Colombia como una designación carente de significado fijo, que al no ser generado por una continuidad temporal, no tiene universalmente pasado, presente o futuro y que puede ser dislocado y reconstruido en un nuevo significante vacío, que tiene como ontología de lo social, al conflicto.

Por lo tanto, es necesario adentrarnos en una segunda dimensión de nuestro análisis genealógico, el cual nos traslada al estudio de los dispositivos de reintegración desarrollados en Colombia, indagando en los antecedentes internacionales-nacionales y en las transformaciones normativas que fueron ineludibles para implementar los DDR¹², con miras a escudriñar los significados vacios del conflicto, la reintegración, la paz y la reconciliación, en las ideas estatales.

A partir de las experiencias de reintegración que se han realizado a nivel internacional en diferentes países desde los años ochenta y noventa, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su objetivo de mantener el equilibrio internacional que estuvo en riesgo tras la guerra fría, unifica una serie de criterios en los estándares internacionales de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), los cuales son parámetros que incorporan los países para desarrollar estrategias de reintegración de ex miembros de grupos armados fuera de ley a la vida civil.

Sin embargo, para el caso Colombiano, según el ente institucional encargado de reintegrar actualmente la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR, no se podía incorporar con efectividad de los estándares, ya que “las crisis e inestabilidades del orden económico que incidieron negativamente en la consolidación de los procesos de reinserción, aportaron condiciones desfavorables para la negociación con grupos insurgentes”(ACR , 2013, p. 275), entonces lo que se hizo fue la promulgación de leyes que objetivaran procesos de negociación, desarme y desmovilización, las cuales son antecedentes jurídicos que permitieron posteriormente una articulación con los estándares de Desarme, Desmovilización y Reintegración - DDR.

Por lo cual, en este apartado del documento se realizará una contextualización internacional y nacional del surgimiento de los estándares de Desmovilización, Desarme y Reintegración, los cuales han sido incorporados desde la década de los noventa hasta la actualidad por el Estado colombiano, mediante distintas iniciativas legislativas, las cuales serán descritas en relación a su orden cronológico, lo que posteriormente permitirá hacer una análisis crítico sobre el sentido subyacente del conflicto, la paz y la reintegración en Colombia.

En la década de los noventa, el programa de reinserción estaba a cargo de la Dirección del Programa Presidencia para la Reinserción DAPRE, “mientras que entre los años 2003 y 2006 en Colombia los DDR fueron coordinados por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) a través de iniciativas de formación y actividades psicosociales y productivas para los desmovilizados” (ACR, 2013, p. 278). Lo cual se transforma tras la expedición de la Ley 975/05, pues el gobierno colombiano reorienta y unifica la atención a población desmovilizada.

En el año 2006 mediante el Decreto 3043 se crea la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR). Este es derogado por el Decreto 3445 de 2010, a partir del cual se instituye en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República una Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas.

Posteriormente, producto de una reforma de la Alta Consejería para la Reintegración surge una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, denominada Agencia Colombiana para la Reintegración adscrita al DAPRE.

Por otro lado, es preciso definir cuál es el marco normativo colombiano que se desarrolló para los DDR, el cual se consolidó a partir del año 2003, “con los acuerdos de desmovilización y reintegración entre el gobierno de Álvaro Uribe y la gran mayoría de los grupos paramilitares, entre 2003 y 2006”(Villarraga, 2013, p. 109),aunque en los años ochenta y noventa existieron otras iniciativas para reincorporar a la vida civil a miembros de Grupos Armados Ilegales, el reconocimiento formal de los DDR se rastrean en las siguientes leyes:

Con la promulgación de la Ley 418 de 1997, y su posterior modificación a través de la Ley 782 de 2002, se abre una puerta para el diálogo y se propician acercamientos con los grupos armados organizados al margen de la ley. En 2003, a través de los decretos 128 y 3360, se modifica la Ley 418, y de igual manera se establece nueva reglamentación en cuanto a reincorporación a la sociedad civil. Para 2005, a través de la Resolución 513, se establecieron las condiciones para el otorgamiento, la suspensión y pérdida de los beneficios del Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas, y de esta forma se fue alistando el terreno político para la promulgación de la Ley 975 o ley de Justicia y Paz del mismo año (Villarraga, 2013).

Este marco normativo fue ratificado en el CONPES 3554, Política Nacional de Reintegración Social y Económica Para Personas y Grupos Armados Ilegales. Se trata del “plan de Estado y de Sociedad con visión de largo plazo, que busca promover la incorporación efectiva del desmovilizado”(DNP, 2008, p. 2),en la cual se presentan los dos enfoques de reintegración al trabajo en Colombia, el individual y el comunitario.

El Modelo de Reintegración Comunitaria corresponde al segundo enfoque, en el que las bases en las cuales se sustenta son las recomendaciones y evaluaciones que el Banco Mundial y la ONU en el Multi-Country Demobilization and Reintegration Programa MDRP, hacen desde comienzos de la primera década del siglo XXI.

De esta manera, la propuesta de Reintegración basada en Comunidades de la Agencia Colombiana para la Reintegración, esta soportada internacionalmente en las recomendaciones y parámetros que el programa de la ONU y del Banco Mundial ha hecho a los estándares. Así pues, Colombia por medio de la ACR, ha implementado cambios en el manejo de los DDR para lograr articularse con las solicitudes que hacen los estándares, y a su vez ha generado la propuesta de reintegración basada en la comunidad, la cual se proyectó en el enfoque de reintegración económica que incluye la directriz llamada cohesión social y reconstrucción-construcción de paz; sin embargo, este tipo de reintegración no está especificada en los DDR, pero sí se puede analizar dispersa en los principios de estos.

Sin embargo, es necesario presentar los rasgos particulares de la concepción de los conflictos que subyacen en los órganos estales de Colombia y que reproducen una postura específica sobre la reintegración. En Colombia se han implementado estrategias de reintegración basadas en estándares internacionales, sin haber logrado acuerdos de paz con los Grupos Armados Ilegales; tal es el caso de los DDR (Rettberg, 2013) Plan de Desarme, Desmovilización y Reintegración- que se implementa para desmovilizaciones tanto individuales como colectivas.

Desde la teoría de Laclau, podríamos asimilar este tipo de accionar, con un intento del sistema por absorber (lógica diferencial) las necesidades insatisfechas y evitar la formación de cadena de equivalencias que puedan futuramente articularse bajo una particularidad totalizante. Al despojar al opositor de su carácter político, como ocurrió con los procesos de paz frustrados con las guerrillas y por la negativa del gobierno en varios de estos. ¹³

Se puede asimilar este movimiento como una estrategia militar que diezmó hombres a las filas, tanto por la eliminación física, como por las transformaciones del cuerpo normativo. En esta forma de equiparar la paz, con la desactivación individual, se puede evidenciar que el accionar del Estado colombiano en materia de reintegración, incorpora nociones minimalistas y maximalistas del conflicto y de la paz, las cuales aunque de naturaleza antagónica, son utilizadas estratégicamente por el gobierno en escenarios diferentes.

Así pues desde la primera noción se “defiende la paz a costa de todo, se cree que para que exista reconciliación basta con que cesen las armas, aunque la enemistad, el resentimiento y la falta de reconocimiento del otro como ser humano digno y como ciudadano con iguales derechos permanezcan” (Uprimy & Saffon, 2006, p. 2) en esta noción se legitima el enfoque de reintegración individual propuesto por los DDR, que es asumido por la ACR y se minimiza la importancia de los procesos de paz.

De igual forma se puede rastrear una noción de naturaleza maximalista de la paz y los conflictos, cuando se propone una reintegración de tintes comunitarios, en donde se considera que la paz duradera depende “también de que se perdonen los unos a los otros, y demuestren sentimientos de simpatía, solidaridad, e incluso afecto para con los otros, incluso para sus victimarios” (Uprimy & Saffon, 2006, p. 2). Lo cual se legitima en el enfoque de reintegración comunitaria, en el cual la responsabilidad de reintegración es transferida a la comunidad receptora, restringiendo entre otras cosas, las posturas diferentes sobre el trámite de los conflictos y el derecho al disenso, el antagonismo. Y a su vez podríamos vincularlo con la ausencia del antagonismo en la sociedad, una eliminación del rol ontológico del conflicto, al que apela Laclau.

Una clara evidencia del doble sentido que se da a la reintegración, se puede encontrar en el CONPES 3554 del 2008, que es un documento elaborado por el máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia, conocido como Consejo Nacional de Política Económica y Social, y encargado de establecer la Política Nacional de Reintegración Social y Económica Para Personas y Grupos Armados Ilegales, descrito en párrafos anteriores.

En este se establece los dos enfoques de reintegración adoptados en Colombia: el primero se caracteriza “por el desarrollo de estrategias de largo plazo aplicadas a cada persona (proyecto de vida) o grupo de individuos”(DNP, 2008, p. 8); es decir, a los desmovilizados tanto individuales como colectivos, los cuales no han surgido de procesos de paz, porque según la institucionalidad en una situación como la colombiana, donde aún permanecen activos GAI¹⁴, un proceso de DDR efectivo y bien ejecutado puede estimular la desmovilización individual o colectiva de quienes aún siguen cometiendo actos violentos.

El segundo enfoque está “caracterizado por la necesidad de crear espacios de comunicación entre las comunidades receptoras y los desmovilizados que faciliten su adaptación a la vida civil y social” (DNP, 2008, p. 8). En este se da por sentado la recepción de diversas estrategias de reintegración, de intervención estatal en las comunidades, tal es el caso del Modelo de Reintegración Comunitario analizado, que por medio de lineamentos conceptuales y metodológicos interviene verticalmente con una noción específica de conflicto, paz y reintegración.

Otro punto interesante para analizar, es la primacía que el ente estatal da a la seguridad, la cual, según este, es necesaria para que se dé el desarrollo socioeconómico. Así pues, en este documento institucional se encuentra el objetivo principal de la política, que es “garantizar la seguridad y estimular el desarrollo socioeconómico sostenible” (DNP, 2008, p. 6). En este marco se considera que los conflictos armados internos, como son denominados en el documento, han dificultado un desarrollo socioeconómico nacional, lo cual, según el autor institucional, será resuelto por la incorporación de los DDR, por cuanto que estos pretenden consolidar “a corto plazo los logros alcanzados en materia de seguridad y, en el largo, estimular el desarrollo socioeconómico sostenible de un país” (DNP, 2008, p. 8).

Así pues, el sentido dado desde la norma colombiana a los conflictos es de obstáculo, de disfunción, que no permite el desarrollo sano del sistema económico y que tiene que ser erradicado, ya sea por desactivaciones individuales o colectivas, que no van a depender de procesos de paz, sino por acciones altruistas de las comunidades donde se reintegra. Por la concepción estatal anteriormente descrita del conflicto, se restringe el papel ontológico de este en la sociedad, ya que al querer eliminarlos, sin realizar un análisis al origen y las causas, y sin permitir una disidencia inherente entre los actores, se asume una postura antidemocrática, que ejerce por medio del discurso, como es el caso del modelo estudiado “separa, delimita, jerarquiza, excluye, controla” (Rujaz, 2010, p. 4).

Por esta razón, serán examinados en el próximo acápite, los conceptos claves del modelo actual de reintegración basado en comunidades, de la Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR, en la búsqueda de los significantes fluctuantes, que operan en la política colombiana de reintegración, irradiados por las concepciones de conflicto, paz y reintegración.

El análisis a las bases teóricas y metodológicas del modelo referente, está en sintonía como lo que Laclau junto a Chantal Mouffe en su obra de 1985 denominaron como una tarea deconstructivista y crítica del marxismo, pero que para efectos de este trabajo, se traslada hacia estudio del corpus del MRC, ya que consideramos que el discurso institucional de reintegración autoproclamado como único en Colombia, es generado y per formado por una concepción y práctica particular sobre lo político. Siendo necesaria de esta manera, una lectura crítica sobre la construcción del Modelo de Reintegración Comunitario, el cual es un producto normativo lingüístico y discursivo sobre el sentido (parcial) en torno a la paz, el conflicto y la reintegración.

En contrapartida nos sumamos a la visión de Laclau sobre la ausencia de elementos extra discursivos que dan significado al mismo, ya que el significado solo surge en los contornos de indeterminación y en los dislocamientos de sentido, puesto que “La sociedad y los agentes sociales carecerían de esencia, y sus regularidades consistirían tan sólo en las formas relativas y precarias de fijación que han acompañado a la instauración de un cierto orden” (Laclau & Mouffe, 1987, p. 164).

En suma, coincidimos en la crítica que Laclau hace al esencialismo filosófico que construyó categorías universales para el estudio de lo político. Parte de las cuales (categorías filosóficas) son retomadas en la propuesta de reintegración analizada, llevándonos a rastrear teóricamente las disertaciones en torno a las concepciones y metodologías que la sustentan, las cuales se encuentran en la Guía Tejer el Camino, un manual conceptual de términos inherentes y constitutivos del proceso de convivencia y reconciliación utilizado por la ACR, para la construcción de modelo de reintegración.

Por consiguiente, a continuación se analiza críticamente el contenido y la vinculación de los conceptos (significantes flotantes) con teorías de las cuales se nutren, (Laclau, 2005, p. 163) para evidenciar los elementos discursivos privilegiados que fijan parcialmente el sentido de la reintegración en Colombia. Sin embargo, hay que aclarar que estos significantes flotantes (conceptos y prácticas del MRC) son generados por la actual hegemonía política colombiana que se refuerza, reproduce y amplia en los significantes vacíos de paz, democracia, reintegración y conflictos; Lo cual nos impide una vinculación total a la noción (por ser una estrategia de lógica diferencial y no de lucha hegemónica), pero por otro lado, permite un análisis a los mecanismos sistemáticos de la ideología política dominante en Colombia.

De esta forma, los conceptos, vinculados al corpus del MRC son: reconciliación, convivencia, reconciliación con la comunidad, capital social, confianza en el capital social, comunidad, redes sociales y alianzas estratégicas, liderazgo, liderazgo comunitario para la convivencia y la reconciliación, imaginarios sociales, participación, conflicto, descentralización, gestión para la sostenibilidad¹⁵(Escobar, 2015).

Estos conceptos son provenientes, en su mayoría, de la teoría clásica de la economía y todas las modificaciones y adaptaciones en la actualidad¹⁶.Siendo la teoría de la elección racional¹⁷una explicación (naturalizada) de la toma de decisión del individuo, el cual es un ser racional que propende por la opción que le genere mayor ganancia y menor costo, evitando de esta forma, elegir la opción que le produzca menor satisfacción. Así pues, es una teoría que comprende un proceso cognitivo donde se impone la noción de costo-beneficio. Esta teoría considera el comportamiento de los individuos en el mercado, en el cual la unidad básica de análisis es el individuo o el actor en el mercado.

El homo Económicus es, en la teoría clásica, el modelo básico del individuo; el cual es dotado de capacidad de razón que le permite distinguir lo verdadero de lo falso y lo conveniente de lo inconveniente. Este hombre económico tiende hacia la libertad individual, ya que la búsqueda de maximizar el placer y minimizar el displacer, es lo que lo conduce a procurar la felicidad.

El individualismo metodológico, como método de las ciencias sociales define que los fenómenos estructurales pueden ser analizados desde los comportamientos individuales, lo cual es una postura reduccionista, ya que equipara y explica los fenómenos sociales (macros), con los comportamientos o acciones en los ámbitos económicos (micros).

Este método ha realizado según lo expone Edgar Vásquez¹⁸ en su obra denominada Individualismo y Método, unos ajustes a la definición de Homo Económicus, las cuales pueden ser examinadas, como la extensión del método de elección hedonista¹⁹, a las actividades no mercantiles; es decir que, este método no se limita en la actualidad a la explicación de los fenómenos en el mercado, sino que también está intentando explicar las conductas y las relaciones humanas en su totalidad desde presupuestos económicos e individuales.

Por lo anterior, es preciso establecer que el MRC se apropia de conceptos, que son trabajados desde el individualismo metodológico, específicamente desde el enfoque teórico del neo institucionalismo, el cual surge de postulados de la teoría de la elección racional y de la reconfiguración del institucionalismo²⁰. Al respecto se observa que “La mayor parte de los aspectos obvios del discurso en los que una ideología puede manifestarse a sí misma está en sus contenidos, lo que podría significar que un análisis semántico del discurso tendría que producir algo como una ‘ideología ‘subyacente'”(Dijk Van, 1980, p. 44) o por lo menos mostrarnos rasgos de construcciones hegemónicas de sentido, que se pueden rastrear tanto en las bases teórico-conceptuales, como en el contexto político y social examinado en los acápites anteriores.

Finalmente, gracias al contraste analítico entre las cuatro dimensiones del populismo en Laclau y la realidad política colombiana; al análisis del origen y justificación del Modelo de Reintegración de Comunidades de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR ; y al estudio a las bases teóricas y conceptuales de dicho modelo, podemos evidenciar que en Colombiaexiste una eliminación violenta de los antagonismos políticos, que por medio de violencia sistémica, como se describió en el primer acápite, ha silenciado, extraditado y eliminado a la oposición; además de una incrustación de ideas y prácticas institucionales que excluyen del sistema político a múltiples sectores de la sociedad y que no permiten una nueva concepción de los conflictos,la reintegración y la paz.

En suma, la propuesta que dejamos con este análisis está encaminada a una construcción nueva del significante vacío de la democracia en Colombia, que propugne una visión múltiple y abierta de lo social, en la que la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad, pilares de la visión liberal, sean deconstruidos por un nuevo horizonte hegemónico, que asuma la participación política más allá de los límites atribuidos por el Estado y comprenda al antagonismo como ontología de lo social y no como patología a erradicar.

De lo anterior tenemos que, los movimientos políticos, las agrupaciones sociales alternativas que logren articularse políticamente en este ulterior escenario, serían parte de la construcción del nuevo orden social, así como de una noción contingente del conflicto, la paz y la reintegración, no necesitando ser absorbidas o eliminadas por el sistema, porque lo constituyen. De esta forma, se establece una lógica de la dimensión horizontal de autonomía de los movimientos, que se le conoce como lógica de las equivalencias en la teoría laclauniana. Pero que, “sería incapaz, si es librada a sí misma, de lograr un cambio histórico de largo plazo, a menos que sea complementada por una dimensión vertical hegemónica” (Laclau, 2014, p. 20); es decir, por la radical evolución del Estado Colombiano, ya que de otra forma terminaría en una dispersión de los movimientos por la carencia de articulación circunstancial.

Pero, si la democracia radical, no es empujada por las acciones de la sociedad civil, acabaría en la burocratización de la administración, dejando de ser política y decantando en un enfoque institucional. Por lo tanto, el llamado estaría relacionado con la generación de nuevos significados sociales, que proponga al antagonismo como ontología de lo social, en el cual la contingencia sería habilitada para construir significantes sociales en una inacabada y legítima lucha política por la hegemonía.