Todo estudiante de ciencias sociales en México se pregunta, cuando entra al tema, ¿Por qué en el proceso educativo no sabemos nunca la historia de la disidencia y la protesta? De hecho, ni el movimiento estudiantil del 68 es parte de los libros de texto (apenas en la actualización de los libros de primaria y secundaria del 2006 se lee algo mínimo relativo a ello). Muy tardíamente los estudiantes del área de ciencias sociales se enteran que en los años cincuenta hubo un movimiento ferrocarrilero y otro del magisterio, el resto de estudiantes puede concluir su educación sin enterarse. La preocupación es ¿Por qué en México nadie sabe nada de lo que es protesta social? ¿Por qué a nadie le interesa ese tema? ¿Se debe a que no hay preocupación en ello o se nos ha escondido y negado la información? Lo primero que hay que afirmar es que el Estado generó todo un sistema de control que no permitió siquiera la información de manifestaciones en su contra, con ello creó su propia versión de la historia en la que lo medular era la marcha del país hacia su desarrollo, lo que ponía énfasis en la preocupación del Estado porque las instituciones políticas fueran valoradas por ese trabajo que desempeñaban. Lo segundo, es que en ese discurso, la protesta y oposición al estado era vista como una crítica al crecimiento que México había tenido como consecuencia de la Revolución Mexicana, en la que relucían el bienestar de la población y la justicia social asegurada por las instituciones del estado. La tercera razón es que se desató una persecución en contra de los grupos civiles en distintos momentos en que se manifestaron, imponiendo condiciones policiales y dejando ver que no se le podían exigir cuentas al Estado, lo que derivó en una corriente de miedo por parte de la sociedad, lo que explica muy bien Marina en cuanto a la paralización que produce el miedo (2006), p.16.

¿De dónde procede la formación de ese sistema de control? Además, si en México se tuvo una tradición de lucha armada en la que participaron los grupos populares en la Revolución Mexicana ¿Cómo es que estos grupos populares o la población en general abandonó definitivamente ese tipo de lucha, en un período relativamente breve, no mayor a tres décadas? Condés Lara (2007), p. 125 asegura que la represión en México se inició en 1961 con la creación del Campo Militar número 1, en la ciudad de México, es decir, la primera cárcel clandestina que sería utilizada para alojar a innumerables presos y disidentes políticos, guerrilleros y activistas, que, en el momento de llegar ahí, se convertían en desaparecidos.

Si seguimos esa tesis, la creación del Campo Militar número 1 se origina en un momento clave. Los años previos, la segunda mitad de los años cincuenta, que fueron los del inicio de la lucha social en contra de las instituciones del sistema, por un lado los campesinos del centro y norte del país se negaron a seguir siendo parte de las agrupaciones controladas por el estado y se movilizaron para separarse de la central sindical oficial, generando la primera crítica en contra de los organismos burocráticos que respondían a actuar más en correspondencia con el estado, que con los campesinos, lo que los llevó a disentir de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y crear la Confederación Campesina Independiente (CCI), primero y poco después al interior de ésta crear la sección Roja de la CCI, con lo que se distanciarían definitivamente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lidereaba en el campo la CNC y de la cual la CCI no se alejó, por lo que las nuevas agrupaciones decidieron buscar un camino propio acercándose a otros partidos (Rodríguez, 1987, p.138) entre los que destacaban, el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Popular, que en 1961 se convirtió en Partido Popular Socialista (PPS). Por otro lado, se encontraban también los ferrocarrileros y los profesores normalistas, ya citados arriba.

La represión se refiere a la forma en que se contiene, detiene y castiga las actuaciones políticas o sociales desde el poder por parte de las autoridades públicas, negando o impidiendo el ejercicio de los derechos y libertades que suelen considerarse propias de los sistemas democráticos, como la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación o de sindicación (Condés, 2007, p. 54).

Habitualmente, la represión se ve acompañada por violencia, tanto legal como informal. En muchas ocasiones la fuerza con que se ejerce la represión (violencia misma) sirve de ejemplo ya que, por temor, el resto de la sociedad se reprima a sí misma en el ejercicio de la libertad, que queda así anulada para todos, excepto para el poder y para aquellos en cuyo beneficio se realiza la represión (Genovés, 1993, p. 103).

Los trabajadores de algunas de las secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) en 1958 se manifestaron por obtener las representaciones de sus secciones e incidir en las decisiones de su sindicato nacional, lo cual les fue negado, pero decidieron participar y ganaron esas representaciones. No solamente no fueron tomados en cuenta por la representación nacional sino que se intentó obstaculizarlos, pero en junio de ese año mostraron su fuerza, lograron el voto mayoritario para irse a la huelga en paros escalonados de labores y consiguieron una respuesta favorable de aumento salarial y, en agosto lograron librarse de las camarillas oficialistas que manejaron por más de diez años al sindicato (Pellicer y Reyna, 1978, 190). Su lucha se transformaría en importantes mejoras salariales, contractuales y alcanzaron compromisos a favor del derecho constitucional de vivienda para los trabajadores. La red ferrocarrilera era entonces la principal vía de comunicación y de transporte de personas y mercancías en el país, pero también tenía a la dirigencia sindical más activa y luchadora.

Durante casi un año de luchas y movilizaciones constantes el STFRM se convirtió en el centro catalizador de inconformidades dentro de muchos sindicatos en contra de sus dirigencias oficialistas, lo que al mismo tiempo, lo convirtió en una fuente de problemas y riesgos para la política que desarrollaba el gobierno federal, puesto que había sido puesto en entredicho la eficacia de la colaboración y alianza entre poder político y sindicatos que hacían posible tanto la tranquilidad y disciplina laborales, como los programas de industrialización. Ese clima de tirantez, decidió las líneas principales de la política interior que se aplicaría a lo largo de esos años y de toda la década siguiente (que incluiría dos sexenios), la suerte inmediata del sistema político mexicano y la de las oposiciones al régimen. El resultado, el gobierno decidió responder a la lucha de los obreros intentando romper su voluntad y aplicaron la represión constantemente, ya que los obreros respondían con más paros y marchas, hasta que finalmente la Policía Judicial aprendió al líder sindical de los ferrocarrileros: Demetrio Vallejo y a la mayoría de representantes sindicales, ocupó la sede nacional del sindicato, para de inmediato ocupar estaciones e instalaciones ferroviarias.

Todo esto se desarrolló con el apoyo de la prensa que intentaba volcar en contra de los ferrocarrileros a la opinión pública nacional y justificar la mano dura, ya que se referían a lo peligrosas que resultaban las concentraciones de estos obreros y la violencia que se desataba cuando la fuerza pública los disolvía a macanazos sino que refería hechos diversos, como los peregrinos que viajaban a la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México, procedentes de Tampico pero se habían quedado a medio camino, varados en Tamasopo, San Luis Potosí detenidos por el paro ferrocarrilero, con niños que lloraban de hambre porque tampoco había comestibles que llegaran a esa estación (Excélsior, 1958, p.1 - 13). No hubo forma de impedir la represión, con muertos, golpeados, perseguidos y encarcelados la dirección sindical rebelde de los ferrocarrileros fue desmantelada y sus líderes permanecieron en la cárcel de Lecumberri, de la ciudad de México por más de una década.

El caso de los profesores fue similar, de hecho su aparición la hicieron antes, desde mediados de 1956, en que los profesores de primaria del Distrito Federal iniciaron diversas movilizaciones en demanda de aumentos salariales y prestaciones laborales que ante el desprecio y la hostilidad de los líderes sindicales oficialistas y la cerrazón de las autoridades educativas, se extendieron a lo largo del año siguiente y desembocaron en abril de 1958 en un paro generalizado de labores de cerca de dos meses de duración, que incluyó la ocupación, durante todo el mes de mayo, del edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en cuyos patios los disidentes establecieron un campamento y un mitin permanente (Loyo, 1979, 35). La organización pasó de un Comité de Lucha Pro Pliego Petitorio y Democratización de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), prácticamente la totalidad de mentores de la capital de la república se agruparon, a partir de diciembre de 1957, en el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), en adelante organismo director de la protesta magisterial.

Al igual que los ferrocarrileros, sus demandas económicas se convirtieron en protestas contra los dirigentes gobiernistas del sindicato y en un movimiento por su remoción, por lo que tuvieron que enfrentar una lucha similar, también con una respuesta estática de parte del sindicato y con represión expresada en vejaciones, golpizas y detenciones constantes. Además, fueron blanco de campañas de desprestigio y calumnias que giraban alrededor de la supuesta condición subversiva, extranacional y antipatriótica que se atañía a los líderes de la protesta.

Pero el empuje de los maestros y el apoyo que les brindaron muchos ciudadanos y padres de familia, les brindó una primera victoria que celebraron entusiasmados vitoreando a sus líderes Othón Salazar y J. Encarnación Pérez Rivero, ante la necesidad gubernamental de contar con tranquilidad pública durante las elecciones presidenciales, en julio de 1958, lo que suspendió la represión, se habló del fin del conflicto y se anunció la reanudación de clases para el siguiente lunes, apenas al día siguiente de la jornada electoral (Condés, 2007, p. 147). Sin embargo, unas semanas después, las autoridades no reconocieron la directiva sindical democrática de la Sección IX, por lo que los profesores se vieron obligados a suspender labores nuevamente y, ante la complacencia de los burócratas del Comité Nacional del SNTE, fueron reprimidos de nueva cuenta por la fuerza pública y sus dirigentes enviados a prisión, acusados del delito de disolución social.

El 6 de septiembre de ese 1958, las calles del centro de la ciudad nuevamente presenciaron corretizas, golpes y abusos policiacos contra manifestantes y curiosos por igual. El golpe desconcertó a los maestros que, momentáneamente, retrocedieron levantando la huelga, aunque un mes después el MRM decidió reiniciar los paros si los maestros detenidos no eran liberados y convocaron de inmediato a elecciones en la Sección IX. Las elecciones demandadas se efectuaron el 31 de octubre y aunque no se registraron los principales dirigentes democráticos (Salazar y Pérez Rivero) por carecer de derechos civiles al estar encarcelados, el triunfo de la planilla del MRM fue arrollador: 9, 805 votos a su favor, contra 37 que lo hicieron por el grupo contrario (Ontiveros, 1992, p. 112). Así tras permanecer 89 días detenidos, el 5 de diciembre fueron liberados los presos del MRM.

No obstante, los problemas no desaparecerían, ya que al iniciar sus funciones la dirigencia democrática de la Sección IX, lo hizo en un entorno adverso y hostil y entró en fricciones con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, que fueron desbordados en iniciativas y sintieron comprometida su legitimidad ante las constantes ideas y proyectos lanzados por sus opositores, que optaron por desconocer burocráticamente al comité dirigente de la Sección IX, en mayo de 1960. Por lo que la suspensión de actividades se reanudaría a partir de junio, pero al mismo tiempo, el gobierno, apoyándose en las decisiones avaladas por el Comité Ejecutivo del SNTE, consideró posible acaba con el problema y lanzó la fuerza pública (unos 1500 policías armados de sables, pistolas, macanas y granadas de gases) contra 10 mil manifestantes, en la marcha del 4 de agosto, dejando un saldo de 500 heridos (Ontiveros, 1992, p. 138).

También intentaron recapturar a Othón Salazar, tendiéndole una trampa entre el jefe de la policía judicial y el procurador del Distrito Federal, citándolo a una reunión, no lo lograron, pero Salazar tuvo que pasar a la clandestinidad, pues a partir de ahí toda la fuerza del estado se dirigió en contra de los maestros y sus dirigentes, e incluso en contra de estudiantes que los apoyaban, padres de familia y familiares que los podían proteger. Los ataques y descalificaciones ya no venían del SNTE, sino del procurador del DF, del líder del Senado y del diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso de la Unión e incluso, ante la cercanía del informe presidencial, el presidente de la república, Adolfo López Mateos, recibió una comisión de miembros del MRM y se comprometió a cesar las represalias administrativas ordenadas por la SEP, terminar la persecución policiaca y ordenar el pago de salarios retenidos.

Los profesores decidieron levantar la huelga, pero nada de lo acordado con el presidente de la república se cumplió, todos los profesores que fueron considerados dirigentes fueron cesados y la persecución policiaca persistió. Todavía un año más tarde, cuando los profesores intentaron reorganizarse convocando al I Congreso del MRM, en julio de 1961 fueron golpeados salvajemente y enviados a prisión más de un centenar de maestros.

Regresemos ahora a la creación del Campo Militar número 1, en septiembre de 1961. Su integración tiene directamente que ver con estos movimientos, no se trató de ninguna medida aislada. El gobierno mexicano había adoptado una conducta general frente a la protesta social que, desde tres años antes, con la represión a los trabajadores ferrocarrileros liderados por Demetrio Vallejo, le estaba resultando exitosa y que, anticipando nuevos conflictos políticos, contemplaba como la más apropiada y conveniente. La instrucción del entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz al titular de la Defensa Nacional es muy clara al señalar que “ha dictado acuerdo… al Departamento de Prevención Social a efecto de que proceda a la inmediata organización de una Cárcel Preventiva para Reos de Orden Federal” (AGN, 1961).

Sin embargo, a las razones internas, también se sumaban las externas. La vecina isla de Cuba había llevado a cabo una lucha revolucionaria en contra de un gobierno dictatorial y castrense, y recientemente, el mismo 1961, dejaba a un lado la presencia nacionalista de su revolución, acercándola al comunismo de la Unión Soviética y alineándose al Partido Comunista de este país (PCUS). Con el entorno de una Guerra Fría que en toda Latinoamérica se vivía con relativa tranquilidad, dado el acercamiento que los países tenían con los Estados Unidos, después de concluida la Segunda Guerra Mundial, que había sustituido industrial y comercialmente el apoyo y la relación que mantenían previamente con los países europeos, el escenario cambio totalmente, pues la guerra fría apareció directamente en tierra americanas y nuestro continente pasó a ser un motivo de interés para las superpotencias (Katz, 2004, p. 17).

En México, este caso (la Guerra Fría) adquirió un sentido especial, pues la relación con los Estados Unidos se tornó más complicada de lo que habitualmente era, pues por un lado se tenía siempre recelo de un vecino poderoso que nos había invadido y se quedó con más de la mitad del territorio, pero por otro lado favorecía las posibilidades económicas, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, en la que fue un estímulo para la industrialización del país basada en la sustitución de importaciones. México logró el compromiso norteamericano de adquirir toda la producción nacional de fibras duras, cobre, plomo, zinc, grafito y otros metales, además de que en diciembre de 1942 se reabrió el mercado norteamericano para el petróleo mexicano y alentó las exportaciones de plata, ganado, cerveza y productos agrícolas (Pellicer y Mancilla, 1980, p. 42). Para 1943, cerca del 90 por ciento de las exportaciones del comercio exterior mexicano se hacía con los Estados Unidos, e incluso, desde 1914, por primera vez, en 1941 se otorgaron créditos y financiamientos de aquel país para construcción de vías de comunicación, estabilizar el peso y, en general, para la adquisición de insumos esenciales.

Al iniciar la Guerra Fría y aún con la Guerra de Corea, las condiciones para México continuaron siendo favorables. En ese sentido, el respaldo político de Washington a México la resultaba útil y conveniente, pero a Estados Unidos lo que le interesaba era la alineación política y militar completa de América Latina, en tanto que México buscaba mantener las posibilidades de intercambio que le permitieran continuar con su desarrollo económico, pero sin perder capacidad de decisión propia, aunque sus márgenes fueran muy estrechos. Mantener los principios de no intervención y autodeterminación sin dar lugar a coincidencias o apoyos a las posiciones soviéticas fueron características de la diplomacia mexicana de los años cincuenta. Las iniciativas intervencionistas estadounidenses y los reiterados intentos por militarizar los países latinoamericanos enfrentaron la constante oposición mexicana. En 1948, durante la discusión de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la delegación mexicana objetó el proyecto de creación de un Consejo de Defensa Interamericana, ya que más que un pacto militar el nuevo organismo regional debería (como consiguió) contemplar asuntos económicos, sociales y culturales. Más tarde, al firmar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no signó, como el resto de países latinoamericanos, ningún tratado bilateral de asistencia militar con Estados Unidos; en 1954, rechazó la condena al gobierno de Guatemala, presidido por Jacobo Arbenz, que posteriormente justificaría la intervención en dicho país (Gutelman, 1987, p. 11); en 1958, contravino la sugerencia del secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, de vincular la OEA con la Organización del Atlántico Norte (OTAN).

El modelo mexicano difícilmente podía alterarse a capricho sin correr el riesgo de provocar convulsiones sociales y políticas. El nacionalismo y el reformismo eran una de las principales fuentes de legitimidad de los gobiernos posrevolucionarios, por lo que otorgaban al Estado un papel dinámico en los procesos económicos y en la superación del atraso, lo que chocaba con la propuesta norteamericana basada en la libre acción de las fuerzas del mercado y la iniciativa privada. Las negociaciones bilaterales que a México le interesaba resolver se fueron poniendo en la mesa de discusiones: los braceros mexicanos en Estados Unidos, precios y cuotas para materias primas de exportación, salinidad de las aguas del río Colorado, devolución del territorio fronterizo del Chamizal, créditos e inversiones, todo ello en una postura que evitara lesionar la soberanía y capacidad de decisión interna, separándolos de las cuestiones relacionadas con la Guerra Fría; esquivando todo choque frontal con los vecinos del norte; marcando distancias respecto del comunismo y del marxismo, pero sin caer en posturas belicistas o francamente retardatarias de algunos grupos internos o de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos (Medina, 1982, p. 149). En tanto, Estados Unidos aceptó que en base a las mutuas coincidencias como incluso divergencias, lo que más le interesaba giraba alrededor de la preservación de la estabilidad social y política internas de México.

Las diferencias en política exterior entre México y Estados Unidos tomo otra dimensión a partir de la Revolución Cubana, no obstante, los gobernantes mexicanos tenían claro que debían continuar con el mismo esquema, pues a pesar de las presiones era la forma de seguir obteniendo beneficios para el país, sin entregarlo a otro. A eso se debió que, en la Consulta de la OEA, en Punta del Este Uruguay, el canciller mexicano cuestionó la decisión de expulsar a Cuba de dicha organización, pero admitió la incompatibilidad entre el marxismo leninismo y el sistema interamericano. Incluso, en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles, México, junto con Brasil y Bolivia, se opuso a la propuesta norteamericana de utilizar a Cuba como base militar de una potencia extracontinental, negándose también a la intervención en los asuntos internos de esa nación. Posteriormente, en 1964, México se opuso nuevamente a la tesis dominante de ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Pocos meses después, Estados Unidos intervino militarmente en República Dominicana y México se manifestó, en la OEA, en contra de la creación de una fuerza interamericana de paz y presentó, en cambio, un proyecto demandando el retiro de las tropas expedicionarias y como contó con el respaldo de Chile, Ecuador, Uruguay y Perú, además de la abstención de Venezuela, la respuesta de la política estadounidense endurecería su diplomacia e intentaría reutilizar la política del garrote contra los países de la región.

A partir de ese momento, apoyándose en la presencia de nuevos componentes del escenario internacional como fueron la consolidación del bloque económico europeo, la salida de Francia de la OTAN para desarrollar una política y una fuerza nuclear propias, el renacimiento económico y tecnológico de Japón, y la vitalidad del Movimiento de Países No Alineados, México desplegó varias iniciativas en el campo de la diplomacia mundial que desbordaron los estrechos marcos de la OEA y le permitieron moverse con mayor soltura en el conflictivo panorama mundial, hasta llegar en 1967 a una postura trascendente con la firma del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (Katz, 2004, p. 28).

Si la relación de México con Estados Unidos estuvo permanentemente atenta para que se cumpliera con todo cuidado ¿Dónde radica entonces la influencia del entorno exterior para aplicar la persecución política en México? El área donde no existieron recelos mexicanos ante norteamericanos fue la seguridad interna y la lucha contra la subversión. México estaba muy inclinado a mantener el orden a toda costa para poder crecer, al parecer con la misma importancia que le daba a la diplomacia internacional, como si hubiera sido su balanza de equilibrio, por eso desde el principio hubo abundante colaboración del Departamento de Estado, el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con la Secretaría de Gobernación mexicana y su Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Desde mediados de 1940, antes de entrar Estados Unidos a la Guerra Mundial, el director de la CIA, Edgar J. Hoover, organizó un Servicio Especial de Inteligencia para Latinoamérica que descansó en agentes in situ, ya fueran clandestinos o legales adscritos a las embajadas como agregados civiles o legales, con lo que el entendimiento entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la materia se tradujo en vínculos cotidianos, comunicación constante, hechos concretos y acciones comunes (Spenser, 2006, p. 102). Con la Guerra Fría los objetivos cambiaron: los comunistas e izquierdistas sustituyeron a los alemanes y los japoneses, y la CIA absorbió buena parte del personal y la estructura ya establecidos, ampliando sus conexiones con sus asociados mexicanos. De manera que la actividad en contra de los nuevos objetivos tenía ya bases y trabajo previo.

En el ambiente de la Guerra Fría surgieron y se integraron los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. La DFS se formó en octubre de 1947, en el mismo momento en que la CIA se desenvolvía con amplitud en Estados Unidos, por lo mismo arrastró durante toda su existencia el objetivo que la marcó en su nacimiento: la lucha contra la subversión comunista y las ideas exóticas; la certeza de que combatía contra una conspiración extranjera, apoyada por malos mexicanos, y; la convicción de que esa tarea era vital para la nación y que no debía detenerse ante y por nada. Obviamente la policía política se fue formando desde entonces técnica e ideológicamente por sus colegas estadounidenses y su educación se concentró en métodos represivos, lo que saldría a relucir muy temprano en los movimientos sociales que hemos citado e incluso ya había tenido presencia en movilizaciones políticas como la jornada poselectoral de apoyo al Henriquismo en 1952 (Servín, 2011, p. 76), que aunque con un motivo plenamente político es la persecución y represión civil que antecede a la del 2 de octubre de 1968, del movimiento estudiantil en Tlatelolco.

El apoyo y la colaboración entre los cuerpos de seguridad de ambos países fue mucho más allá de la asesoría y la preparación, permanentemente tuvieron trabajo conjunto con los mismos objetivos, en los que Estados Unidos era muy celoso y mantenía vigilancia extrema de todos los acontecimientos ocurridos en México, que de otra forma, en nuestro país difícilmente la DFS se hubiera enterado. La colaboración en seguridad entre los dos países abarco: intercambio de información confidencial; captura y entrega de activistas y perseguidos políticos; control de extranjeros y refugiados políticos; protección a colaboradores, soplones y delatores extranjeros; vigilancia de embajadas, agencias informativas y misiones comerciales o científicas de los países socialistas; apoyo para actividades encubiertas, y; reporte de nacionales y extranjeros que llegaban o viajaban a países socialistas (Condés, 2007, p. 65).

Más todo ello era parte de un acuerdo de colaboración que funcionó sin problema y que hasta la actualidad persiste, en menor medida, pero que siempre mantuvo clara una cuestión medular, la lealtad de la policía política mexicana, a pesar del encanto que sobre ellos ejercía la policía norteamericana, fue en todo momento hacia el presidente de la república, jefe y expresión del Estado mexicano. Sin compromisos con la legalidad o con reglamentos, sino con el titular del Ejecutivo federal y con el secretario de Gobernación, la DFS gozó de un ancho radio de discrecionalidad y de amplias prerrogativas y facilidades. Estaba sujeta a muy pocas restricciones y controles y rendía cuentas solamente al jefe del Ejecutivo y al secretario de Gobernación (Spenser, 2006, p. 105). Aún así, la impunidad y el desprecio a las leyes y personas que le caracterizaron tuvieron límites: subordinación absoluta al presidente, eficacia, discreción y mucho cuidado en el trato con la Secretaria de la Defensa Nacional (SDN), la Embajada de Estados Unidos y los gobernadores de los estados. De hecho, su estatus supralegal fue posible gracias a los amplios poderes constitucionales y metaconstitucionales que concentraba el presidente y entre los cuales se encontraba su exclusiva prerrogativa tanto para dirigir la política exterior como para decidir sobre la seguridad interior de la república.

La forma en que reclutaba la DFS a sus integrantes, basada en recomendaciones del presidente de la república, del secretario de Gobernación, de familiares del presidente, del mismo director de la DFS o de influyentes personajes de la vida política o empresarial, refleja la condición premoderna de dicho organismo, aunque expresaba, sobre todo, las más arraigadas convicciones que tenían los líderes oficiales mexicanos sobre la tarea de gobernar, el poder, la democracia y la legalidad.

Portadores de una cultura política de tradiciones, de reglas escritas y no escritas, de experiencias y vivencias, de formas específicas de ver y concebir la cosa pública, los gobernantes estaban convencidos de que el país necesitaba un gobierno fuerte para salir del atraso y enfrentar las acechanzas exteriores; que tenían que ser firmes y no podían andar con medias tintas porque se descontrolaría la situación; que cargaban la gravísima responsabilidad de mantener la tranquilidad para sacar adelante al país. Muy grabadas tenían las vicisitudes y contratiempos que marcaron la vida nacional desde que terminó la etapa armada de la Revolución, llena de cuartelazos y asonadas, de desbocadas ambiciones de muchos caudillos y de fragilidad de la paz social (Sierra, 2006, p. 364). Entendían que, para avanzar por encima de toda consideración, debían proteger y mantener a la figura clave de todo el engranaje político y gubernamental, el presidente de la república. De hecho, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, llegaron a repetir que la única persona autorizada para hacer política era el presidente de la república.

La organización independiente, la protesta social, la inconformidad, la crítica y el desacuerdo, la diversidad de opiniones y el activismo cívico electoral no eran, desde la concepción de los dirigentes posrevolucionarios, más que conspiraciones, subversión, presiones ilegítimas o actos desestabilizadores que no podían tolerarse. Su lógica era la de anular al adversario para preservar la paz y el orden.

En realidad, antes que causas válidas o razones genuinas, lo que imperó en los cuerpos de seguridad fue la inducción, utilización o tergiversación de inconformidades, cuando no mala fe e intereses facciosos en las movilizaciones, disidencias e inconformidades en la historia reciente de México. Todo tipo de movilizaciones que planteaban un lejano (o de lleno) tinte político debía ser reprimido y censurado. Eso le pasó a los petroleros en 1947, la candidatura presidencial de Miguel Henríquez Guzmán en 1952, los ferrocarrileros en 1959, los maestros en 1960, el líder campesino morelense Rubén Jaramillo en 1964, los médicos en 1965, los estudiantes en 1968, las guerrillas de 1971 a 1981, las devaluaciones en 1976, 1981, 1983, 1987 y diciembre de 1994, así como la ruptura del PRI en 1987, la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, el EZLN (Velasco, 2003, p. 92) y los asesinatos del obispo Posadas Ocampo, de los políticos Colosio y Ruíz Massieu y del magistrado Polo Uscanga entre 1993 y 1995 no fueron otra cosa que expresiones de complots generados, parece que habitualmente, a principios o finales de una administración presidencial, producidos como una estrategia para debilitar o desprestigiar al gobierno, por lo tanto el camino y las medidas fundamentales seguidas por los distintos gobiernos posrevolucionarios, según la DFS, fueron invariablemente los correctos: todos los presidentes acertaron y sus decisiones fueron apropiadas, por lo que las protestas e inconformidades fueron, todas ellas, ilegítimas e inaceptables.

Difícilmente se puede prefigurar una postura de libre participación en las manifestaciones de los movimientos sociales en México, mucho menos en los años formativos en que hacen su aparición, puesto que se implementó sobre ellos, pero en realidad sobre toda la población civil en el país, ya fuera sobre grupos organizados como en los individuos que desplegaran actitudes de rebeldía, una instrumentación de la represión que hizo aparecer el miedo a todo tipo de manifestación colectiva.

La población tenía miedo de manifestarse y no era uno el que lo sentía sino todos los que participaban en una lucha por pequeña que fuera, o incluso lo llegaban a tener sus familiares o los compañeros de trabajo. Era algo que solamente se podía superar por el vasto cansancio de la dominación que sufrían, por el empuje de una organización bien preparada o porque ya no quedaba otra alternativa. Parece ser que la otra cara del desarrollo, era la represión y la violencia. Si en el lado amable el Estado era un funcional operador del desarrollo que estaba elevando el nivel de vida de la población, el lado opuesto mostraba que la población y el Estado estaban profundamente separados en la forma en que debía operar ese desarrollo, pues no tenía porque ser impositivo ni burocrático.

Marchar en las calles haciendo una protesta y teniendo una demanda fue una barrera que tuvo que superarse durante años. Después del 2 de octubre del 68 pasaron 19 años para que una marcha volviera a entrar al zócalo de la ciudad de México (1987), pues los granaderos cerraban los accesos y marcaban el límite no sólo del territorio, sino del espacio represivo. Pero fueron precisamente los sectores estudiantiles, los ligados a la educación los que abrieron el espacio en el momento que se acercaron a las necesidades de los grupos sociales y laborales, tal vez por eso la educación era tan desfavorecida por los gobiernos de México, ya que podían dar pauta a luchas civiles organizadas y concientizadas y, posiblemente hasta ahora no interese a las instituciones políticas ofertar la historia y el sentido de la protesta social en ningún nivel del sector educativo. Si la educación nos acercara a la historia no oficial, si se lograra superar el nivel mínimo de conocimiento de nuestra historia y esta llegara a ser crítica, seguramente participaríamos e incidiríamos más en los procesos sociales y democráticos de nuestro país.

La violencia política se impuso a la resistencia social, como señala Sánchez Vasquez (1998, p. 115). Superar esa instancia ha sido uno de los roles que han jugado los movimientos sociales en México, que poco a poco han ido reduciendo la violencia estatal sobre ellos y se han visto obligados a jugar un papel de mayor crítica y discusión ante el Estado, aunque eso propicie que los movimientos tiendan a institucionalizarse con mayor prontitud. El sistema impuso esa violencia como resguardo de la legitimidad durante la guerra fría, lo que coincidía con las luchas civiles y antisistémicas que se produjeron como consecuencia a la dominación que impusieron todos los Estados, ya fueran capitalistas o comunistas y en el que los grupos sociales persistieron en enfrentar porque las promesas de libertades y derechos de los sistemas sociales no podían seguir siendo creíbles (Gunder Frank y Fuentes, 1990, p. 84).

Hoy en día, medio siglo después los Estados, incluido el mexicano, han logradoinstitucionalizar porque maneja con mayor destreza la organización educativa, sin que haya surgido una propuesta propia de los grupos de la sociedad civil, ya que si esto nos les ha otorgado legitimidad si han impuesto un renovado abanico de condiciones, no sólo económicas, pero apoyadas en lo legal y por supuesto, en el poder.