Editorial

Los europeos entendieron muy bien desde hace varios siglos, especialmente desde el XIX, y concretamente en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, que la investigación científica era un bastión indispensable para el avance no solo de la universidad, sino de la sociedad misma. El moderno sistema investigativo que surgió con el modelo creado por Humboldt jalonó el crecimiento de Alemania después de haber dejado de ser Prusia y antes de la primera guerra mundial, situación similar que experimentó también previo a este evento bélico los Estados Unidos al haber creado universidades centradas en el desarrollo de las ciencias y las tecnologías agropecuarias en los estados agrícolas de esta nación. Pero también, este tipo de naciones, en su condición de potencias mundiales, o países centrales en el sistema-mundo, se percataron que los avances científicos producto de serias investigaciones permitieron el detrimento de la propia condición humana. De modo pues, que la investigación científica ha sido tema central en el debate social, político y cultural mundial desde hace casi dos centurias.

Y todas las ciencias sociales, incluyendo al derecho que en concepto de Wallerstein (1996) solo vino a alcanzar tal status en el siglo XX, en clave investigativa se han movido entre el paradigma positivista o el interpretativista, siguiendo la propuesta de Khun (2006) en su texto ya clásico “La estructura de las revoluciones científicas”, lo que ha permitido un nutrido debate epistemológico acerca de teorías explicativas o interpretativas, y de metodologías cuantitativas o cualitativas. No cabe duda entonces que el terreno teórico está lo suficientemente abonado para hacer y aplicar investigación. Sin embargo, en Latinoamérica, y específicamente en Colombia, plasmar un escenario de investigación de alto nivel ha sido complejo. Baste con recordar que el ente que coordina este ramo en el país, Colciencias, fue creado desde 1968, y hasta ahora no se ve un sistema sólido que permita ver al Estado como un actor principal dentro del mismo, tal como sucedió en Europa y Norteamérica.

Otro ejemplo puede ser el informe de la “comisión de sabios” que a instancias de la Presidencia de la República fue convocada en 1994, y de la cual fueron parte insignes intelectuales como el Nobel García Márquez, el historiador Marco Palacios, el matemático Carlos Vasco, y los científicos Rodolfo Llinás y Manuel Elkin Patarroyo. Allí, en un texto que titularon “Colombia: al filo de la oportunidad” se explayaron en lo que esperanzadoramente podría ser el país si se atendieran las recomendaciones que se hicieron en aquel momento, sobre todo en investigación, palabra que valga anotar aparece citada 187 veces a lo largo del documento. Aún hoy, es necesario acatar aquellas sugerencias.

En punto a Colciencias, en el año 2009 se expidió la ley 1286 sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, y en ella se asume como premisa fundamental que el conocimiento que se genere a partir de la investigación e innovación debe tener un mayor impacto en el desarrollo productivo del país y una mayor contribución a la solución de los problemas ambientales, sociales, políticos y culturales de nuestra sociedad, lo que supone grandes retos para tres estamentos:

a) las instituciones de educación superior que deben ajustar sus políticas salariales y de selección de profesores para atraer y retener a los mejor calificados, contar con planes de actualización y formación del más alto nivel para los docentes en servicio, “promover la movilidad y el intercambio tecno científico, con el fin de desarrollar el trabajo en redes y la interacción entre investigadores, fomentar convenios interinstitucionales para el acceso de los docentes a maestrías y doctorados en el país y en el exterior” (Colciencias, 2009).

b) el Estado, quien debe apropiar recursos financieros y fortalecer cada vez más el sistema de ciencia, tecnología e innovación de tal manera que “asegure la generación de conocimiento fundamental, pero que además promueva su transferencia y apropiación por diferentes sectores de la economía y la sociedad” (Colciencias, 2013).

c) los investigadores, quienes deben abandonar paradigmas tradicionales que han llevado a concebir la realidad como estancos separados donde cada ciencia los interviene por separado, primando la investigación disciplinar, y asumir la complejidad e incertidumbre como norte que estudia la realidad desde sus múltiples aristas o variables y por lo tanto requiere de la interdisciplinariedad y transdiciplinariedad para darle solución a problemas reales de la sociedad.

En la Universidad Libre, desde nuestra Facultad de Derecho en la seccional de Cali, responsable de esta esmerada publicación, ya estamos asumiendo estos retos con toda la responsabilidad social del caso. Para el año entrante la universidad entrará en proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad, y la Facultad responderá a las exigencias de la Acreditación de Alta Calidad que ya ostenta, razón por la cual los docentes están siendo seleccionados con el rigor académico indispensable, con políticas salariales dignas, y cualificados de acuerdo con sus necesidades, sobre todo en investigación, donde se viene haciendo un esfuerzo de coordinación que nos posibilite seguir siendo una de las facultades líderes en investigación en la región.

En este orden, hemos venido teniendo el acompañamiento profesional de expertos en investigación para afinar detalles como redefinición de líneas de investigación e implementación de planes de desarrollo sensatos en cada grupo de investigación que nos permitan, también en el primer semestre de 2015, presentarnos a la medición habitual de grupos de investigación y obtener los afortunados resultados que se han logrado con anterioridad, con los grupos: Sistemas Penitenciarios y Carcelarios; Criminalística y Ciencias Forenses; Derecho Penal; Educación y Derecho; Derecho Laboral- GILMAC; Derecho Procesal; Derechos Humanos “Ignacio Torres”; Philojuris; y Derecho Administrativo. Y todo articulado a las necesidades del entorno, como que se avecina una etapa de posconflicto que causará transformaciones que estamos frente, o mejor a escasos kilómetros, de lo que puede ser un nuevo bloque económico, y si se quiere político, con la ya suscrita Alianza del Pacífico.

La Facultad de Derecho, a través de sus maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Criminalística y Ciencias Forenses, todas ellas de amplio reconocimiento y aporte fundamental al progreso del suroccidente colombiano, pretende construir conocimiento a partir de líneas de investigación, que parten de los grupos de investigación reconocidos por Colciencias, con producción que alimente esta publicación periódica.

Como vemos, la Universidad Libre siguiendo los senderos de la libertad planteados por sus precursores (Rafael Uribe), fundadores (Benjamín Herrera), y exrectores (Jorge Eliecer Gaitán, Gerardo Molina) se mantiene en el ámbito académico como una institución comprometida con su entorno, y esta revista que hoy ofrecemos, amables lectores, es una prueba más de ello.

José Hoover Salazar Ríos

Referencias bibliográficas

1. Colciencias (2009). Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Acciones para las IES, Bogotá

2. Colciencias (2013). Modelo de medición de Grupos de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Versión Preliminar. Bogotá

3. Khun, Thomas (2006). La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México D. F.

4. Nussbaum, Martha (2010). Sin fines de lucro, por qué la democracia necesita de las humanidades, Katz editores, Buenos Aires.

5. Presidencia de la República (1994). Colombia: al filo de la oportunidad, Bogotá.

6. Walllerstein, Inmamnuel (1996). Abrir las ciencias sociales, Siglo XXI editores, México D. F.