La expresión “Estado laico” no aparece en la Constitución Política colombiana; aun así, sus disposiciones han permitido que la Corte Constitucional, encargada de interpretar el espíritu de la carta política, sea explícita al afirmar que Colombia es un Estado laico, marcado por el trato igualitario hacia todas las confesiones religiosas y la separación entre Estado e iglesias ³. Así las cosas, es llamativo que el laicismo no tenga una aparición textual en el documento, pero en un sentido aparentemente opuesto, la palabra “Dios” tenga un protagonismo que no es indiferente al estudio sociológico del derecho.

En efecto, se observa que esta palabra aparece en dos espacios constitucionales: uno obedece al juramento que expresamente realiza el presidente de la República al posesionarse en su cargo ⁴; y el otro, más evidente, escuda el Preámbulo de la Constitución Política ⁵. El efecto jurídico dispositivo o impositivo de estas menciones debe ser materia de un análisis más extenso. A más de tres décadas de vigencia de la carta magna, se antoja necesario revisar las circunstancias históricas y sociales que llevaron a esta presunta contraposición. Como se observará, no es contradictoria la aparición de Dios en la Constitución que abrazó el Estado laico en Colombia, por cuanto expone el sentido unificador al que apuntó la Asamblea Nacional Constituyente durante la coyuntura política que produjo su nacimiento.

El presente estudio se inscribe en una tradición de investigación doctrinal-histórica con orientación cualitativa, cuyo fin no es cuantificar la presencia religiosa en el texto constitucional, sino comprender -a través de una lectura contextualizada- la razón histórica, política y simbólica de la aparición de la palabra “Dios” en la Constitución de 1991 y su compatibilidad con el carácter laico del Estado colombiano. Para ello se integraron herramientas del análisis socio-jurídico y la hermenéutica jurídica, entendidas como técnicas aptas para desentrañar la tensión entre norma, discurso político y arraigo cultural que atraviesa el proceso constituyente.

La selección de fuentes respondió a criterios de pertinencia histórica y autoridad doctrinal. Entre las fuentes primarias se trabajó directamente con el texto constitucional de 1991, los registros históricos de la Asamblea Nacional Constituyente (Banrepcultural, 2024) y las decisiones de la Corte Constitucional más significativas en la materia (C-350/1994; C-152/2003; C-088/2022), las cuales ofrecieron los marcos interpretativos desde los cuales se ha razonado la laicidad y el pluralismo religioso. Como fuentes secundarias se incorporaron estudios sobre la pluralización religiosa y la sociología del credo en Colombia (Beltrán, 2025), análisis históricos sobre las etapas formativas del constitucionalismo y la presencia confesional en el siglo XIX (Piedrahíta, 1990; Sáenz de Santa María, 1960; Ramos, 2023; Zuluaga Gil, 2011, 2025), además reflexiones teóricas sobre las relaciones Estado-religión y derechos humanos (Temperman, 2010) y sobre las corrientes ideológicas que alimentaron el debate constituyente (Bobbio, 2014; Carreño, 2023; Lassalle, 2002; Gutiérrez, 2025). Se privilegiaron documentos que permitieran reconstruir tanto la deliberación constituyente como la sedimentación cultural previa y posterior al proceso de 1990-1991.

El procedimiento analítico se desplegó en tres fases articuladas. Primero, una reconstrucción histórica de la trayectoria constitucional (1821-1991) destinada a identificar continuidades y rupturas en la apelación a lo divino, tarea apoyada en fuentes historiográficas y en la bibliografía especializada. Posteriormente, se realizó una lectura hermenéutica de las actas constituyentes y de los pasajes del Preámbulo, con especial atención a las formulaciones que, según los delegatarios, buscaban conciliar la vocación pluralista del nuevo Estado con elementos de legitimación axiológica. Finalmente, se hizo un análisis jurisprudencial y doctrinal comparado que confrontó las intenciones manifestadas en la Asamblea con la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de los artículos 18 y 19 y del propio Preámbulo (C-350/1994; C-152/2003; C-088/2022). Esta información se sistematizó en una matriz temática que agrupó hallazgos bajo las siguientes categorías analíticas: “mención de Dios”, “fuente de autoridad”, “laicidad”, “pluralismo religioso” y “función simbólica/legitimadora”. Para garantizar la fiabilidad interpretativa se recurrió a la triangulación documental (normas, debates constituyentes, jurisprudencia y doctrina contemporánea) y, cuando fue posible, a la doble codificación de fragmentos relevantes para contrastar lecturas. No obstante, se reconocen limitaciones propias de la investigación histórica y jurídica: la posible ausencia o parcialidad de algunos registros de la Constituyente, la tensión inherente entre explicación causal y reconstrucción hermenéutica, y el riesgo de anacronismo interpretativo al aplicar marcos teóricos contemporáneos a debates pasados. Estas restricciones se afrontaron mediante una lectura prudente y contextualizada, mediante la remisión explícita a las fuentes primarias citadas en las referencias.

Finalmente, el estudio observó principios de integridad académica y respeto a los derechos de autor; las fuentes y la matriz de codificación se consignan en los anexos y están disponibles para verificación, con el ánimo de facilitar la replicabilidad y el debate crítico que, como se advierte, exige todo análisis serio sobre la relación entre religión, cultura y Derecho en Colombia.

El camino a la Constitución de 1991 tiene raíces en el centenario de la anterior carta política, promulgada en 1886. Los vientos que impulsaban reformas democratizadoras y participativas encontraron cabida, en un primer momento, en el Acto Legislativo de 1986, que estableció la elección popular de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, este reformismo era percibido como insuficiente ante el estado precario de la institucionalidad:

El desenlace de esta congestión social en la Asamblea Constituyente no estuvo excepto de la influencia de los factores reales de poder que, bajo la tesis de Lassalle, moldean la sustancia misma de las normas de un Estado ⁷. Entre estos factores se puede identificar a la Iglesia Católica Romana, que históricamente había tenido una influencia que trascendía los límites de la moral social y trastocaba lo jurídico, en tanto que la carta de 1886 se encargó de hacer de ésta la religión nacional, protegida por los poderes públicos. ⁸ El poder de esta iglesia era a todas luces político y relacionado con los valores del Partido Conservador, que con el movimiento de la Regeneración ejercería una hegemonía ideológica hasta 1930, dejando en el proceso una Constitución Política de orientación igualmente conservadora ⁹.

Sin embargo, para finales de la década de los años ochenta, el poder que pudiera ejercer tanto la Iglesia Católica como el Partido Conservador en el nuevo proceso constituyente era reducido e incluso minoritario: de los 70 delegatarios elegidos por voto popular, solo nueve eran conservadores y dos del Movimiento Unión Cristiana; eran mayoría las fuerzas liberales y de izquierda (Unión Patriótica, Alianza Democrática M-19), con 44 delegatarios, y el conservadurismo moderado (Movimiento de Salvación Nacional), con 11 ¹⁰.

No se debe ignorar el peso del credo católico en la sociedad colombiana, que en 2011 aún conformaba más de dos tercios de la población nacional ¹¹. Sin embargo, y como se observó en el electorado de la constituyente, las ideas liberales tenían igual cabida en la discusión. Entre ellas, por supuesto, se encontraba la del Estado laico. La separación del Estado e iglesia fue la base fundacional e ideológica del Partido Liberal desde el siglo XIX, con estrecha influencia de la ilustración europea ¹². Dichos principios, eventualmente incluidos dentro la estructura jurídica del nuevo Estado colombiano, no implicaban un Estado ateo, como debidamente interpreta la Corte Constitucional:

De manera que, contrario a como pudiese señalarse de algunas naciones comunistas y su ateísmo de Estado, cuyas cartas políticas eran además explícitas en ese objeto ¹⁴, la Constitución de 1991 no recibió en su orientación ideológica un enfoque radical del liberalismo, por cuanto su enfoque reformista apuntaba a la desaparición del privilegio, aun cuando reducido, que tenía la Iglesia Católica Romana por disposición expresa de la entonces vigente Constitución.

La propuesta que llevaba la palabra Dios en el Preámbulo suscitó debates en la Comisión Primera de la Constituyente. En esta primera versión, la figura no era solamente protectora, también era el fundamento de la dignidad humana y fuente de vida y autoridad para el bien común. Esto era problemático para las posturas progresistas de la Asamblea, pues una pieza clave de la nueva carta política era la idea de la soberanía popular, con la cual Dios dejaría de ser fuente suprema de toda autoridad, como declaraba el Preámbulo de la Constitución de 1886 y, en su lugar, la fuente de autoridad sería ahora el pueblo¹⁵. En último término, este borrador implicaba, para algunos, continuar con el lastre de la saliente constitución y, además, con la tradición de las constituciones colombianas de mencionar, con mayores o menores tintes religiosos, la figura de Dios.

Cinco de las siete constituciones políticas que ha tenido el país entre 1821 y 1991 mencionan a Dios en su apertura o Preámbulo. Los apelativos utilizados varían en esencia religiosa: las de 1821, 1832, 1853 y 1858 coinciden en las expresiones autor y legislador del universo, así como en el adjetivo de supremo, mientras que la de 1843 avanza en la caracterización misma de esta figura y apunta a la trinidad cristiana con la expresión Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es destacable que el símbolo religioso permaneciese en la Constitución de Cúcuta, aun cuando Simón Bolívar tuviese fama de liberal y ateo en los círculos eclesiales ¹⁶.

La excepción obvia a la regla fue la Constitución de Rionegro, de 1863, que dio origen a los Estados Unidos de Colombia, un proyecto político resultante de la victoria de los liberales radicales en la Guerra de las Soberanías y que sería conocido en la historiografía como el Olimpo Radical hasta la proclamación de la República en 1886. La nueva nación implementó los principios del liberalismo clásico: el porte de armas, la abolición de la pena capital y, como es pertinente para el presente artículo, el laicismo de Estado. Particularmente, la libertad de enseñanzas durante este periodo sentó las bases para establecimientos educativos distintos a aquellos fundados por las organizaciones religiosas, como la Pontificia Universidad Javeriana, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Producto directo de este periodo es la Ley 66 de 1867, acta fundacional de la Universidad Nacional, y en años posteriores, durante la Regeneración, los valores laicos que precedieron el conservadurismo impregnarían a la Universidad Externado ¹⁷, en 1886, y a la Universidad Republicana ¹⁸, en 1890.

Se observa, entonces, una amplia influencia de los valores confesionales en la estructura del país durante el siglo XIX, sin que esto significase la ausencia de oposición o periodos de reforma liberal. La existencia de élites políticas en ambos lados del espectro, confesionales y laicos, resultó en la creación de instituciones de pensamiento político que trascenderían hasta el siglo XX. No sorprende que el proceso constituyente, con un fuerte peso liberal y progresista, se cimentase en las bases estudiantiles de estas mismas instituciones, factor de presión en la cadena de hechos que llevaron a la carta política de 1991 ¹⁹.

La congestión social de la constituyente de finales de los años ochenta y principios de los noventa cuestiona el sistema jurídico y la esencia misma de las instituciones en el marco de la guerra contra el narcoterrorismo. No apuntaba a una problemática exclusiva de seguridad pública, sino al papel del Estado en la vida social. Las principales novedades de la actual carta política tuvieron como vocación primaria promover un sistema de gobierno social que obedeciese a la participación ciudadana, la democracia y el pluralismo. Este último principio está estrechamente relacionado con el trato igualitario que la Corte Constitucional identificó como clave en el Estado laico colombiano.

La existencia de diversas confesiones obliga a la nación a mantener una distancia respetuosa con el único objetivo de no afectar dicha pluralidad, puesto que privilegiar con los poderes públicos a uno u otro credo, como planteaba la Constitución de 1886, pone en peligro la sola existencia de aquellos que no poseen tal condición jurídica. La búsqueda del trato igualitario en la formulación de la Constitución Política de 1991 tendió a implementar cambios en materia jurídica que parecían vulnerar la tradición cristiana; sin embargo, la existencia misma de dicha tradición religiosa en el país, arraigada en el sistema social y político, llamaba a una conciliación entre las ideas enfrentadas, aún en su valor simbólico. Como se revisó, incluso cuando se tratase de una minoría numérica, los grupos conservadores y cristianos tenían voz y voto en la Asamblea Nacional Constituyente. El diálogo nacional implicó, por tanto, concesiones que no significaron ni perder el Estado laico propuesto ni dejar de reconocer la influencia judeocristiana en la cultura colombiana.

La población católica era y sigue siendo un grueso del total nacional, aun cuando hace más de 30 años se estableciera el Estado laico y la igualdad de la Iglesia Católica Romana frente al resto de iglesias. Colombia, por tanto, no buscaba desprenderse del Dios cristiano ni de su componente axiológico o moral. En cambio, la voluntad popular, representada en los delegatarios constituyentes asumió la necesidad de observar la fe religiosa como un acto libre y competente al individuo, que no debía ser relevante para la sustancia de las normas ni para los jueces o intérpretes de la ley ²⁰.

Dios en el Preámbulo constitucional se convierte en el punto de encuentro entre los reclamos de un Estado plural y la tradición religiosa, por cuanto propone el reconocimiento de una figura cultural, moral y religiosa en la creación y promulgación de la norma de normas, sin que esto produzca una fuerza coercitiva de derecho que vulnere a aquellos grupos de la población que no consideren dicha figura como relevante en los límites de sus convicciones y conciencia.

En retrospectiva, si se observa el proceso constituyente de 1990-1991 como el gran diálogo nacional que fue, es más que razonable hallar en su producto puntos que se alejan del extremismo, especialmente en el modelo democrático, sin que esto signifique renunciar a los logros alcanzados ²¹. Además del aspecto político, esto representa un equilibrio entre el derecho natural y el derecho positivo, si se entiende que la aparición de Dios y su protección ofrece legitimidad a la Constitución a través de bases axiológicas y sociales en un espacio neutro, al mismo tiempo que preserva los criterios objetivos para la aplicación en sus disposiciones expresas de igualdad y pluralismo.

La existencia de episodios de este calibre en la historia del constitucionalismo moderno establece un precedente de cara al futuro: si se procura la evolución del ordenamiento jurídico en un frente sociológico, mediante la elaboración de una carta futura o de una reforma de la vigente, esta no puede producirse en ignorancia de los arraigos culturales y el pasado de cada sociedad democrática. La construcción del nuevo derecho en las democracias liberales depende, finalmente, de asumir en consenso nuevos valores sin perder aquellos otros que, aunque paradigmáticos, no representan una reversión de los beneficios humanísticos alcanzados.