Introducción
En las últimas décadas, la migración en América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento significativo, lo cual la ha convertido en un fenómeno complejo con repercusiones en los ámbitos social, económico y jurídico (Gaincer & Rafael, 2022). Uno de los casos más notorios es la migración venezolana, que ha planteado importantes retos en la garantía de derechos fundamentales como el acceso al trabajo, la salud y la seguridad social (Reyes, García & Chávez, 2023).
Ante este panorama, los Estados de la región se han visto obligados a revisar sus marcos normativos para asegurar condiciones de igualdad y prevenir la discriminación, procurando armonizarse con los estándares internacionales de derechos humanos (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2023). No obstante, diversos estudios muestran que la existencia de normas no siempre asegura una protección efectiva, pues muchos migrantes siguen expuestos a condiciones laborales precarias y escenarios de vulnerabilidad (Jaramillo Fonnegra, 2019).
Específicamente, las trabajadoras domésticas constituyen un grupo que enfrenta condiciones de explotación y acoso, agravadas por su estatus migratorio y la falta de reconocimiento de sus derechos laborales (Valenzuela, Scuro & Vaca Trigo, 2020). La protección de los derechos de los migrantes ha sido un tema prioritario en las agendas políticas y legislativas de diversos países de la región (Valenzuela et al., 2020). Como respuesta a esta problemática, varios países de América Latina y Centroamérica han implementado normativas y políticas públicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y facilitar la integración socioeconómica de los migrantes (Jorquera Vásquez et al., 2023). Estas políticas buscan garantizar el acceso a servicios básicos, como educación, salud y empleo, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes migran a otros países en busca de mejores condiciones.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y las obligaciones internacionales, la protección de los migrantes en situación irregular requiere un enfoque integral que asegure el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Navarro Pérez (2020) señala que, aunque los estándares internacionales establecen la protección de estos derechos, en la práctica frecuentemente enfrentan obstáculos normativos y sociales. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, s.f.) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021) han desarrollado estrategias y recomendaciones para fortalecer los mecanismos de protección social y laboral, promoviendo la integración y la igualdad de oportunidades en los países receptores.
Autores como Alvarado, López, Navarro, Fernández, Guzmán y Montero (2023) sostienen que la migración irregular en América Central, especialmente en Costa Rica, se caracteriza por la inmovilidad involuntaria y condiciones de alta vulnerabilidad. La diversidad de nacionalidades y contextos de origen complica la asistencia humanitaria y la protección de estas personas, quienes enfrentan riesgos significativos durante su tránsito.
I. Metodología
Se estableció una metodología cualitativa analítica de revisión sistemática, cuyo tema central fue la desprotección laboral y la migración irregular. Se aplicó la ecuación de búsqueda inicial (AND, OR, NOT), con palabras normalizadas y conectores booleanos a través de Tesauro jurídico (el derecho y de la CSJ) y Tesauro académico de la Unesco. La elección de búsqueda definida fue: desprotección AND laboral OR migración AND irregular. En la búsqueda inicial se identificaron 150 fuentes en buscadores como Google académico, bases de datos especializadas en migración como la de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la base de datos y estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALSTAT) y la base de datos y estadística de la Organización Internacional del Trabajo (ILOSTAT) y bases de datos de revistas como Latindex, sciELO, Redalyc (Figura 1). Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: a) espacial (Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, México, Costa Rica, Perú, Venezuela y Cuba), b) temporal (2019 al 2025), c) idiomático (español) y d) fuente de publicación (artículos de investigación, revisión de sentencias y leyes, regulaciones y políticas gubernamentales e internacionales e informes). De la aplicación de los criterios se seleccionaron 50 fuentes publicadas, que son el constructo del manuscrito, las cuales se condensaron en una matriz de Excel, y de sus contextos se determinaron los siguientes resultados: 1) Acceso a la justicia para inmigrantes irregulares: desafíos y propuestas, 2) Formación y políticas públicas: claves para la integración laboral de migrantes venezolanos en Colombia, 3) Barreras y propuestas para el acceso de la población migrante irregular al Sistema de Seguridad Social en Colombia y 4) Vulnerabilidad laboral de la población migrante irregular en Colombia.
II. Resultados
1. Acceso a la justicia para inmigrantes irregulares: desafíos y propuestas
En Colombia, el acceso a la justicia de los migrantes en situación irregular continúa siendo limitado, debido a obstáculos de carácter estructural, institucional y social que refuerzan su exclusión. Aunque el país ha suscrito compromisos internacionales, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Organización de las Naciones Unidas ONU, 1990), en la práctica persisten trabas normativas y procedimentales que impiden la garantía plena de sus derechos. Estudios en ciudades receptoras como Bogotá y Lima evidencian que gran parte de esta población carece de información jurídica suficiente, lo que se traduce en un bajo número de denuncias en casos de discriminación o explotación laboral (Reyes, García & Chávez, 2023). A esto se suma el temor generalizado a represalias y procesos de deportación, lo que desalienta el recurso a los mecanismos judiciales (Jaramillo Fonnegra, 2019).
Adicionalmente, la ausencia de mecanismos accesibles y especializados en Colombia agrava esta situación. Aunque existen instituciones competentes en derechos humanos y laborales (Eraso & Melo, 2024), no siempre cuentan con protocolos diferenciales o intérpretes interculturales que faciliten la atención a esta población (Moreno, Pelacani & Moya Ortiz, 2021). Las rutas de atención actuales no están diseñadas para responder a las particularidades de la migración irregular, lo que limita su eficacia. Por otra parte, los avances en protección judicial dependen, en gran medida, de iniciativas de organizaciones sociales más que de una política pública estructurada y garantista (Moreno, Pelacani & Moya, 2021), generando un acceso desigual a la justicia.
Frente a este panorama, se requieren propuestas integrales que permitan superar la restricción a la que está sometida esta población (Reyes, García & Chávez, 2023). Entre las posibles soluciones están la creación de defensorías móviles, el fortalecimiento de la capacitación intercultural de funcionarios judiciales (ONU Migración, 2021) y la implementación de campañas de información jurídica en espacios públicos (Navarro Pérez, 2020). Igualmente, es importante adoptar una perspectiva interseccional, reconociendo que mujeres, niños y personas LGBTI migrantes enfrentan obstáculos particulares (Moreno Tiria & Ortega Villamizar, 2021). Las buenas prácticas regionales demuestran que la combinación de acciones jurídicas y políticas sociales mejora el ejercicio efectivo de sus derechos.
Es importante resaltar el papel de la Corte Constitucional de Colombia, que ha abierto la puerta a la exigibilidad de derechos, incluso para quienes están fuera de la legalidad migratoria. Ávila Orozco (2023) documenta casos de vulneración de derechos laborales a migrantes venezolanos en el sector comercial, destacando la falta de inspección laboral y de mecanismos de denuncia accesibles. Esta situación exige no sólo modificar marcos normativos, sino también transformar prácticas institucionales y culturales. Como afirman Castillo-Castillo, Oliveros Ortiz y Fernández Mejía (2024), la integración social efectiva de los migrantes requiere garantizar su acceso a salud, empleo digno y justicia. Por tanto, promover el acceso a la justicia para migrantes irregulares debe ser una prioridad en las políticas públicas colombianas.
2. Formación y políticas públicas: claves para la integración laboral de migrantes venezolanos en Colombia
La posibilidad de integrar a los migrantes venezolanos en el mercado laboral colombiano se relaciona directamente con la existencia de políticas públicas eficaces que promuevan la capacitación y actualización de competencias (ACNUR Colombia, 2023). La evidencia muestra que muchos migrantes poseen altos niveles educativos (Eraso & Melo, 2024) pero enfrentan barreras para el reconocimiento y la homologación de sus títulos, lo que los empuja hacia el empleo informal (Castillo-Castillo, Oliveros Ortiz & Fernández Mejía, 2024). En diversas ciudades del país, la falta de articulación institucional ha generado condiciones de marginalidad, limitando su acceso a programas de empleo formal. Además, la informalidad del mercado laboral colombiano y la xenofobia institucionalizada contribuyen a precarizar aún más las condiciones laborales de esta población (Escobar Díaz, 2022). Según la OIT, la falta de reconocimiento de cualificaciones es una barrera frecuente que impide la movilidad ascendente en el mercado laboral y perpetúa la precarización (OIT, 2021).
El éxito de la integración también depende del fortalecimiento de programas institucionales articulados en los ámbitos nacional y local (Eraso & Melo, 2024). Aunque varios municipios han promovido estrategias diferenciadas, aún persisten limitaciones presupuestales y de coordinación intersectorial (Ramos & Lesmes, 2024). Así mismo, la OIT (2024) destaca la necesidad de desarrollar políticas migratorias laborales con enfoque de derechos humanos, que reconozcan la vulnerabilidad estructural de los migrantes. De acuerdo con el Banco Mundial (2024), en la región más del 60 % de los migrantes trabajan en la informalidad. Este porcentaje podría reducirse significativamente con programas de capacitación vinculados directamente al mercado formal. Monsalve Mejía (2025) sostiene que sin procesos paralelos de regularización laboral y validación de competencias las acciones formativas pierden eficacia y refuerzan la dependencia de la economía informal.
El trabajo conjunto entre entes territoriales, sector privado y organizaciones internacionales ha mostrado mejores resultados, especialmente cuando existe voluntad política y capacidad técnica. Así lo demuestra un estudio realizado por ACNUR (2023), que confirma que la participación de las alcaldías en procesos de inserción laboral mejora cuando se cuenta con alianzas sostenibles entre los sectores público y privado. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, persiste un desfase entre lo que se reconoce en el papel y lo que efectivamente se garantiza. Como señala Rojas (s.f.), en Colombia existe una brecha entre el reconocimiento formal de los derechos sociales de los migrantes y su aplicación real, lo que evidencia la distancia entre la normativa y la práctica estatal.
Es fundamental que los procesos de formación incluyan componentes de empleabilidad adaptados al contexto colombiano, con énfasis en competencias laborales, asesoría legal y promoción del emprendimiento. Experiencias como las señaladas por ACNUR (2023) evidencian que los programas de capacitación articulados con el sector empresarial mejoran la empleabilidad, siempre que se acompañen de medidas de protección social y acceso a documentación regular (Castillo, Oliveros & Fernández, 2024). En esa misma línea, Melo Zambrano (2025) subraya que las mujeres migrantes en situación irregular requieren programas formativos con enfoque diferencial de género, que incluyan protección frente al despido y acceso a prestaciones básicas. La participación del sector privado es clave para crear redes de apoyo al empleo formal y reducir la dependencia de la informalidad (Ramos & Lesmes, 2024). Por tanto, la formación como eje transversal de las políticas públicas puede convertirse en una herramienta efectiva de integración sostenible y garantía de derechos.
En este contexto, es prioritario implementar programas de formación técnica y certificación de competencias que faciliten la empleabilidad con equidad (Eraso & Melo, 2024; OIT, 2024). En Colombia se han fortalecido algunas rutas institucionales para migrantes, pero persisten limitaciones en cobertura y articulación (ACNUR, 2023; Ramos & Lesmes, 2024). Según la OIM (2021b), las políticas públicas deben tener un enfoque de integración sostenible que promueva la cohesión social y el respeto de los derechos laborales. Monsalve Mejía (2025) destaca que cuando la formación se acompaña de asesoría jurídica y facilidades para la regularización migratoria los resultados de inserción laboral se duplican. Además, la participación articulada de gobiernos, sector privado y sociedad civil es clave para garantizar derechos laborales y oportunidades reales de inserción (Castillo-Castillo et al., 2024; ONU Migración, 2021).
3. Barreras y propuestas para el acceso de la población migrante irregular al Sistema de Seguridad Social en Colombia:
El acceso a la seguridad social es uno de los principales desafíos que enfrentan los migrantes en situación irregular en Colombia, pues la normativa vigente excluye a quienes carecen de documentación migratoria, lo que limita su protección (Navarro Pérez, 2020; Organización Internacional para las Migraciones ONU Migración, 2021 ). Esta restricción contradice los estándares internacionales, que reconocen la seguridad social como un derecho universal sin importar el estatus migratorio (Crespo, Peñaloza et al., 2021). Como consecuencia, miles de personas quedan fuera de los sistemas de salud y pensiones, aumentando su vulnerabilidad. Si bien la Corte Constitucional ha ordenado garantizar la atención en salud, aún no existe un marco normativo integral que permita un acceso universal a la seguridad social (Moreno Tiria & Ortega Villamizar, 2021). En este contexto, Monsalve Mejía (2025) advierte que la ausencia de regulación perpetúa desigualdades y normaliza la exclusión de quienes buscan mejores condiciones de vida.
La desinformación sobre derechos en salud y pensiones, junto con el temor a ser denunciados (Asociación Profamilia & OFDA-USAID, 2020), limita el acceso de los migrantes a la seguridad social (Moreno Tiria & Ortega Villamizar, 2021). Muchos desconocen los procesos de afiliación y queja, incluso en urgencias (Angeleri, Ramírez & Arroyave, 2024). Esta situación se ve agravada por la falta de personal capacitado y las barreras culturales y lingüísticas (Castillo-Castillo, Oliveros & Fernández, 2024). Melo Zambrano (2025) advierte que las embarazadas migrantes enfrentan mayores riesgos por la ausencia de protocolos específicos. Por su parte, Torres Barzallo (2022) resalta las vulnerabilidades laborales de las mujeres latinas. En Cuba, la migración provoca impactos socioeconómicos que superan la capacidad estatal (Sanabria Navarro et al., 2022). Por tanto, la exclusión se extiende más allá del ámbito jurídico, manifestándose también en lo institucional y simbólico como un patrón estructural de discriminación (Armenta Ariza, 2020).
Para superar estas barreras, se propone implementar sistemas de afiliación transitoria que garanticen acceso a salud, junto con estrategias comunitarias de información y acompañamiento legal (OIT, 2023). Experiencias en otros países muestran que brigadas móviles de salud, combinadas con asesoría legal, han reducido la mortalidad materna y mejorado el control prenatal en la población migrante irregular (Banco Mundial, 2024). El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y el papel de organizaciones comunitarias son claves para canalizar información confiable (Navarro Pérez, 2020). Así mismo, Monsalve Mejía (2025) sostiene que los centros de atención primaria con enfoque intercultural mejoran la confianza y reducen la reticencia a acudir a los servicios. Igualmente, se sugiere adoptar un enfoque de salud pública que reconozca la universalidad del derecho a la seguridad social, sin condicionarlo a la regularidad migratoria (ONU Migración, 2021). La garantía de este derecho debe convertirse en una prioridad dentro de la agenda migratoria nacional.
4. Vulnerabilidad laboral de la población migrante irregular en Colombia
Los migrantes irregulares en Colombia enfrentan una alta vulnerabilidad en el mercado laboral, caracterizada por condiciones de informalidad, bajos ingresos y ausencia de garantías laborales (Ávila Orozco, 2023). Según diversos estudios, muchos se ven obligados a aceptar empleos precarios debido a la falta de documentación y al desconocimiento de sus derechos (Armenta Ariza, 2020; Balcázar & Navisoy, 2021). Esta situación los hace propensos a la explotación y a la discriminación, siendo común que trabajen en sectores como el comercio informal, el servicio doméstico o la construcción, sin acceso a contratos formales ni afiliación a la seguridad social. Monsalve Mejía (2025) documenta que en Bogotá y Medellín más del 70 % de trabajadores migrantes irregulares no tienen cobertura en salud ocupacional, lo que incrementa riesgos físicos y limita su acceso a compensaciones por accidentes laborales.
A pesar de los avances en jurisprudencia, como la Sentencia T-404/21 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce el derecho al trabajo digno, incluso para personas en situación irregular, en la práctica persiste una aplicación deficiente de estos precedentes (Corte Constitucional, 2021; Moreno V., Pelacani & Moya Ortiz, 2021; Escobar Díaz, 2022). La brecha entre el derecho y su aplicación concreta contribuye a la persistencia de prácticas abusivas por parte de algunos empleadores, quienes aprovechan la vulnerabilidad jurídica de los migrantes irregulares para imponer jornadas extenuantes, pagar salarios inferiores al mínimo o negar prestaciones básicas (Melo Zambrano, 2025).
Frente a este panorama, se requieren medidas estructurales que garanticen el reconocimiento de los derechos laborales más allá del estatus migratorio (OIT, 2024). La promoción del trabajo decente, el fortalecimiento de la inspección laboral y la sanción efectiva a empleadores que vulneran los derechos humanos son algunas de las recomendaciones señaladas por organismos internacionales (ACNUR, 2023; Castillo-Castillo et al., 2024; Escobar Díaz, 2022). Adicionalmente, deben impulsarse programas de regularización laboral y capacitación técnica que permitan a los migrantes acceder a empleos formales y mejorar sus condiciones de vida en el país receptor (Armenta Ariza, 2020; ONU Migración, 2022). La evidencia indica que las estrategias de inclusión laboral más efectivas se basan en alianzas interinstitucionales y en la participación del sector privado, con el objetivo de generar condiciones laborales dignas y sostenibles para esta población (Ramos & Lesmes, 2024).
Desde una perspectiva normativa, Armenta (2020) destaca que el derecho a la igualdad y la no discriminación, establecido en instrumentos internacionales como el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana de Derechos Humanos, debe guiar las políticas migratorias en Colombia. Por su parte, la ONU Migración (2022) subraya que la falta de datos precisos y la necesidad de estimaciones complejas dificultan el análisis de la situación migratoria y la implementación de políticas públicas adecuadas. En ese sentido, Moreno, Ortiz y Pelacani (2021) resaltan la importancia de la sensibilización social y la colaboración interinstitucional para garantizar el respeto de los derechos de los migrantes y fomentar su integración laboral. Al respecto, Prieto (2022) señala la urgencia de extender las investigaciones realizadas en Colombia a otras regiones, como el Caribe, para una mejor formulación de políticas públicas.
III. Conclusiones
Los hallazgos muestran que en Colombia los migrantes irregulares sufren violaciones constantes de sus derechos fundamentales, principalmente en materia laboral, producto de obstáculos normativos, institucionales y estructurales que limitan su acceso efectivo a la justicia laboral, la seguridad social y la integración plena en el mercado laboral formal. La persistencia de barreras jurídicas, como la ausencia de protocolos especializados y la falta de mecanismos adaptados a sus circunstancias, junto con el temor a la deportación y la desarticulación interinstitucional, profundizan la exclusión y precarización de esta población.
A pesar de los compromisos internacionales y las sentencias que reconocen derechos laborales para migrantes, la implementación práctica de estos mandatos es insuficiente, evidenciando deficiencias en la inspección y fiscalización laboral, así como en la homologación y reconocimiento de cualificaciones profesionales. La carencia de políticas públicas integrales y un enfoque basado en derechos humanos, que despolitice el estatus migratorio como criterio para el acceso a derechos laborales y de seguridad social, limita la inclusión efectiva de estos trabajadores.
Es fundamental fortalecer el marco normativo laboral y de seguridad social, mejorar la capacitación de los operadores judiciales y facilitar la regularización laboral. Además, es necesario promover una cultura institucional que garantice el respeto a los derechos laborales con un enfoque de derechos humanos, interseccional y territorial.
Esto requiere acciones sostenidas de inspección, sanción a la explotación y campañas de información jurídica accesible, sin importar la condición migratoria de las personas, sólo así será posible avanzar hacia una integración efectiva, con igualdad de oportunidades y condiciones dignas para todos los trabajadores.