Preeminencia de la transformación digital estatal en Colombia ¹

Introducción

La sociedad no es estática, todo a su alrededor evoluciona a la par del ser humano, incluyendo a las entidades gubernamentales y al Estado. La modernidad abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, fomentando la tecnología como foco principal para explorar en un futuro cercano. Por esta razón, los países han utilizado los recursos pertinentes para transformar al Estado, con el fin de encontrarse a la vanguardia de la modernidad. La transformación digital estatal se alcanzó durante la pandemia por Covid-19, la cual evidenció los problemas que se poseían den el Estado, resaltando la necesidad de generar una alternativa digital para solucionar los problemas o necesidades de los habitantes.

esta investigación de plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo influyen los avances desarrollados a favor de la digitalización estatal en Colombia desde el 2020 hasta el 2024 en la reinvención integral de la modernización tecnológica del Estado? En ese sentido, se desea destacar si el Estado y la sociedad colombiana están preparados para una transformación digital y si ésta traerá beneficios a futuro.

Este trabajo de investigación se encuentra articulado con los objetivos de desarrollo sostenible (agenda 2030), en especial el objetivo dieciséis (paz, justicia e instituciones sólidas), que se centra en potencializar comunidades pacíficas e inclusivas a partir del acceso a la justica sin limitantes, razón por la cual el objeto, finalidad y funcionalidad de este estudio, en el contexto académico y científico, recae en dar a conocer la necesidad del cambio por parte del Estado y la sociedad, con la implementación de la conectividad.

Las innovaciones tecnológicas aplicadas en el derecho captan la atención de diversos autores, quienes plantean sus postulados sobre la necesidad de la digitalización estatal, que como promotora de la transparencia e innovación pública permite modificar y simplificar los procesos burocráticos y además contrarresta el flagelo de la corrupción.

Así las cosas, cabe destacar la siguiente premisa: “Las tecnologías digitales permiten fortalecer la gestión pública en términos de eficiencia y transparencia, y expandir los medios para atender y satisfacer las necesidades de la ciudadanía”. (Monsalve & Gómez Domínguez, 2020, p. 38)

El objetivo general de esta investigación es analizar los avances desarrollados en beneficio de la digitalización estatal en Colombia, desde el año 2020 hasta el 2024. Los objetivos específicos son: establecer la transformación del Estado colombiano a nivel tecnológico después de la pandemia por covid-19; determinar los factores emergentes que implican la implementación digital estatal en Colombia; identificar el factor promotor de la modernización digital estatal en Colombia.

Metodología

El tipo de investigación es cualitativa-descriptiva, porque se pretende describir un suceso actual. Con el uso del enfoque cualitativo se busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información encontrada, haciendo uso del análisis de datos para dar respuesta a las preguntas planteadas.

El estudio descriptivo busca caracterizar situaciones, contextos o sucesos con el fin de detallar y especificar el objeto de estudio en el que se plantea la siguiente premisa: “La información suministrada por la investigación descriptiva debe ser verídica, precisa y sistemática. Se debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. Lo fundamental son las características observables y verificables”. (Guevara Alban, et al., 2020, p. 166)

En consecuencia, el tipo descriptivo es esencial para visualizar con precisión el análisis que se plantea en la investigación, que es la viabilidad de la transformación digital estatal en el Estado colombiano. Se hace referencia al método inductivo cuando su finalidad recae en el estudio de casos específicos o particulares a generales, es decir, esta forma de razonamiento permite, a partir de hechos concretos, obtener conocimientos generales.

El estudio es documental porque profundiza la temática con fundamento en trabajos previos e información-datos que cumplen su función como base para el análisis. La recolección de información se hace a partir de la revisión bibliográfica, puesto que permite recopilar datos sobre un tema específico a través de libros, artículos o trabajos académicos. Es importante distinguir la información vital para el objeto de la investigación, por lo que se utilizan los factores de relevancia, calidad y veracidad planteados por Hernández Sampieri & Mendoza Torres (2018).

El aporte investigativo gira en torno a analizar si el Estado y la sociedad colombiana posee los medios, mecanismos o instrumentos necesarios para optar por una transformación digital total, a partir de los avances tecnológicos estatales implementados.

Resultados

La pandemia por covid-19 se considera la principal promotora de la modernización digital en los Estados en los que aún no existía una reforma absoluta en el área tecnológica. La crisis sanitaria permitió observar la necesidad y los beneficios de la transformación digital en Colombia.

La transformación digital tiene sus antecedentes en la invención de internet alrededor de 1960, con indicios de lo que hoy se conoce como ‘wi-fi’ (Wireless Fidelity - fidelidad inalámbrica). En 1983 tuvo lugar la expansión masiva de la red Arpa Internet, creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuyo fin era facilitar la relación ciudadano-Estado mediante la tecnología, simplificando la comunicación y los trámites.

El primer país en adoptar la transformación y modernización digital en su totalidad fue Estonia, que actualmente se conoce como el gobierno invisible, por la inexistencia de trámites y la facilidad en la resolución de necesidades frente al Estado, es decir, los servicios estatales se encuentran digitalizados, permitiendo realizar todos los trámites gubernamentales en línea, con excepción del matrimonio, el divorcio y la adquisición de propiedades.

Esta transformación digital requiere una fuerte inversión en capital social, que es la adaptación a las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos, y en capital económico, que son los aportes del Estado en términos de gasto público.

En 1991 Estonia se independizó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); sin embargo, según Holm (2020), enfrentaban una fuerte crisis económica frente a la necesidad de la reconstrucción del país, no poseía los medios para manejar una administración pública ni mucho menos una burocracia gubernamental. Con el fin de subsistir este país optó por la vía de la tecnología, ya que, dado que les otorgaba mayores beneficios en términos económicos, además, facilitaba el alcance de sus fines, que eran crear una democracia transparente con base en la confianza y la eficacia.

Por su parte, Colombia, sin un antecedente histórico, estableció normas que constituyen los primeros avances digitales realizados dentro del territorio, con un marco legislativo y jurídico contundente en pro de la digitalización estatal colombiana, antes de la crisis sanitaria por covid-19.

La Ley 527 de 1999 reconoce la validez jurídica de los mensajes enviados a través de medios electrónicos, sentando las bases jurídicas para el reconocimiento probatorio de los mensajes de datos. Esta norma se complementa con el Decreto 2364 del 2012, que conceptualiza la firma electrónica, sus efectos jurídicos y de seguridad. Igualmente, se resalta a la ley 1341 de 2009, mediante la cual se establece el principio de la modernización en relación con el gobierno en línea, planteando las bases para la organización de las TIC. Para fomentar la participación ciudadana mediante las nuevas tecnologías, se creó el Decreto 767 de 2022.

En materia de innovación digital, está la ley 1437 del 2011, que define el expediente electrónico y su implementación, teniendo como norma complementaria el Decreto 2609 de 2012, que idealiza el expediente electrónico y la regulación de los documentos electrónicos, sentando así las bases para la expedición del Decreto legislativo 806 de 2020, expedido en estado de emergencia, que a su vez influyó la Ley 1564 del, que se implementa el plan digital para la rama judicial e integra el uso exhaustivo de las TIC en gestión.

Cabe mencionar que dicha normatividad no se ejecutó en su totalidad sino después del inicio de la pandemia del covid-19, con el Decreto legislativo 806 del 2020, que invitaba a adoptar las medidas tecnológicas existentes en la legislación para agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios.

Dada la relevancia, contundencia y transcendencia del Decreto 806 del 2020, se expidió la Ley 2213 de 2022, que consolidó la digitalización en las actuaciones judiciales y flexibilizó la atención a los usuarios a partir de las nuevas tecnologías de forma indefinida.

La modernidad y la digitalización estatal han llegado para quedarse en la sociedad, con la consolidación permanente en la legislación colombiana de normas que en principio se consideraban transitorias.

No obstante, la implementación de un estado digital requiere una sociedad a la vanguardia en tecnología, con el fin de que pueda tramitar sus necesidades estatales de forma eficiente.

Antes de la pandemia existía en el país una gran brecha digital y socioeconómica, con un gran déficit frente al acceso a los medios digitales, especialmente en las zonas rurales. No obstante, por medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) el Estado priorizó la conectividad para llegar a los lugares más remotos de la nación, cuyo objetivo era la inclusión a las nuevas tecnologías del 70 % de los hogares colombianos.

El 8 de julio del 2022 el MinTic presentó un informe sobre el avance del programa: conectividad rural, en el que plantea que el ministerio garantiza internet gratuito a 156 municipios ubicados en las zonas rurales. Desde el inicio la operación se focalizó en suministrar las redes con el fin de evitar el desplazamiento de los habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades para acceder a dicha necesidad. Es decir, su ideal era generar inclusión social en busca de una equidad para las zonas rurales colombianas frente a la digitalización. Aún no se ha logrado el objetivo de brindar conectividad al 70 % de las zonas rurales sin embargo, se observan las acciones del Estado para conseguirlo.

Debido al uso y acceso de la población a los medios digitales, el Estado a través del MinTic, junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidió el Decreto 088 del 24 enero del 2022, que busca avanzar en la transformación digital del país para mejorar la relación ciudadano-Estado mediante la tecnología. Este decreto focaliza la digitalización y automatización de los trámites estatales, estableciendo sus plazos y condiciones, con el objetivo de implementar, para el 2037, 70.000 trámites digitales en de la rama ejecutiva nacional, territorial y a particulares, que cumplan funciones administrativas o públicas.

El plan propuesto con este decreto planea llevar a cabo la digitalización y automatización de los trámites estatales de forma gradual, con los plazos estipulados por la norma, debido a la complejidad de los trámites y la demanda de procesos de cada entidad, además se realiza el cambio de modalidad gradual, con el fin de que la sociedad colombiana avance de forma transitoria a los cambios digitales del Estado y no ocurra un choque cultural o tecnológico por una transformación arbitraria.

Se requiere determinar las categorías emergentes que trae consigo la digitalización, destacando así el tercer resultado investigativo, que se enfoca en la reinvención del Estado con las nuevas tecnologías y el uso de plataformas anticorrupción. Esta digitalización ha permitido brindar servicios transparentes y funcionales a los ciudadanos, ayudando a la prevención de la corrupción e integrando los servicios que presta el Estado. Dicha premisa está respaldada por el siguiente postulado: “La respuesta a la crisis del coronavirus está brindando una oportunidad única para reinventar el gobierno, reconstruir la confianza y acelerar la lucha mundial contra la corrupción, impulsada por el uso más inteligente de las nuevas tecnologías” (Santiso, 2021, p. 3)

Hace mucho tiempo Colombia viene enfrentado una batalla constante contra la corrupción. Según el índice de percepción de corrupción (IPC), realizado por la organización no gubernamental Transparency International en el 2024, Colombia obtuvo el puesto 92 entre los países más corruptos del mundo, entre 180 países evaluados.

Una medida para combatir este flagelo es la creación de la plataforma Océano, que utiliza inteligencia de negocios y analítica de datos con la inteligencia artificial para analizar la información contractual del Estado. Dicha plataforma que promueve la Contraloría General de la República permite identificar a las personas habilitadas para contratar con el Estado, mediante la revisión de sus antecedentes y experiencia en relación con las licitaciones públicas o la contratación directa.

Con esta plataforma se busca evitar las mallas de contratación, en las que un contratista posee vínculo con diversos contratos a través de terceros, configurando un monopolio de la contratación. Si la Fiscalía General de la Nación desea adelantar una acción penal en relación con la celebración indebida de contratos (Art. 409, Ley 599 del 2000) puede consultar información puntual y esencial en la plataforma Océano. Esta información la puede obtener en 30 minutos, aproximadamente, lo cual tardaba antes entre ocho y nueve meses (Contraloría General de la República, 2019, pp. 34-35).

Esta digitalización pretende aumentar la transparencia e implementar una supervisión eficiente para el Estado y para los ciudadanos, mediante el uso de los datos, para sentar las bases en busca de una mayor responsabilidad del gobierno en la digitalización.

En 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizó un estudio con el fin de evaluar los datos y hechos de transformación digital en América Latina y el Caribe, según el cual en el 2018 ningún país de la región registró un puntaje en el índice de desarrollo de e-gobierno (gobierno electrónico, que se denomina en este presente trabajo como digitalización estatal). El cuarto resultado de esta investigación tiene que ver con los beneficios como categoría emergente dentro de la digitalización en el Estado colombiano, que se denomina Estado simple, Colombia ágil, una iniciativa dirigida a simplificar los procesos y desburocratizar la administración pública.

Esta campaña se implementó con base en la Directiva No. 7 del 2018, cuyo propósito se centra en formular políticas públicas, programas y proyectos para reducir costos en materia regulatoria. A su vez, se implementa la racionalización y supresión de trámites complejos para las personas naturales y jurídicas frente al ejercicio de las obligaciones ciudadanas.

El mayor impacto del programa recae en la eficacia y transparencia de los trámites estatales. Además, genera un gran ahorro en el gasto público, que es más de 316 mil millones de pesos por el cambio en la tramitología.

En la actualidad se garantiza la intervención y mejoría en 3460 trámites estatales, que facilitan la relación ciudadano-Estado. En la relación empresa-Estado se resaltan los avances para el pago de impuestos, es decir, todo trámite relacionado con recaudo, declaración y pago impuestos empresariales. En este aspecto, se han implementado 546 trámites tecnológicos, destacando los incentivos tributarios por energías no convencionales. Las empresas interesadas en aplicar a dicho incentivo sólo deben realizar un trámite vía internet. Por su parte, en lo referente a la información de ingresos no constitutivos de renta y otros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha decidido reducir a un solo formulario para reportar la información de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

No sólo las empresas se han beneficiado de esta campaña, los ciudadanos también, como en el caso de la vivienda (uso del suelo, planeación y servicios públicos), en el que se han implementado 514 trámites digitales (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2022). Entre éstos se destacan ejemplos como el certificado de estratificación en Ibagué, que se puede ejecutar vía web; la rectificación del estrato socioeconómico en Cali y el certificado de estratificación en Guadalupe - Huila, que se ha reducido de cinco a dos días hábiles.

Para cambiar el sistema estatal por uno completamente digital se requiere un gobierno eficaz, que conozca las necesidades de sus ciudadanos.

Un mal manejo de los recursos genera el efecto contrario. Si un Estado desea implementar la digitalización debe estar preparado burocrática y socialmente para el cambio, ya que la digitalización trae diversas ventajas, pero si se ejecuta de manera equivoca tiene un efecto adverso.

Conclusiones y recomendaciones

La pandemia fue esencial para impulsar al Estado colombiano a hacer visibles las normas ya existentes en el área tecnológica y digital. Dicho acontecer permitió dar a conocer la necesidad de la conectividad digital y su importancia para optar por una alternativa en busca de eficacia y transparencia. El Estado es el principal promotor de igualdad dentro de su territorio y debe satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. El Estado colombiano se centró en brindar conectividad en las zonas con más necesidades, con el fin de que pudieran realizar sus trámites vía internet, sin exponerse al virus covid-19.

Si un Estado opta por ser completamente digital, debe brindarles a sus ciudadanos los recursos para acceder a los medios digitales, para fomentar la equidad digital y evitar desigualdades.

La innovación digital posee un trasfondo y un beneficio económico, logrando un ahorro monetario dentro del gasto público, mejorando la calidad y eficiencia de los procesos y, a su vez, impulsando las relaciones ciudadano-Estado.

Adicionalmente, la digitalización permite combatir la corrupción, ya que busca aumentar la transparencia estatal e implementar una supervisión eficiente para el estado y los ciudadanos mediante el manejo de datos.

La transformación digital es esencial para los planes de recuperación estatal, teniendo como foco el uso de programas anticorrupción.

La campaña Estado simple, Colombia ágil es un claro ejemplo de la migración de trámites presenciales a digitales para facilitar las relaciones entre las personas naturales y jurídicas con el Estado, favoreciendo el avance social a la nueva era de la globalización y la vanguardia de la modernidad.

Finalmente, para alcanzar una digitalización eficaz es esencial un buen manejo y transparencia por parte del Estado para disfrutar los beneficios de adecuarse a la era digital y, a su vez, satisfacer las necesidades de sus ciudadanos mediante el uso correcto de las nuevas tecnologías.

El Estado colombiano ya poseía un ámbito normativo que daba inicio a la era digital, pero sólo se llegaron a ejecutar en su totalidad durante la crisis sanitaria conocida como virus covid-19, que fomentó la implementación y adecuación dentro del ordenamiento jurídico respecto a la digitalización estatal.

El Estado colombiano ha venido implementando cambios a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), con el propósito de lograr una inclusión total de los ciudadanos a la conectividad para que puedan utilizar las diversas plataformas estatales. Hoy en día dicho proyecto busca un alcance del 70 % de la población rural, se espera que a futuro dicho porcentaje aumente a un 90 o 95 %, no sólo en zonas rurales sino en todo el territorio colombiano. con acceso gratuito y eficaz a los medios digitales o conectividad. Adicionalmente, además se espera el logro del objetivo planteado en el Decreto 088 del 2022, que consiste en implementar de forma eficaz los trámites estatales por vías digitales para el año 2037.