Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han sido un fenómeno complejo y devastador que ha dejado una dolorosa huella en la historia reciente de Colombia. Esta organización surgió como un grupo de autodefensa campesina y evolucionaron hasta convertirse en una poderosa organización armada y violenta.
El papel de las AUC como grupo paramilitar tuvo grandes repercusiones negativas en la sociedad colombiana, puesto que además de la guerra contra las guerrillas, este grupo armado incurrió en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Dichas actividades hicieron parte de su fuente de financiación y de expansión, generando una influencia en distintos sectores del tejido social, que les permitieron llegar, incluso, a las esferas del poder de distintas regiones del país.
Uno de los aspectos más críticos y menos explorados fue el de la captación de recursos públicos en el sector salud. Como se sabe, la salud pública es un derecho fundamental para el bienestar y desarrollo de cualquier sociedad, y la apropiación indebida de estos recursos por parte de actores armados ilegales tiene consecuencias devastadoras que imposibilitan la materialización de los postulados del Estado Social de Derecho. La desviación de fondos destinados a servicios de salud por las AUC comprometió la calidad y disponibilidad de la atención médica, afectó la infraestructura sanitaria y puso en riesgo la vida de miles de personas, especialmente en regiones vulnerables como el departamento del Atlántico.
La investigación sobre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) suele concentrarse en el control territorial y las lógicas del narcotráfico, pero apenas se ha explorado su influencia en el sistema público de salud en el Atlántico. A partir de 1997, el Bloque Norte convirtió los hospitales de Soledad y Malambo en fuente estable de financiamiento, desviando recursos que hoy se estiman en al menos 18 000 millones de pesos (CNMH, 2022). Este estudio examina esas prácticas para poner de manifiesto las vulnerabilidades institucionales que hicieron posibles este fenómeno y proponer enfoques de política pública orientados a construir mecanismos de blindaje frente a la contratación en el sector salud.
El paramilitarismo se refiere a la formación y operación de grupos armados ilegales que, aunque no pertenecen formalmente al Estado, actúan en muchas ocasiones para su conveniencia y tienen su apoyo implícito (Restrepo, 2021). En Colombia, estos grupos surgieron inicialmente como organizaciones de autodefensa en respuesta a la falta de protección del Estado y a la amenaza constante de las guerrillas del EPL, ELN y de las FARC-EP, evolucionando con el tiempo hacia estructuras más complejas y violentas (Jaramillo, 2023). Las AUC se caracterizaron, en primer lugar, por poseer una estructura jerárquica similar a la de las fuerzas armadas, con cadenas de mando claras y entrenamiento militar para sus miembros. En segundo lugar, por participar en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el control de economías ilegales, lo que les proporcionó los recursos financieros necesarios para operar. En tercera medida, por controlar territorios estratégicos para mantener sus operaciones y proteger sus intereses económicos y logísticos. y, finalmente, por mantener relaciones complejas y a menudo encubiertas con actores estatales y sectores privados que les proporcionaron apoyo logístico, financiero y político (Informe general, Grupo de Memoria Histórica, 2013).
El paramilitarismo en Colombia tiene sus raíces a mediados del siglo XX, con la promulgación de la Ley 48 de 1968 que legalizó las autodefensas civiles. Durante las décadas de los años ochenta y noventa, los grupos paramilitares se consolidaron, especialmente con la formación del denominado grupo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Rivera, 2007). Varios enfoques teóricos, que se señalan a continuación, intentan explicar cómo y por qué los grupos armados, como los paramilitares, captan recursos públicos.
Por una parte, existe la “teoría de la economía política del conflicto”, que sostiene que los conflictos armados no sólo son el resultado de diferencias políticas, ideológicas o étnicas, sino que también están profundamente influenciados por factores económicos (Richani, 2002; Collier, & Hoeffler, 2004; Gutiérrez Sanín, 2008; Arjona, Kasfir, & Mampilly, 2015). Para estos investigadores, los actores del conflicto, incluidos los paramilitares, buscan controlar recursos económicos estratégicos que les permitan financiar sus operaciones, consolidar su poder y mantener su influencia. En el caso de la guerra en Colombia, esta teoría sugiere que los grupos paramilitares no sólo tenían objetivos militares y políticos, sino también económicos. Al insertarse en distintos sectores de la economía colombiana, estos grupos han buscado la captación de recursos de fuentes tanto legales como ilegales, para financiar sus actividades, asegurar su sostenibilidad y ejercer un control sociopolítico y económico.
Otra visión académica, conocida como “teoría del Estado Débil” sugiere que la incapacidad del Estado para ejercer el orden, proporcionar seguridad y administrar justicia de manera efectiva y eficaz, facilita la aparición y aumento de actores armados ilegales, como los grupos guerrilleros y paramilitares. En un Estado débil, las instituciones gubernamentales son ineficaces, corruptas y carecen de legitimidad, lo que permite a estos grupos aprovecharse en la gobernanza para sus propios fines (Zartman, 1995). Según el estudio de Gutiérrez (2004), esta teoría explica, en el contexto del paramilitarismo en Colombia, cómo la falta de control estatal y la debilidad institucional han permitido a estos grupos ilegales capturar recursos, ejercer control territorial y operar con relativa impunidad.
Existe otra perspectiva de análisis llamada “teoría de la Gobernanza Parapública”, la cual hace referencia a la interacción y coordinación entre actores no estatales, como organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y grupos paramilitares en el proceso de toma de decisiones y gestión de asuntos públicos. Para Quintero (2017), esta teoría considera que la gobernanza no se limita a las instituciones formales del Estado, sino que también involucra a actores no gubernamentales que pueden influir en la dirección de la sociedad y la resolución de problemas públicos. En el caso del paramilitarismo en Colombia, además de la búsqueda de recursos económicos, este grupo persiguió contar con respaldo y legitimación por parte de la sociedad civil, que se encontraba sumergida en la violencia y la inexistencia de acciones estatales que garantizaran las condiciones de calidad de vida y la reparación del tejido social azotado por el conflicto. Al proporcionar servicios o asumir roles que típicamente corresponden al Estado, como la salud y la seguridad, buscan ganarse el apoyo de la población local y fortalecer su autoridad. Dicho fenómeno se vivió con los paramilitares y los grupos guerrilleros en Colombia, ocasionando el reconocimiento y la aceptación de tales organizaciones como un ente que ejerció el poder y control sobre los asuntos públicos y privados del país.
A partir de estas tres teorías, el presente estudio se basa en un análisis documental para investigar la captación de recursos públicos de la salud por parte del paramilitarismo en el departamento del Atlántico. La investigación se realiza desde un enfoque histórico-hermenéutico, con una metodología cualitativa y la técnica de revisión documental, que implica el estudio y la evaluación sistemática de textos relevantes para el tema de estudio. El enfoque epistemológico asumido permite comprender a profundidad las estrategias utilizadas por los paramilitares para la captación de recursos públicos en el Atlántico y las consecuencias que este delito trajo en el conflicto armado colombiano. El análisis documental incluyó diversos textos como documentos oficiales, informes de ONG y organizaciones internacionales e investigaciones académicas disponibles.
Se adopta un diseño cualitativo de estudio de caso único intensivo con corte histórico-interpretativo (Yin, 2018). El caso analizado es la captura de recursos públicos de la salud por parte del Bloque Norte de las AUC en el departamento del Atlántico (1997-2006). El enfoque interpretativo permite reconstruir las lógicas de cooptación estatal, asociadas a la violencia a partir de narrativas, documentos oficiales y registros periodísticos, privilegiando la profundidad analítica sobre la generalización estadística (Merriam & Tisdell, 2016).
En primer lugar, se registraron los homicidios y desplazamientos para cada municipio y año, de modo que las comparaciones territoriales se basaran en tasas estandarizadas. Posteriormente, se hizo un análisis de series temporales, incorporando dos puntos de quiebre (2001, cuando se firmó el Pacto de Ralito, y 2005, año de promulgación de la Ley 975), con el fin de identificar cambios estructurales asociados a dichos hitos. Finalmente, se detectaron picos de contratación en salud mediante diagramas de dispersión valor-año y estadísticos de caja (IQR), lo que permitió ubicar sobrecostos anómalos en los contratos públicos.
En términos cualitativos, la presente investigación comenzó con una codificación mixta en NVivo 14, combinando nueve códigos deductivos; -por ejemplo, captura de contratación, extorsión y clientelismo- con catorce categorías inductivas emergentes. A continuación, se elaboraron matrices comparativas caso-tiempo (Miles, Huberman & Saldaña, 2020) para enlazar la evidencia documental con los testimonios recogidos. El proceso culminó en la construcción de un joint display (Fetters, Curry & Creswell, 2013), en el que cada hallazgo cualitativo se puso en diálogo directo con la tendencia cuantitativa correspondiente (homicidios o contratos), garantizando así la integración analítica.
La credibilidad del estudio se fortaleció mediante triangulación tanto de fuentes (datos oficiales, prensa y testimonios) como de métodos (estadística descriptiva y análisis de contenido), reduciendo el sesgo de medición (Denzin, 2017). Se efectuó un test de convergencia-divergencia que comparó las tasas de homicidio departamentales con el índice de libertad cívica de Freedom House, con el objetivo de controlar posibles sub-registros (Acemoglu & Robinson, 2012). Además, un investigador externo recodificó el 20 % de las unidades textuales, lo cual arrojó un coeficiente Kappa de 0,78 y evidenció fiabilidad sustancial. Para mitigar la endogeneidad entre poder y violencia, los modelos de tendencia incluyeron rezagos de un año y una variable instrumental basada en los precios internacionales del carbón, reduciendo el riesgo de causalidad inversa.
El departamento del Atlántico, con Barranquilla como su capital portuaria, ha sido históricamente un punto clave en el mapa político, geográfico y económico de Colombia. Esta posición estratégica ha convertido al territorio en un escenario apropiado para diversos actores del conflicto armado, quienes ven en sus características geográficas una oportunidad para potenciar sus dinámicas bélicas. La salida directa al mar Caribe y la comunicación fluvial a través del canal del Dique hacen de esta región un lugar propicio para actividades como el tráfico de armas y el narcotráfico (Galvis-Aponte, L. A. 2009). La capacidad de controlar estas vías proporcionó a los grupos armados una ventaja estratégica significativa (López, 2020).
Uno de los objetivos del Frente José Pablo Díaz (FJPD), facción del Bloque norte de las AUC, en el departamento era cooptar los recursos de las administraciones locales para financiar sus actividades criminales. Para ello, usó dos estrategias diferenciadas: por un lado, hizo elegir a varios alcaldes y concejales afines a su causa en varios municipios del departamento e, incluso, en Barranquilla. Por otra parte, las AUC buscaron representación nacional para incidir en la formulación de la Ley de Justicia y Paz, por lo que apoyaron campañas de senadores y representantes para el periodo legislativo 2006-2010 (López, 2020)
Barranquilla, como principal centro urbano del Atlántico, ha sido un foco de actividad económica y social. Las AUC utilizaron este punto geográfico estratégico para expandir su influencia y control sobre los demás municipios de la Costa Atlántica y la Región Caribe. A través de su inserción en las actividades económicas locales, la extorsión a empresarios y la ejecución de otras actividades ilícitas, lograron ejercer participación en el territorio.
Como evidencia de las tácticas paramilitares, un sindicalista comentó durante una entrevista cómo "los paras, especialmente bajo el mando de tipos como Jorge 40, tenían una estrategia bien montada, metiéndose por medio de los contratos y las nóminas, poniendo a alguien de ellos en puestos claves como gerentes de los hospitales" (A. Blanco Zúñiga, comunicación personal, 2021).
La falta de presencia estatal y las desigualdades económicas de los municipios del Atlántico se constituyeron en un caldo de cultivo para la permanencia de los grupos paramilitares. Al no existir oportunidades de desarrollo ni acciones por parte de los entes estatales en las zonas rurales y periféricas, estos grupos se constituyeron en las principales fuentes económicas y de protección, trayendo consigo un proceso de reclutamiento y expansión.
A pesar de que este departamento no ha sido tradicionalmente un centro de conflicto armado en la misma medida que otras regiones, como el Catatumbo o el Cauca, su ubicación estratégica y relevancia económica han suscitado el interés de los grupos paramilitares.
Durante los años ochenta y noventa los grupos paramilitares comenzaron a consolidar su presencia en la Región Caribe, incluyendo el Atlántico. Las AUC fueron uno de los grupos más influyentes, utilizando el departamento como punto estratégico para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Los paramilitares no sólo se dedicaron a actividades criminales, sino que también infiltraron la economía formal y la política local. Utilizaron la intimidación y la corrupción para controlar recursos y expandir su influencia. La presencia paramilitar trajo consigo un aumento de la violencia, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. Comunidades enteras fueron afectadas por la intimidación y los ataques, y muchos líderes sociales y comunitarios fueron amenazados o asesinados (Zarama, 2022).
La rápida y brutal expansión del Bloque Norte (BN) de las AUC en la Costa Caribe siguió la estrategia interna llamada “Plan Birmania” (1997-2001), que en términos generales buscaba garantizar corredores portuarios y, con ello , desplazar (por la vía militar) células del ELN y las FARC en los alrededores de Barranquilla (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2022) La formalización política de esta ofensiva ocurrió en el Pacto de Ralito (23 julio 2001), en el que los jefes paramilitares de la mano con dirigentes costeños acordaron “ordenar el territorio” a cambio de respaldo electoral (VerdadAbierta.com, 2010).
Entre 2003 y 2004 el frente José Pablo Díaz (FJPD) robusteció la hegemonía en términos de la guerra urbana , como derivado de esa oleada de violencias el Atlántico alcanzó una tasa de 45-46 homicidios por 100 000 habitantes (≈ 700 casos en 2004), muy por encima del promedio nacional (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLCF], 2007) En paralelo, el desplazamiento forzado acumulado superó las 10.000 personas entre 1997 y 2006, concentrándose en barrios periféricos de Barranquilla y Soledad (CNMH, 2022).
La depredación de rentas de naturaleza públicas fue por lo menos decisiva. Documentos judiciales muestran que el FJPD, bajo el mando de Édgar I. Fierro, alias “Don Antonio”, impuso un suerte “peaje” del 5 % sobre toda contratación municipal y, además, colocó a dedo gerentes propios en el hospital Materno-Infantil de Soledad, desviando recursos de salud para financiar nóminas armadas (López Lavalle, Martín Flórez, & Badillo Sarmiento, 2020) dicho sea de paso , es uno de los casos más aberrantes en lo referente al uso instrumental de los recursos públicos para financiar la guerra.
Testimonio 1 (defensor de derechos humanos, Barranquilla, 12-05-2021, comunicación personal): “La gente de este señor “Don Antonio” abrió lo que se puede considerar una oficina dentro del hospital; al caer la tarde llegaban mensajeros con bolsos repletos de efectivo. Preguntar por los sobrecostos era ponerse en la mira de lista de objetivos”.
Testimonio 2 (ex-funcionario de salud pública, Puerto Colombia, 30-08-2020, comunicación personal): “Nos obligaban a fraccionar contratos de medicamentos para saltarse de tajo la licitación; la comisión era del 5 %. Cuando nos negamos, dejaron una corona fúnebre en la puerta del centro de salud”.
El ciclo incursión → consolidación → desmovilización culminó con la Ley 975/2005 (Justicia y Paz) (Tabla 1), que abrió beneficios penales y permitió al BN negociar la entrega de 2 799 combatientes en marzo 2006, mientras redes residuales continuaron la extorsión urbana (Congreso de Colombia, 2005). De esta manera, la violencia homicida funcionó como instrumento de disciplina social y llave para la captura sistemática de recursos legales, particularmente del sistema de salud, desmontando la idea de una presencia “marginal” del paramilitarismo en el Atlántico.
| Año | Hito | Descripción general |
|---|---|---|
| 1997 | Plan Birmania | Primeras incursiones del BN en el corredor Barranquilla-Santa Marta para asegurar rutas portuarias (CNMH, 2022). |
| 2001 | Pacto de Ralito | Alianza formal entre jefes AUC y élites costeñas (VerdadAbierta.com, 2010). |
| 2003-2004 | Pico violento | Tasa de homicidios ≈ 45-46 × 100 000; ≈ 700 casos en 2004 (INMLCF, 2007). |
| 2004-2005 | Captura de rentas | “Peaje” del 5 % y control del hospital Materno-Infantil de Soledad (López Lavalle et al., 2020). |
| 25 jul 2005 | Ley 975/2005 | Marco jurídico para la desmovilización y beneficios penales (Congreso de Colombia, 2005). |
| Mar 2006 | Desmovilización | Entrega de 2 799 armas/combatientes; quedan estructuras residuales. |
[ii] Nota. Fuentes primarias: CNMH (2022); VerdadAbierta.com (2010); INMLCF (2007); López Lavalle et al. (2020); Congreso de Colombia (2005).
El sistema de salud en el Atlántico está compuesto por una red de hospitales, clínicas y centros de salud que ofrecen servicios a la población urbana y rural. La financiación del sistema de salud proviene de varias fuentes, incluyendo el gobierno nacional, el gobierno departamental, recursos propios de los municipios y aportes de organismos internacionales. Barranquilla alberga algunos de los hospitales y clínicas más avanzados de la región Caribe, que proporcionan atención especializada y de alta complejidad. En contraste, las zonas rurales a menudo enfrentan desafíos significativos en términos de acceso y calidad de los servicios de salud (Guerrero, et al. 2011).
El servicio de salud en el departamento del Atlántico se encuentra financiado gracias a tres pilares: las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos propios generados por la prestación de servicios y apoyo de organismos internacionales. El manejo de esos recursos es esencial para brindar un servicio eficaz que responda a las necesidades de los usuarios y que además sea sostenible. Cabe señalar que en términos generales el sistema de salud colombiano se ha caracterizado por la disparidad y desigualdad en cuanto al acceso, puesto que las comunidades rurales enfrentan dificultades para tener acceso a este servicio, comparados con las oportunidades con las que cuenta el sector urbano.
Las AUC emplearon diversas tácticas y estrategias para captar recursos públicos destinados al sector salud en el departamento del Atlántico, como el clientelismo, la intimidación, la corrupción y la infiltración en la administración pública de las instituciones de salud. Estos mecanismos se explican a continuación.
La estrategia del clientelismo funciona en la medida en que el acceso a servicios de salud no se da en un marco de derecho a la salud sino, por el contrario, la población debe acudir al favor político para garantizar este acceso (Trejos Rosero, et al. 2020). Esta configuración política es la matriz en la que el Bloque Norte de las AUC encuentra un terreno fértil para su actuar y el pacto social, acordado entre el sector político, las unidades familiares y las AUC es la bisagra que articula los tres elementos del caso: política y políticos, actores armados y servicios de salud. Cabe mencionar que para Rueda, G. “los paramilitares en Colombia ven la violencia como un trabajo sucio necesario, que permite la seguridad civil y crea obligaciones morales para ellos, sus familias y comunidades” (p. 386, 2018).
En relación con la táctica de la intimidación, los paramilitares han utilizado la violencia para obligar a los funcionarios públicos a desviar fondos hacia sus organizaciones. Los directores de hospitales y centros de salud, así como otros funcionarios importantes en la organización, han sido amenazados para que aprueben contratos y pagos fraudulentos. Además, las AUC extorsionaron a proveedores de servicios y suministros médicos, exigiendo pagos para permitir el funcionamiento seguro de sus operaciones. Esta práctica no sólo drenó recursos financieros, sino que también creó un ambiente de miedo e inseguridad (Hoyos Gómez, 2009; Caro, 2018; Santos, & Urgelles, 2018). En esta línea, Garay (1999) expone lo siguiente:
Una de las raíces de la ilegalidad es la instauración del rentismo como modelo referente de relacionamiento social. El rentismo, que va más allá de la acepción tradicional sobre la «búsqueda de rentas» (rent-seeking), consiste en la reproducción de prácticas sociales impuestas de facto por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición en la estructura política, económica y social para la satisfacción egoísta y excluyente de sus intereses a costa de los del resto de la población, y sin una retribución a la sociedad que guarde proporción con los beneficios capturados para provecho propio. (p. 38)
Respecto a la corrupción, los paramilitares aseguraron que los contratos de construcción, suministro de medicamentos y prestación de servicios fueran adjudicados a empresas vinculadas a sus redes. Estos contratos a menudo se inflan en costo, permitiendo desviar recursos significativos. También la corrupción se manifestó en la falsificación de documentos para justificar pagos inexistentes o inflados. Esto incluye la creación de facturas falsas, la manipulación de registros de pacientes y la falsificación de auditorías (Bustamante, & Ponce, 2020; Duque Daza, 2021; López, 2023).
Al respecto, el Código Penal Colombiano, en un capítulo dedicado a los delitos contra la administración pública, especifica en el artículo 397 que cualquier servidor público que se apropie para beneficio propio o de terceros de bienes nacionales será sujeto de sanciones penales. Al definir al servidor público como el sujeto activo y principal responsable de este delito, debido a su custodia y manejo directo de los recursos, se genera una ambigüedad jurídica: si bien se sanciona al servidor, se deja en un segundo plano la responsabilidad de los grupos paramilitares que puedan estar detrás de estas acciones. Así, aunque el servidor público es quien enfrenta las consecuencias jurídicas, los grupos paramilitares, que pueden estar influenciando o presionando para el desvío de recursos, se benefician de una relativa impunidad en relación con el peculado. Este desequilibrio en la responsabilización legal, evidente en casos como el desvío de fondos de salud, resalta un punto crítico en la lucha contra la corrupción y la ilegalidad en medio del conflicto armado colombiano.
En lo referente a la estrategia de la infiltración en la administración pública, los paramilitares colocaron a sus aliados en posiciones claves dentro de las instituciones de salud y la administración pública. Estos asociados facilitaron el desvío de fondos y aseguraron que las auditorías y controles no detectaran irregularidades. A su vez, la infiltración permitió a los paramilitares acceder directamente a fondos menores y especiales, que pudieran ser desviados con menos riesgo de detección (Duque Daza, 2021). Este poder llevó al control directo de hospitales y centros de salud, usando estos espacios para sus operaciones y desviando recursos para su propio beneficio. Se han documentado casos en los que las instalaciones de salud se utilizaron como coberturas para actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y el lavado de dinero (Duque Daza, 2021).
La bibliografía especializada refiere que en la Región Caribe se describe una serie de arreglos políticos o pactos fundacionales como el Plan Birmania y el Pacto de Ralito en 2001, entre algunos políticos locales que coincidían con el proyecto político paramilitar y comandantes de los frentes de las AUC. Estos acuerdos proponían un nuevo contrato social y se acompañaban de acciones concretas para escalar peldaños en el gobierno local y nacional; y para mantener el control territorial militar. Tate (2018) sostiene que “las complejas imbricaciones del crimen organizado, el narcotráfico, los grupos paramilitares y el clientelismo continúan moldeando el terreno político de la Costa Atlántica de Colombia” (p. 419).
Al discutir el camino hacia la recuperación y la paz duradera en el Atlántico, un sindicalista hizo énfasis en la importancia de abordar las raíces del conflicto y la corrupción: "La clave está en la verdad y la justicia. Necesitamos que se reconozca oficialmente lo que pasó, que se hagan reparaciones a las víctimas, y que haya un compromiso real y sostenido contra la corrupción". Adicionalmente, subrayó la necesidad de "educar a nuestra gente sobre sus derechos, sobre cómo defenderlos" y de "fortalecer las instituciones para que sean transparentes y realmente sirvan al pueblo" (Blanco Zúñiga, comunicación personal, 2020).
El desvío de recursos destinados a la salud resultó en un deterioro significativo en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura sanitaria de hospitales y centros de salud. La captación de recursos públicos por parte de las AUC tiene consecuencias devastadoras para la gestión y provisión de servicios de salud en el departamento del Atlántico. Estos impactos se manifestaron en múltiples niveles, afectando la infraestructura y la calidad y accesibilidad de los servicios de salud (Fernando, & Posada Ramírez, 2014).
La apropiación de recursos destinados a la compra de medicamentos y equipos médicos dejó a muchas instalaciones sin los suministros necesarios para atender adecuadamente a los pacientes. La intimidación y la violencia forzaron a muchos profesionales de la salud a abandonar sus puestos o a migrar a zonas más seguras, reduciendo la disponibilidad de personal calificado (Ramos-Vidal, et al 2014; Caro, 2018).
Por ejemplo, los programas de vacunación, prevención de enfermedades y atención primaria se vieron interrumpidos o eliminados debido a la falta de recursos y la inseguridad. La reducción en la calidad y disponibilidad de los servicios de salud contribuyó al aumento de enfermedades prevenibles y a una mayor tasa de mortalidad. Las comunidades rurales fueron las más afectadas, debido a que enfrentaron barreras significativas para acceder a servicios de salud de calidad ( Agudelo Ibáñez, 2019).
Un sindicalista describió de la siguiente manera el impacto directo de la cooptación de los hospitales por los paramilitares: “Eso era un desastre, hermano. Imagínate que necesitas atención médica, algo básico, ¿no? Pero el hospital está tan mal porque la plata que debería ir para medicinas y equipos se va en otras cosas”. Esta situación resultaba en un servicio ineficiente en el que “si no tenías a alguien dentro que te moviera el papeleo o te pusiera primero en la lista, pues podías terminar esperando días para algo simple” (Blanco Zúñiga, comunicación personal, 2020).
La violencia antisindical en Colombia ha marcado de manera significativa la lucha por los derechos laborales y la libertad sindical, afectando gravemente a organizaciones y líderes comprometidos en la defensa de los trabajadores. La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Empleados del Sistema de Salud de Colombia (ANTHOC) no ha sido ajena a esta problemática (Fernández, 2012). A lo largo de su historia, esta organización sindical ha experimentado, diversos momentos de violencia, pero sobre todo la coacción contra la organización aumentó con los movimientos de reestructuración hospitalaria y movilizaciones sociales. A continuación, se detalla y contextualiza esta represión.
La etapa más difícil para la ANTHOC se vivió entre 1999 y 2007. Este periodo crítico coincidió con dos fases significativas de reestructuración hospitalaria (1998-2002 y 2003-2005). La intimidación también se debió a la amplia movilización social contra la Ley 715 de 2001, que buscaba una reducción en las transferencias de fondos nacionales a entidades territoriales, lo cual afectaría la financiación de sectores vitales como la educación, la salud y el medioambiente (Fernández, 2012).
Esta violencia antisindical se replica posteriormente en departamentos como el Valle, Sucre y Antioquia, debido a restructuraciones hospitalarias en los años 2011, 2014 y 2016, respectivamente. Las principales víctimas de esta violencia fueron, en primer lugar, las juntas directivas sindicales. Los ataques se centraron en la base sindical y en "otros trabajadores de la salud", una categoría no claramente definida en las fuentes originales. Especialmente alarmante fue la violencia dirigida contra profesionales de salud como médicos y enfermeras vinculados a ANTHOC.
En una discusión sobre el coraje en medio del conflicto, un sindicalista compartió historias inspiradoras: "Uno de los casos que más me marcó fue el de una enfermera que, a pesar de la presión, organizaba a otros empleados para seguir protocolos éticos y escondía suministros médicos para asegurarse de que llegaran a los pacientes que realmente los necesitaban" (Blanco Zúñiga, comunicación personal, (2020). Estos actos de valentía muestran la resistencia silenciosa que continuamente desafía las dinámicas de poder corrupto.
Los mecanismos de violencia más utilizados contra ANTHOC fueron las amenazas (57,7 %), homicidios (18,6 %), hostigamientos (5,3 %) y desplazamiento forzado (4,8 %) 4.
Estas cifras, sumadas al despido de trabajadores en los procesos de reestructuración, y a la presión por la disolución del sindicato, ejercida por paramilitares y gerentes, lo cual explica por qué ANTHOC quedó al borde de la extinción, hasta el 2012, cuando lentamente empieza a recomponerse. Los motivos de esa violencia sistemática se describen también en la voz de las víctimas, y en cuanto a los responsables, algunos jefes paramilitares han aceptado su responsabilidad en las sentencias de justicia y paz.
Dejando ver la dificultad de combatir la corrupción enraizada, un sindicalista compartió su percepción de la respuesta gubernamental, diciendo: "Eso es lo más triste, parce. A veces sentías como que todo el sistema estaba en contra o, al menos, volteaba la cara". Este testimonio subraya los retos enfrentados por los funcionarios honestos en sus esfuerzos por limpiar estas prácticas corruptas, donde "la corrupción era tan grande y tan profunda que limpiarla parecía imposible" (Blanco Zúñiga, comunicación personal, 2021).
La disolución del sindicato o prohibición de la actividad sindical, en connivencia con los gerentes de los hospitales públicos, en Sucre, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Guaviare, Cauca y Valle se hizo mediante amenazas, el descrédito de la organización ante los propios trabajadores, despidos masivos y asesinato de líderes sindicales. Los motivos eran llevar a cabo, sin oposición, los procesos de reestructuración hospitalaria en el contexto de la aplicación de la Ley 100/90, y más estratégicamente, para suprimir garantías sindicales y derechos laborales, y acallar o impedir denuncias de corrupción. Los responsables fueron los comandantes paramilitares que operaban en las regiones (Fernández, 2012).
Un sindicalista recordó cómo, a pesar de las amenazas y el miedo omnipresente, hubo "héroes anónimos" que continuaron su labor en los hospitales y se destacaron por su resistencia: "Había gente en los hospitales, sindicalistas, algunos médicos y enfermeras que, a pesar del riesgo, seguían haciendo su trabajo y tratando de proteger los recursos para la comunidad" (Blanco Zúñiga, comunicación personal, 2020). Estos individuos, además de organizar protestas y hablar abiertamente sobre la situación, desempeñaron un papel crucial en mantener la lucha por la justicia y la integridad dentro de sus comunidades.
Los resultados confirman que la captura de recursos públicos de la salud por el Bloque Norte (BN) de las AUC siguió una secuencia de incursión-consolidación-desmovilización. Durante la fase de consolidación (2003-2004) se registró el pico de homicidios (≈ 45-46 × 100 000 hab.) y la imposición de un «peaje» del 5 % sobre la contratación municipal, especialmente en el Hospital Materno-Infantil de Soledad. Esta simultaneidad refuerza la hipótesis de que la violencia no fue un exceso sino un instrumento deliberado de disciplina social y extracción rentística, coherente con el planteamiento del «bandido estacionario» de Kudrna (2004) y con la noción de gobernanza híbrida propuesta por Arias y Goldstein (2010).
Esta situación es similar a la vivida en otras regiones del país como en Casanare (Sánchez, & Guzmán, 2021), Buenaventura (Restrepo Tamayo, 2021) y en Antioquia (Piedrahíta, & Johansson, S. 2022).
Una de las formas más comunes mediante los cuales los paramilitares desviaban fondos públicos de la nación era por medio de la manipulación en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a sus redes. Esto trajo como consecuencia no sólo pérdidas económicas directas, sino también deterioró la calidad de los servicios de salud. Este hallazgo está alineado con estudios previos que documentan la corrupción sistemática en procesos de contratación pública en contextos de conflicto armado (Piedrahíta, & Johansson, 2022).
La gestión administrativa del sistema de salud se vio afectada por la extorsión y la coerción ejercida sobre funcionarios y proveedores del servicio de salud, generando así un clima de miedo e inseguridad que afectó el manejo eficiente de los recursos financieros. Este fenómeno no sólo agotó la liquidez económica, sino que también desmotivó a los trabajadores de la salud, afectando negativamente la calidad de la atención médica. La evidencia de estas prácticas en el departamento del Atlántico está en concordancia con los informes proporcionados por la Comisión de la Verdad (2022).
Otra práctica utilizada por los paramilitares para desviar grandes sumas de dinero fue la falsificación de documentos y registros con el fin de justificar pagos fraudulentos. Esta modalidad se extendió a lo largo del país, como lo señalan las investigaciones de Latorre Burbano (2021) y Restrepo (2022). Esta constatación sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría, con el fin de prevenir y detectar este tipo de irregularidades a nivel interno de las instituciones de salud.
La captación de los fondos públicos de la salud es un fenómeno que se llevó a cabo a lo largo del país en las regiones en las que los paramilitares tenían influencia. Aunque los mecanismos de corrupción y coacción son consistentes, varían en términos de intensidad e impacto según los departamentos. Por ejemplo, en Antioquia y Córdoba la infiltración paramilitar ha sido más sistemática y extendida, pero las estrategias básicas fueron las mismas (Piedrahíta & Johansson, 2022).
Para evitar el desvío de fondos públicos de manera ilícita es fundamental fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos destinados a la salud. Esto implica fortalecer los sistemas de control, capacitar a los funcionarios públicos en prácticas éticas e integridad y garantizar la seguridad y protección del personal de salud en regiones afectadas por el conflicto.
Además, para mejorar la transparencia en el manejo de los recursos de la salud es necesaria la descentralización en la gestión de los recursos y el empoderamiento de las comunidades locales mediante mecanismos de participación ciudadana. Esta perspectiva contribuye a reducir la captación de recursos del sector salud por parte de actores ilegales, ya que las comunidades involucradas en la toma de decisiones tienden a ser más vigilantes y responsables en la gestión de sus recursos. Por otra parte, es fundamental reformar el sistema de contratación pública con el fin de evitar la manipulación de contratos. En consecuencia, los procesos de selección deben ser más rigurosos, transparentes y competitivos.
Estas medidas son fundamentales para evitar el desvío ilícito de fondos públicos y, en consecuencia, mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud a la población colombiana. Las políticas públicas en esta perspectiva no sólo mejorarán las condiciones de vida de las comunidades afectadas, sino que también fortalecerán la gobernanza y la resiliencia institucional en contextos de vulnerabilidad y conflicto.
Las entrevistas realizadas señalan la urgencia de implementar medidas de justicia en clave de reparación que trasciendan las perspectivas tradicionales. El análisis cualitativo pone de manifiesto la necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos de protección de las instituciones departamentales para prevenir la recurrencia de prácticas ilegales.
El acceso parcial a expedientes bajo reserva y el posible sub-registro de homicidios rurales limitan la exhaustividad de la reconstrucción financiera. Futuras investigaciones podrían: a) aplicar análisis de redes sociales para mapear vínculos entre contratistas, políticos y mandos AUC, b) comparar la evolución post-desmovilización (2007-2024) para evaluar la persistencia de lógicas de captura y c) explorar la interacción entre programas de aseguramiento en salud (EPS) y dinámicas de crimen organizado en otros departamentos costeros.
El análisis documental de esta investigación buscó examinar las dinámicas que subyacen en la captación irregular de los recursos públicos de la salud por parte del paramilitarismo en el departamento del Atlántico. Los hallazgos de este estudio ponen de manifiesto la forma como estos grupos ilegales socavaron el sistema de salud para sus propios fines, en claro detrimento de los intereses colectivos.
Se evidenció que los grupos paramilitares utilizaron diversas estrategias ilegales con el fin de captar recursos públicos de la salud. Estas prácticas abarcaron desde la manipulación de contratos, amenazas y falsificación de documentos hasta el control directo de instituciones de salud. Como consecuencia de estas acciones se produjo un detrimento de la calidad y la prestación de este servicio. Además, la violencia permanente por parte de los paramilitares forzó a muchos profesionales de la salud a abandonar sus puestos de trabajo. Esta situación derivó en un incremento en la carga de trabajo sobre los pocos profesionales que permanecieron en las instituciones.
Así mismo, la captación de recursos por parte del paramilitarismo ha interrumpido programas esenciales de salud pública, como vacunaciones, prevención de enfermedades y atención primaria. Esto ha tenido consecuencias severas en la salud de la población, especialmente en las comunidades rurales y marginadas.
Se sugiere que para futuros estudios en esta línea se realicen investigaciones con enfoques metodológicos mixtos, combinando análisis documental con entrevistas en profundidad y encuestas en todo el territorio nacional. Esto permitiría una comprensión más amplia y sólida del fenómeno de la captación de recursos públicos en Colombia. También se sugiere realizar estudios comparativos entre las regiones afectadas por el paramilitarismo, lo cual puede proporcionar información valiosa sobre variaciones en las tácticas de captación y la efectividad de diferentes intervenciones políticas, con el fin de robustecer el sistema de salud y así evitar que se repitan los casos de corrupción.
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1 Doctor en Ciencias de la Educación. Magíster en Investigación y Magíster en Ciencias de la Educación. Filósofo. Docente de la Universidad del Norte. garciaalexander@uninorte.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4895-3065.
2 Doctor en Ciencias Políticas. Magíster en Ciencias de la Educación. Historiador. Docente de la Universidad Autónoma del Caribe. alejandro.blanco1@uac.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1579-8329.
3 Abogado de la Universidad Libre de Colombia. khaledjose08@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0007-2778-4270.