Mirada Socio-Jurídica de la Criminalización del Fenómeno Migratorio Venezolano en Colombia*
A Socio-Legal Perspective on the Criminalization of the Venezuelan Migratory Phenomenon in Colombia
Wilson Rene García Bohórquez**
Dalia Carreño Dueñas***
* El siguiente articulo de investigación hace parte del proyecto Justicia, paz y legitimidad de la institución Universidad Santo tomas.
** Abogado. Maestrante Derecho Penal Universidad Santo Tomás. Correo electrónico: wilsongarciab@usantotomas.edu.co; renegarcia5@hotmaiil.com CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655022 ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9933-167. Google Académico:. https://scholar.google.es/citations?user=FSax5IQAAAAJ&hl=es
*** Doctora en Derecho Universidad Santo Tomás, Licenciada en Filosofía y Letras, Licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas, Especialista en Derecho Penal, Magister en Educación, Abogada. Docente Universidad Santo Tomás. Líder del Grupo Socio Humanística del Derecho A1 Minciencias. Correo electrónico: dcarrenod@gmail.com CvLAC: https://acortar.link/FKMn9q ORCID: https://acortar.link/TFHFL4 Google Académico: https://acortar.link/rcz4Ym
Fecha de recepción: 01 de enero de 2024 Fecha de aceptación: 03 de marzo de 2024
Resumen
Este artículo, resultado de investigación, tiene como objetivo analizar la relación entre la migración masiva de venezolanos y la percepción de una mayor criminalidad en las principales ciudades de Colombia. Pese a que esta migración es cuestionada por algunos colombianos como un componente que repercute en la inseguridad ciudadana, el análisis de los estudios sobre los flujos migratorios, los delitos y la actividad operativa del sistema penal que se presentan en este artículo, señalan que las situaciones de seguridad no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos; por el contrario, indican que la población venezolana se ha incorporado en las dinámicas del país, manejándose como el grueso de la población, lo que significa que no hay una diferencia entre los ciudadanos colombianos y venezolanos con referencia a su inserción en actividades delictivas o como víctimas de estas. De esta manera, no es preciso tomar medidas de control y prevención sobre la población venezolana para reducir los índices delictivos en Colombia, sino establecer una política de seguridad ciudadana integral que, aparte de disminuir el crimen, produzca una reducción en la participación de los migrantes venezolanos en actividades delictivas.
Palabras clave: Migración, percepción de seguridad, criminalización, desarraigo, penalidad.
Abstract
The objective of this research article is to analyze the relationship between the massive migration of Venezuelans and the perception of increased criminality in Colombia's main cities. Although this migration is questioned by some Colombians as a component that has an impact on citizen insecurity, the analysis of the studies on migratory flows, crime and the operational activity of the criminal justice system presented in this article indicate that security situations have not been affected by Venezuelan migrants; on the contrary, they indicate that the Venezuelan population has been incorporated into the dynamics of the country, managing itself as the bulk of the population, which means that there is no difference between Colombian and Venezuelan citizens with reference to their insertion in criminal activities or as victims of these. Thus, it is not necessary to take control and prevention measures on the Venezuelan population to reduce crime rates in Colombia, but rather to establish a comprehensive citizen security policy that, in addition to reducing crime, produces a reduction in the participation of Venezuelan migrants in criminal activities.
Keywords: Migration, perception of security, criminalization, uprooting, penalty.
Introducción
El fenómeno de la migración de ciudadanos venezolanos a Colombia es una cuestión primordial a resolver en el sistema jurídico colombiano, pues la salida de los venezolanos de su país ha obligado al Gobierno, a la academia, a las ONGs, entre otras instituciones, a visualizar mucho más de cerca el asunto que puede transformarse en una crisis humanitaria si no se da la atención que corresponde, empezando por la necesidad de que el país cuente con una política integral migratoria que integre criterios de definición claros, no solo sobre los asuntos humanitarios más inmediatos como atención en salud, acceso al mercado laboral y garantía del derecho a la educación; sino sobre temas como la política criminal, pues este fenómeno ha sido percibido por la opinión pública como un catalizador de la delincuencia urbana en los últimos años, sobre todo, en las grandes ciudades de Colombia.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la migración de venezolanos en el mundo asciende a un aproximado de 7.1 millones de personas, de los cuales 2.4 millones cuentan con permisos de estadía (Agencia de la ONU para los Refugiados -ACNUR-, s.f.). En cuanto a este fenómeno, en razón al condicionamiento de compartir frontera terrestre y marítima con Venezuela, Colombia se ha convertido en uno de los países que ha resultado más afectado por la entrada de venezolanos al país, considerando que se constituye como uno de los Estados de Latinoamérica con mayor acogimiento de migrantes y refugiados del vecino país. Según el Informe Nacional de Caracterización de Población Migrante en Venezuela del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela, del Departamento Nacional de Planeación, "para el 28 de febrero de 2022 se estimaba una población de 2.477.588 migrantes de Venezuela con vocación de permanencia en el país" (Departamento Nacional de Planeación - DNP., 2022, pág. 6). Con base en este preocupante asunto, que establece el éxodo de venezolanos hacia Colombia particularmente, el Estado colombiano ha acogido distintas medidas para hacerle frente, tales como procesos de caracterización sistemáticos de la población migrante a través del Migración Colombia para alimentar la base de datos del SISBEN, atención prioritaria en centros de salud, acceso a niveles de educación básica, entre otros (Departamento Nacional de Planeación - DNP., 2022, pág. 9), teniendo en cuenta que estas deben ser consecuentes con los estándares instaurados por el Derecho Internacional de Derechos Humanos - DIDH, con el propósito de garantizar la protección de estos bienes jurídicos concernientes al ser humano.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, estos han sido insuficientes en algunos aspectos como el tema de las transiciones ocupacionales. Según el informe del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Colombia, el tema de la empleabilidad de los migrantes venezolanos es un grave problema, pues de las personas que estuvieron empleadas en Venezuela antes de migrar (1.056.367, cerca del 50% del total), cerca del 30% no tuvo trabajo; de las personas que no tuvieron trabajo antes de emigrar, el 62,8% no está trabajando; más las personas de las cuales no se tiene información, hacen que aproximadamente 1 millón de venezolanos en Colombia no tenga actividad económica (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Colombia, 2022, pág. 2), lo que lleva a la informalidad o, en algunos casos reportados por autoridades civiles y policiales, a actividades delictivas para poder sobrevivir. De acuerdo con un estudio hecho por investigadores de la Universidad del Rosario:
La población migrante que viene de Venezuela no presenta niveles educativos particularmente elevados. Uno de los temas que más preocupa a instituciones como la Defensoría del Pueblo o Migración Colombia es que muchas de estas personas están siendo reclutados por bandas criminales que operan en distintas ciudades del país y que incrementan la inseguridad. (Universidad Externado de Colombia, s.f.).
Junto a lo anterior, informes de la Policía Nacional (2022) dan cuenta de la correlación proporcional entre el aumento del flujo migratorio de venezolanos y el aumento de las capturas de venezolanos. De esta manera:
[...] con base en las cifras de detenidos que maneja el sistema de información de la Policía Nacional, se puede observar cómo, desde 2016, del total de las personas detenidas por la comisión de delitos en Colombia, el porcentaje de migrantes venezolanos detenidos ha venido creciendo en los últimos seis años: se pasó de representar el 0,3 por ciento en 2016 al 9,7 en lo que va corrido de este año. Según estas cifras, de los 15.889 venezolanos capturados en 2021, el 28 por ciento fueron en Bogotá, el 13 por ciento en Medellín, 9 por ciento en Cúcuta, 4 por ciento en Barranquilla y Bucaramanga y con el 2 por ciento están Cartagena, Cali y Villavicencio, cifras que representan el 90 por ciento del total de venezolanos capturados, (Acero, 2022). Así pues, el aumento en la comisión de delitos por parte de migrantes venezolanos, unido a los vacíos existentes en la política migratoria, llevan a que el sistema jurídico-normativo colombiano carezca de respuestas oportunas ante el acontecer delictivo de la población migrante y que con esto crezca la percepción de inseguridad ciudadana, sobre todo en las grandes ciudades del país; que derivan en la necesidad, como objetivo del presente trabajo, de analizar la actualidad de la política criminal en relación con este ámbito, con el fin de determinar cuáles pueden ser los vacíos que serían objeto de mejora en relación con la oportuna judicialización de estas personas.
De esta manera, el presente artículo está circunscrito a la pregunta ¿Cómo se puede interpretar, el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana, en relación con el fenómeno migratorio de venezolanos hacia Colombia desde el análisis de las actuaciones institucionales? A priori, podría darse una respuesta desde el análisis de las actuaciones institucionales, que pasa por la necesidad de solicitar mayor cooperación de los organismos internacionales para solventar las dificultades de los migrantes en Colombia, fortalecer el sistema judicial para formalizar en distintos ámbitos a esta población, y definir los parámetros de actuación del derecho penal y procesal, para eventos donde los migrantes se vean inmersos en actuaciones delictivas. Para obtener una solución sobre las implicaciones jurídicas e incluso penitenciarias que tiene la entrada ilegal de venezolanos al país y de aquellos que cometieron un delito, se empleará el método inductivo el cual deja llegar a conclusiones más allá de lo mero fáctico, a partir del estudio de la problemática de la delincuencia que se ha venido ocasionando en el país por parte de inmigrantes venezolanos.
Así pues, en primer lugar, se realiza un breve análisis teórico de la migración, se describe de forma más amplia el contexto de la migración venezolana; en segundo lugar, se analiza el fenómeno migratorio en función de la delincuencia en Colombia, a partir de las actuaciones de las instituciones para enfrentarlo; para finalmente dar algunas conclusiones.
El Contexto General de la Migración: Análisis Teórico
De acuerdo con Donna Cabrera, hay que tener presente los precedentes históricos para profundizar la problemática de la migración actual. Para el caso de Colombia, cuando el conflicto armado en la década de los 70 estaba vinculado más estrechamente con el fenómeno del narcotráfico y la proliferación de sus actores, muchos colombianos se fueron para Venezuela en calidad de desplazados. Hoy, años después, esos mismos connacionales están volviendo al país con sus familias, junto a numerosos ciudadanos venezolanos que buscan refugio en Colombia (Universidad Externado de Colombia, s.f.).
La migración es un asunto común y natural del ser humano, que debe observarse y comprenderse desde un panorama más amplio. Desde la mirada de los derechos humanos y teniendo en cuenta el contexto histórico, se deben recordar los colombianos que migraron a Venezuela en los años 70 y 80, lo hicieron como resultado de la grave violencia y crisis económica que atravesaba el país. Ellos aprovecharon el auge petrolero del vecino país, en aquel entonces, por lo que la recepción de migrantes se pudo ver también como un gesto solidario, en esa época. Esta situación, va en consonancia con las tendencias jurídicas de definir de mejor manera el principio de territorialidad, sin abandonar el principio de solidaridad, de modo que:
Con el transcurrir de los años, con la estabilización de los Estados y la defensa de las fronteras, los países redefinen el concepto de territorialidad desde la creación de instituciones jurídicas como la nacionalidad y la ciudadanía, que persiguen limitar el acceso a los territorios y a los derechos que de manera evolutiva se van reconociendo en sus ordenamientos jurídicos internos, desde el vínculo jurídico político entre la persona y los países, en esos tiempos remotos se sensibilizaba a los Estados vecinos sobre la necesidad de que se predicara la solidaridad y hospitalidad entre los pueblos. (Universidad del Rosario, s.f.).
Además, según Palacios Sanabria, esta problemática puede ser una bomba de tiempo si no se atiende y se refleja en unas normas jurídicas, que den protección efectiva desde los derechos humanos, lo cual supone grandes desafíos para el país tanto en el contexto jurídico como institucional y operativo, al enfrentarse al desarraigo, y la falsa sensación de impunidad que conlleva. (Palacios S., s.f.). Así pues, "hoy en día nos enfrentamos a la paradoja de que en un mundo cada vez más globalizado, en el que se predica la libre circulación de información y capitales, se restringe de manera cada vez más fuerte la libre circulación de las personas" (Palacios S., s.f.), lo cual supone un lastimoso contraste normativo entre los postulados de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y la eficacia de la protección hacia los derechos de las personas que se movilizan por diversas causas, ya que las motivaciones no siempre son económicas.
Por otra parte, no hay Estado actual que haya salido con éxito de los problemas migratorios. En tiempos de antaño, la migración no era comprendida como un asunto de soberanía, pero desde el siglo XVIII entró en crisis el concepto clásico de soberanía hobbesiano1, pues se agudizó con toda la concepción liberal clásica de la noción del ciudadano y del nacionalismo, lo que hizo imposible una visión más extensa frente al tema de tránsito de masas de un lugar a otro. Referente a eso, la investigación en cabeza de Palacios reafirmó que el traslado poblacional, es muy significativo para el ser humano, para la conformación de los Estados, la nación, la patria, y sin duda para el poblamiento de los continentes, porque sin ella la humanidad no sería lo mismo que en la actualidad. Además, resaltó el valor de este tipo de movimientos poblacionales para las sociedades de origen y las sociedades de acogida, en la medida en que la globalización exige intercambio cultural y económico que deja beneficios a los Estados, cuando estos ven en la migración una oportunidad de civilización, desarrollo, compensación y no un lastre. (Palacios S., s.f.).
Se ha evidenciado también que el discurso migratorio se emplea políticamente, se instrumentaliza y utiliza de conformidad con el beneficio o no de las naciones más desarrolladas. En este punto, "si necesito mano de obra barata para trabajos, por ejemplo, de servicio doméstico o de agricultura, abro fronteras; pero si me encuentro en crisis económica digo que los extranjeros me están quitando oportunidades laborales, [...] limitó las posibilidades de circulación" (Universidad del Rosario, 2017). A este panorama se anexa algo inevitable: la forma de percibir de la ciudadanía, quienes manifiestan que el país ya tiene muchos problemas de primera necesidad como para tener que hacerse cargo de las dificultades de los venezolanos que llegan también con muchas carencias y que requirieron del "0,5% del PIB de Colombia" (FMI, 2022).
Estas cifras del gasto estatal en atención de migrantes "Con más de dos millones de recién llegados, esto significa USD 1.300 millones en asistencia. En 2019, el costo alcanzó el nivel máximo" (FMI, 2022), transforma la solidaridad ciudadana en un discurso que polariza porque consolida el estereotipo que relaciona a los migrantes con delincuencia o crímenes, situación de irregularidad o indocumentados que da pie a actitudes de discriminación e incluso xenofobia por parte de muchos colombianos (Universidad del Rosario, s.f.).
La sociedad actualmente es distinguida por la falta de permanencia, la incertidumbre y el cambio recurrente. Bauman señala esta era postmoderna con el concepto de liquidez, en clara oposición a la idea de lo estático, lo definido y lo sólido como atributos propios de la modernidad; en palabras del autor " los líquidos, al contrario de los sólidos, no pueden mantener fácilmente su forma.... La vida líquida es una vida precaria vivida bajo condiciones de incertidumbre constante" (Bauman, Modernidad Líquida, 2003).
La preocupación ciudadana en la actualidad, en especial la sensación de inseguridad en todos los niveles, transforma la manera de vivir de las personas e influye sobre la disponibilidad o reticencia a interactuar con seres humanos con costumbres distintas, que hasta hace poco no podían viajar con tanta facilidad y no eran vistos como una amenaza para la sociedad. Bauman (2007) hace énfasis en que los movimientos migratorios propulsados por la pobreza y por la necesidad de establecer mejores condiciones vitales destruyen las "perfectas estimaciones de los economistas occidentales", sobre todo, los efectos negativos generados por la globalización, que no contemplaron la migración.
Bauman (2007) examina las transformaciones observadas en los sentimientos, esencialmente en el amor y en los asuntos familiares; debate sobre la reiterada transformación de la sociedad, direccionada hacia un individualismo creciente, y también indaga sobre los cambios en el afecto demostrado hacia los semejantes. El crecimiento del individualismo que consume la era postmoderna implica la pérdida de valores comunes y la gradual estigmatización de los migrantes.
En los países de destino, los migrantes irregulares-pobres- son percibidos como extraños, diferentes, extranjeros, que inducen al miedo; en contraste con la actitud de acogida que habitualmente se adopta frente a otro ser humano, en igualdad de condiciones. Según el autor, las atrocidades experimentadas durante el Holocausto, en particular los sentimientos de rechazo del agresor/ofendido, han sido transferidos a las sociedades postmodernas como mixofobia, es decir "un impulso que conduce a archipiélagos de semejanza en medio de un universo de diferencia y variedad" (Bauman, Amor Líquido, 2007). El otro es visto como una amenaza para la seguridad y la libertad, por lo cual se le deniega la aceptación y se le condena al aislamiento y la alienación. Éstas son costumbres que se extienden en estos días (Bauman, Amor Líquido, 2007), a los venezolanos en Colombia. La problemática de la inmigración irregular abarca individuos que, por muchas razones, están en una situación de vulnerabilidad en la que su identidad es tenida como precaria.
El tercer mundo transnacional, señalado por Boaventura de Sousa Santos (2010), está conformado por migrantes que tienen toda clase de orígenes. Aquellos que tienen los más altos niveles de autonomía para ejercer plenamente sus derechos y, por ende, alejados de verse mezclados en situaciones riesgosas (ej. turistas) que, obviamente, están en clara ventaja frente a los inmigrantes envueltos en situaciones problemáticas y que deben afrontar un nivel mucho más bajo de aceptación social en general (ej. asilados y perjudicados por delitos como la trata de personas). Pero esta caracterización trasciende las variables de riesgo y de autonomía, en el sentido de que a los migrantes irregulares se les niegan sus derechos más básicos. El autor los clasifica como ciudadanos de tercera clase, dueños de un estatus indefinido; de igual forma, el autor etiqueta a los residentes legales como ciudadanos de segunda categoría, desde la clara disparidad entre estos dos grupos y los nativos a quienes, De Sousa, señala como ciudadanos de primera. En el año 2010, según señaló De Sousa Santos, la cantidad de inmigrantes ilegales en el mundo llegaría a la cifra de 25 millones, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (Santos, B. d., 2010.)
Es importante retomar a Bauman (2003), para quien la modernidad se cimentó en la idea de que el ser humano podía mejorar y cambiar el mundo. Con esta perspectiva tuvo que suprimir todo lo que no correspondiera a ese objetivo y se basaba en que el exceso fuera rechazado. Este grupo de desechos incluyó a "millones de personas que el mundo occidental trató como si fueran desechos, como algo no deseado que precisa ser descartado". Una vez hecha la selección por parte del mundo preparado (más que todo en ámbitos económicos) apareció el grupo compuesto por el exceso y lo superfluo, catalogado como una fuente de inseguridad. Los migrantes están incluidos en esta categoría; en argumentos de Bauman "los inmigrantes, en particular los recién llegados, exhalan el olor opresivo que persigue a las víctimas potenciales de esta creciente vulnerabilidad" (Bauman, Modernidad Líquida, 2003).
La globalización, la economía de mercado, que crea desechos, fue el componente para el nacimiento de este grupo, hasta el punto en que estos migrantes son empujados hacia la segregación (porque no tienen otra alternativa) y las políticas dispuestas para solucionar este dilema son inciertas por la complejidad del Estado mismo. Según Bauman, la postmodernidad es la carencia de certezas, de rigidez de las estructuras de las que la modernidad tuvo; éstas fueron reemplazadas por una continua inestabilidad y la transformación de los estados y las identidades de quienes se hallan en este proceso. La facilidad para adaptarse a esta nueva realidad constituye uno de los recursos necesarios, una cualidad que define a uno de los grupos analizados por Bauman: los turistas y los vagabundos. El turista es ese que logra no pertenecer al lugar que visita, representa la independencia, la movilidad (en la línea con la categorización -las variables de autonomía y de riesgo propuesta por Boaventura de Sousa Santos); ejerce sus derechos hasta que quiere irse a otro lugar, siempre es bienvenido y contemplado de manera positiva. Por otra parte, los vagabundos también están en movimiento, pero de manera forzosa y no tienen otra alternativa. Pero las verdaderas circunstancias por las cuales buscan mejores condiciones de vida son las mismas que los vuelven indeseables e inaceptables en las sociedades a las que llegan, del mismo modo que los llamados rechazados del autor Bauman (2003). En este punto, el turista es el alter-ego del vagabundo, pero este último es un peso del que la humanidad trata de deshacerse: representa al superviviente de la sociedad.
Por consiguiente, son bastantes los elementos que interfieren en la falta de integración de los migrantes en las sociedades de acogida y los elementos simbólicos negativos, segregacionistas, con que son recibidos. El Estado, en general, es más exigente con la conducta de aquellos que vienen de otra parte; no obstante, ¿eso los transforma en enemigos? Günther Jakobs, 2006, hace énfasis en la "conformidad con la expectativa normativa" que debe prestar la persona que hace parte de la sociedad; desde esta premisa elabora una frontera entre aquellos que satisfacen la expectativa normativa y aquellos que no. Para estos últimos, se origina el Derecho Penal del Enemigo, ya que el individuo que no garantiza eficazmente la expectativa normativa puede ser llamado enemigo y es causa de inestabilidad, amenaza, es un riesgo potencial.
Zaffaroni (2006) critica el significado de Derecho Penal del Enemigo ya que éste da paso a la separación entre las personas que reciben el trato de ciudadanos, aquellos que cumplen las leyes dadas por el Estado y las que son tratadas como enemigos, es decir, individuos dañinos, sujetos a un poder punitivo descomunal. Generalmente el migrante está incorporado en el contexto simbólico, del enemigo y sujeto a la carga comprensiva que este concepto lleva consigo, limitándole la oportunidad de devenir en un miembro de la sociedad, donde pretende acentuarse; él representa la entidad externa, el fuera de, el outsider en una sociedad que tiene conexiones preestablecidas, por lo que se resiste a abrir un espacio, en el cual pueda generar tejidos sociales con los extraños.
Desde siempre y como sucede ahora, el ser humano ha buscado lugares donde gozar de mejores condiciones de vida y, en algunas ocasiones, ha sido forzado a dejar su país y migrar hacia lugares remotos como el caso de Venezuela y otros en el mundo. La llegada de enormes cantidades de individuos que no pertenecen al lugar de acogida requiere de una gran capacidad de interacción de unos y otros. Los incrementados niveles de inseguridad y desconfianza han emergido en las ciudades; las relaciones interpersonales han devenido carentes de afectividad y ciertos sujetos migrantes han empezado a ganarse su lugar en el desarraigo, la necesidad, y la sensación de impunidad por no pertenecer, a través de infracciones contra el orden social. De ahí que, para el nacional receptor, el otro -migrante-es aceptado y percibido como advenedizo, es recibido con grandes reservas; es decir, el extraño, el foráneo, es el elemento raro, es emplazado en una cuarentena de aceptación y frecuentemente percibido como un hostil, un enemigo. Simmel (Waizbort, 2000) destacó la ambivalencia del extraño que habita en un limbo entre lo viejo y lo nuevo, presionando la frontera física. Este aspecto se materializa en la pertenencia, o no a un país o a una nacionalidad, y se cristaliza, simbólica y materialmente en los vínculos que establece (Waizbort, 2000). El migrante irregular no logra integrarse al tejido social.
Antecedentes de la Situación Migratoria de los venezolanos en Colombia
Para analizar el fenómeno migratorio de los venezolanos en Colombia es menester situarse en las investigaciones académicas según su elemento histórico y social, a nivel nacional e internacional. Para empezar, la depresión económica venezolana se comenzó a advertir en los principales indicadores macroeconómicos de esa nación, desde el año 2012, y sus consecuencias se han extendido no solo en el plano económico sino también en el político y social (CEPAL, 2018).
En el año 2017, el gobierno de Nicolás Maduro va en contravía del orden constitucional a través de la imposición de una Asamblea Constituyente, que sustituyó al poder legislativo legítimo, de mayoría opositora. Anterior a esta decisión estaba cierta posibilidad de suavizar el conflicto, a través de una negociación entre el gobierno y la oposición. La dictadura del gobierno y la represión del movimiento opositor transcurrieron en el tiempo. Todos los protocolos de diálogo se cerraron, incluido el del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en República Dominicana. El régimen venezolano, empero, progresó indemne hacia una reelección de Nicolás Maduro en el año 2018, sin las condiciones óptimas para un proceso confiable (Rojas R., 2019).
Considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 se hizo con base en normas electorales ad hoc, las eventuales contiendas se efectuaron con menos de la mitad del censo electoral dejando como resultado un alto abstencionismo por parte de los habitantes. Claro está que el desagrado del pueblo venezolano y del mundo, en general, no aguardó.
El mandato de Nicolás Maduro no sólo recibió críticas de los diarios más prominentes en todo el mundo sino igualmente de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos e inclusive de organismos como la Comisión Interamericana de derechos humanos. Tales críticas tuvieron raíz en cuatro situaciones primordiales: institucionalidad democrática; protesta social y libertad de expresión; violencia y seguridad ciudadana; y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Humanos A. C., 2019).
El relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales realizó un informe completo titulado "Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela" (2017), en el que expuso algunos de los puntos más importantes en torno a las vulneraciones del principio de separación de poderes que, según dicha entidad, generó un deterioro en la institucionalidad democrática y los derechos humanos en ese país. Así mismo, uno de los apartes de este informe señaló que:
La subversión del orden constitucional en Venezuela fue dada por una serie de elementos que presentan graves insuficiencias en su institucionalidad democrática, entre ellas la independencia del poder judicial que es, en opinión de la CIDH, un factor que incide de manera determinante en la injerencia del poder ejecutivo en el judicial y en el legislativo. Del mismo modo, un factor importante es la falta de independencia en los procesos de elección y la falta de garantías de permanencia en el cargo de magistrados y magistradas del TSJ, como se observa en este informe. Es por esto por lo que la comisión consideró, necesario que se adopten medidas para evitar riesgos a la independencia judicial, en la elección, nombramiento y permanencia de los miembros de la máxima instancia judicial en Venezuela. En particular, debe asegurarse que en los procesos de nombramiento se cumplan con la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente con participación de la sociedad civil; y la calificación con base en el mérito y capacidades profesionales, y en no afinidades políticas (Humanos C. I., 2017). Sin embargo, y a pesar de las razones utilizadas, Maduro siguió empeñándose en su reelección.
Más de 30 millones de personas y de un patrón electoral de más de 20, según cifras oficiales que ponen en duda organismos independientes y la propia oposición, votaron por
Maduro poco más de 6 de millones de venezolanos: apenas el 67 % del 46 % de los electores. Quienes equiparan ese escenario a elecciones ejecutivas con altos grados de abstencionismo en Estados Unidos, Europa o América Latina se equivocan, ya que no es lo mismo retirarse de un proceso electoral por considerarlo ilegítimo y abstenerse voluntariamente (Rojas R., 2019).
En torno al papel de la comunidad internacional, los Estados que no reconocieron el gobierno de Maduro, por la inconstitucionalidad de este, dejaron que unos pocos aliados, asumieran como válida su presidencia, y aunque:
Aún se mantenían de espacio varios meses entre la reelección de mayo y la toma de posesión de enero de 2019, el gobierno venezolano no los aprovechó para brindar alguna salida negociada. Es verdad que a esas alturas las credenciales del diálogo ya estaban más devaluadas que nunca, pero tampoco existieron gestos mediadores desde el madurismo (Rojas R., 2019).
Hay que comprender también que la crisis venezolana es originada en parte por la deslegitimación mutua del gobierno y la oposición. El primero desconoció la elección de la mayoría opositora en 2015, mientras que esta última ha desconocido tanto la elección de la Asamblea Nacional Constituyente como la reelección presidencial de Maduro. Las dos partes justifican sus acciones en el texto constitucional, pero la ruptura del orden propiamente dicho se produjo con la instalación, por fuera de las normas electorales y sin el referéndum previsto por la Carta Magna chavista de 1999, de un poder legislativo paralelo que usurpó las atribuciones del parlamento (Rojas R., 2019).
Esta crisis institucional empezó tras la muerte de Hugo Chávez y se agravó luego del desconocimiento de la mayoría legislativa en 2015. El detrimento de las condiciones de vida, el incremento de la violencia criminal, la represión sistemática e incluso las sanciones económicas de Estados Unidos contra algunos funcionarios no son el origen sino las consecuencias de una crisis política, económica, social sin precedentes en Venezuela.
Referente a esto, en una declaración conjunta de las cancillerías de México y Uruguay que circuló el 23 de enero en la noche, se defendió un "Arreglo pacífico y democrático" al conflicto venezolano y se llamó a las "partes implicadas, tanto al interior como al exterior del país" a un "nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos" (Rojas R., 2019).
Esta consistió en una postura que pasa del principio de no injerencia al diseño de una hoja de ruta más visible para evitar un desastre mayor en Venezuela. Así mismo, la nota nombró a la ONU y a la Unión Europea, a España y a Portugal, como actores con una posición parecida. Sin embargo, lo cierto es que existen matices entre las posturas de unos y otros. Como muestra de ello, la ONU discutió la reelección de Maduro y la Unión Europea, de la que hacen parte España y Portugal, "reconocen plenamente" la legitimidad de la Asamblea Nacional y llaman a una convocatoria de "elecciones anticipadas".
En el ámbito económico, las propuestas del gobierno de Maduro denotan una desconexión con la realidad ya que insiste en acusar al capitalismo internacional de querer derrocarlo. Las medidas implementadas han consistido en el aislacionismo y en regresar a medios primitivos de producción, ha nombrado funcionarios por alineamiento político y no por su capacidad técnica, arrojando como resultado improvisación y profundización de la crisis (Internacional, 2018).
Referente a seguridad, las fórmulas de Maduro no han sido las mejores. Las denominadas Operaciones para la Liberación del Pueblo -OLP-, que impactan a los diferentes cuerpos de seguridad del país, se han transformado en una política estatal de violación de derechos humanos. Cada una de estas operaciones termina con un saldo de muertos y centenares de detenciones arbitrarias, sin mencionar la persecución política que se ha agravado con el paso de los últimos tiempos y a lo que se le encima el desabastecimiento, la precariedad de alimentos y medicinas y la violencia generalizada. Cifras subterráneas, pues los entes estatales nunca se pronuncian sobre ellas.
Con base en información suministrada por los estados receptores, la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) manifiesta que hasta la fecha más de 7.710.887 de venezolanos han dejado su país (R4V, 2023). De estos, 2.48 millones son migrantes y refugiados, que han llegado a Colombia y se encuentran en esta condición en el país. Se debe decir que el flujo de la migración venezolana se incrementó considerablemente desde 2015, cuando 695.000 ciudadanos dejaron su país (UNHCR, 2020).
Análisis del Fenómeno de la Migración Venezolana a Colombia en Función de la Percepción de Seguridad Ciudadana
La conexión entre la migración y la delincuencia es uno de los asuntos más discutidos en la sociedad actual, pero estas controversias no se presentan sólo hoy en día. Las discusiones se remontan a más de 100 años de antigüedad. Según un informe del año 2012 de la Organización de las Naciones Unidas, el crimen es visto como una dificultad para las personas por dos causas: la conducta delictiva y el daño que genera en la comunidad. Esto se nota evidenciado en un sentimiento de inseguridad colectiva que ocasiona una variación en el comportamiento de los individuos. Según el último informen del Instituto de Investigación de Igarapé en Brasil, sobre la seguridad ciudadana (2018), América Latina se encuentra como una de las regiones más peligrosas del mundo.
Aunado a lo anterior, desafortunadamente Colombia ha sido distinguida continuamente por sus elevados niveles de criminalidad y violencia. Podría afirmarse que este tema de seguridad regional ha sido un desafío constante de gobernabilidad que han tenido que enfrentar el gobierno y la sociedad colombiana. Según las estadísticas vitales del DANE, Colombia tiene una tasa de criminalidad bastante alta, que ha permanecido en el tiempo en los últimos 20 años donde la violencia se encuentra entre las principales 10 causas de muerte de la población. Según una estadística del año 2017 por parte de la UNODC (Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito), en comparación con otros países de América Latina y el Caribe, Colombia presenta la sexta tasa de homicidios más alta del mundo (32.3 por cada 100,000 habitantes) después de Guatemala, El Salvador, Belice, Venezuela y Honduras.
Por otro lado, la migración es catalogada generalmente como una coyuntura social por ser un proceso que afecta de manera global, ocasionando cuantiosos efectos positivos y negativos tanto al lugar de origen como al de destino. Los efectos de la migración irregular se centran en la política pública de atención a esta población, y se percibe que los recurso del Estado deben estar destinado a los nacionales, no a los migrantes, de ahí que se concentre el peso negativo en la economía (Consejo Nacional de Población mexicano, 2000). Es cotidiano atribuirle a la migración un incremento de la tasa de desempleo y una reducción de salario; sin embargo, la evidencia empírica demuestra que esta relación es trivial o inexistente. Otro tema relevante es el costo que los migrantes representan para el fisco, ya que es primordial otorgarles el acceso a seguridad, educación y salud e incluirlos en los programas públicos de asistencia social. El tamaño de estos efectos se concentra en la capacidad del lugar de destino para enfrentar estas presiones e integrar a los nuevos residentes.
Según un informe del Departamento Nacional de Planeación, emitido en el año 2018, hasta el año 2012 las dinámicas migratorias de Colombia estaban distinguidas por una salida de colombianos mayor al ingreso de estos. Sin embargo, a raíz de la profunda crisis económica y social de Venezuela, desde ese momento han escapado de ese país cerca de 7.7 millones de personas de los cuales, según la agencia migratoria colombiana (Migración Colombia, 2019), 1.771.237 ya se habían establecido en el territorio nacional al 31 de diciembre de 2019 y para el 2023 se cuenta con aproximadamente 2.8 millones.
Conforme al reporte de Migración venezolana en Colombia publicado por el Banco Mundial, en el año 2018, a raíz de la cercanía y de la facilidad fronteriza, las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga han recibido a la mayor parte de población migrante que viene de Venezuela. En el último censo de flujo migratorio realizado por Migración Colombia se registra que 79,260 venezolanos residen en el área metropolitana de Bucaramanga (Vida, 2018).
De la misma forma, teniendo en cuenta el DANE en su encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2010), la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, se establecía como la cuarta ciudad más segura del país para comienzos de la década. No obstante, según el mismo reporte, las cifras de actos delictivos comenzaron a incrementarse drásticamente. Así, por ejemplo, en el año 2018 ocurrieron más asaltos callejeros que en todo lo corrido del siglo, según los datos sobre seguridad ciudadana de la ONG Paz y Reconciliación (2018). Entre 2012 y 2018 en Bucaramanga hubo 25.336 denuncias formales por robos cometidos contra ciudadanos y los robos a viviendas casi que se triplicaron. De la misma manera, la tasa de homicidios para el 2018 es de 35 asesinatos por cada cien mil habitantes, una de las más altas del país. Estas son sólo algunas de las cifras del Informe de Calidad Vida del Programa Bucaramanga Metropolitana 'Cómo Vamos', que presenta un balance de la seguridad durante los últimos años (Vida, 2018). Los inconvenientes derivados de la migración masiva de venezolanos, conocida como el Éxodo Venezolano o la Tercera Ola Migratoria, es una inestabilidad humanitaria ocasionada por el incremento del flujo desmesurado de personas que vienen de Venezuela, que ha tenido sus máximas expresiones desde el año 2016 (Watch, 2018).
Se catalogan, como una porción de la clase media; con educación superior, menoscabándolos a suplir labores de obreros que distan de grandes fuentes de riqueza, constituida en su mayoría por población joven. Esta ola de migrantes tiene como antecedente el cierre de la frontera con Colombia, ordenado por el presidente Nicolás Maduro el 19 de agosto de 2015, y la reapertura de la frontera con Colombia en 2016. La OEA y voceros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo clasificaron como la mayor migración que ha existido en la historia del hemisferio occidental en los últimos 50 años y que se produjo por cuestiones políticas, socioeconómicas y por la situación de incertidumbre y crimen que se presenta en Venezuela (Watch, 2018).
Las Naciones Unidas considera que de los 2,3 millones de venezolanos que han emigrado de su país, el 90% busca llegar a algún país de la región, siendo Colombia el país más golpeado por la crisis por tener más población migrante venezolana y características culturales similares (Santos T. D., 2011). A raíz de ello, Colombia intenta asumir un liderazgo en la región para enfrentar la creciente problemática, sobre todo cuando países latinoamericanos como Ecuador y Perú decidieron exigirles pasaporte, como una de sus políticas para controlar el ingreso de inmigrantes venezolanos (Medina, 2011). Lo anterior, desvía el mayor flujo de inmigrantes hacia Colombia y pone de manifiesto la creciente incomodidad con el éxodo que todos los días aumenta en número de personas ingresando al país por distintos medios, muchos de estos de manera ilegal (Santos T. D., 2011).
En relación con lo anterior, Rojas & Zarama manifiestan que la llegada de al menos un millón y medio de individuos en un breve período de tiempo establece un desafío a la estabilidad de cualquier nación. La magnitud de la crisis migratoria que ha afrontado Colombia no es de carácter proporcional, ya que jamás se registraron en la región, no sólo por su tamaño sino también por la prontitud con la que se fue presentando, algo que ha afectado la estructura institucional del Estado en la frontera y en muchas ciudades (Rojas & Zarama, 2016).
Aunque los análisis recientes evidencian que no hay un vínculo directo entre la inmigración y la delincuencia, esto no ha dificultado la idea del aparente peligro que puede surgir con los inmigrantes en Colombia. Los datos sobre la nacionalidad de los perpetradores no son vinculantes, pues según la evidencia universal sobre temas migratorios y delictivos y el impacto de los fenómenos de transformación poblacional sobre el delito, la criminalidad no depende de la nacionalidad sino del proceso migratorio y de esta forma la composición social de estas áreas va cambiando (Aparicio & Tamara, 2016).
La abundante llegada de una población extranjera a una ciudad ocasiona al menos elementos de riesgo que podrían ocasionar un incremento en las tasas de criminalidad urbana: áreas residenciales inestables, heterogeneidad étnica y marginalidad concentrada (Vergara C & Portilla A. C. (2023). El análisis deriva en que, si estos elementos no se convierten en foco de atención de la política migratoria es muy posible que se produzca un incremento de las tasas de delincuencia, el miedo al delito y la problemática social y niveles importantes de inseguridad. Sobre todo, cuando en la población destino de los migrantes no se cuenta con una planeación debida y una economía fuerte, como en el caso de Colombia, cuya población ya contaba con dificultades de inseguridad, delincuencia y desempleo (Rojas & Zarama, 2016).
Si bien es verdad que el gobierno Colombiano ha implementado un conjunto de disposiciones dentro de una estrategia que incluye la Política Pública de atención a la crisis de los migrantes venezolanos en territorio nacional en los temas de salud, educación, alimentación y laboral, entre otros; sin embargo, resulta esencial estudiar el alcance y efectividad de las acciones emprendidas, habida cuenta del extenso espectro fenomenológico encubierto en una cultura diversa como la Colombiana, con el propósito de identificar situaciones que ameriten atención especial (Meneses & Granada, 2017).
Entre estas situaciones se observa que la crisis por la que atraviesa el vecino país golpea directamente a la población colombiana y produce sensibilidad por el impacto social que ocasiona y es el área de la seguridad ciudadana; el cual no puede ser tratado a la ligera por el riesgo de ayudar a estigmatizar a las personas que han llegado a Colombia en calidad de desplazados por la situación en el vecino país, quienes no han tenido más camino que huir para sobrevivir, hallándose entonces en esta materia, la manera en que este fenómeno está afectando y la manera en que el Estado toma decisiones para afrontar la crisis que en la actualidad se presenta, teniendo en consideración el derecho que poseen, sea cual fuere su estatus migratorio y el derecho que le pertenece a cualquier persona para emigrar del territorio de un Estado y que no se contrapone a la obligación de otro Estado de acogerla (Arlettaz & Sanabria, 2015).
De acuerdo con informes de la Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional, ha habido un incremento en el volumen de venezolanos presos en Colombia y uno de los mayores problemas está ligado con la dificultad de detener a las personas que ingresan al país sin un documento, lo cual ocurre de manera frecuente y tampoco se cuenta con canales de comunicación con las autoridades del país vecino para verificar la identidad plena del individuo (Arlettaz & Sanabria, 2015).
Sin embargo, día a día se presentan capturas de estos ciudadanos, algunos reincidentes, los cuales actualmente permanecen en estaciones de Policía mientras se toma una decisión sobre su destino o bien deben ser liberados ante la ausencia de directrices claras. (Piñeros Cortés, C.; Carreño Dueñas, D. & Plazas Estepa, R. 2021).
Percepción de los Ciudadanos Respecto de los Inmigrantes
Es necesario anotar en este acápite que ya se han realizado algunos estudios sobre precepción ciudadana en torno a la migración de venezolanos hacia Colombia. Como un primer ejemplo se presente el análisis realizado por Mayorga (2016), quien defiende como hipótesis el hecho por el cual:
La percepción de la ciudadanía frente a la seguridad se encuentra dividida frente a la presencia de migrantes venezolanos, generando un efecto mayoritariamente negativo teniendo en cuenta factores como la xenofobia y el aspecto ideológico-político que impera en la actualidad, afectando así la dinámica social de la ciudadanía y señalando a la comunidad venezolana como uno de los actores que más afecta la seguridad en la ciudad (Mayorga, 2016, p. 2).
A pesar de los datos generales presentados, es importante destacar las sensaciones de la ciudadanía, sobre todo en el tema laboral, pues en este campo:
[...] el 86% de los ciudadanos que no tienen estrato económico opinan que se le debe brindar facilidades a la población migrante para que obtenga una fuente de empleo, mientras que el estrato medio (47%) opina que no debe ser así porque vería afectaciones en su empleabilidad y seguridad económica. Ahora, frente a una segunda pregunta relacionada con el empleo de los colombianos vs los empleos para la comunidad migrante, el 65% de los ciudadanos pertenecientes al estrato medio opinan que los migrantes venezolanos le quitan posibilidades de empleo a los colombianos, mientras que estratos como el alto, bajo y sin estrato (del 49% al 56% aproximadamente) considera que la migración no incide en la posibilidad de empleo de los colombianos, un porcentaje que deja entrever que existe cierto temor y riesgo por parte de los ciudadanos hacia la migración descontrolada (Mayorga, 2016, p. 9).
Claramente existe incertidumbre frente a la presencia de la población venezolana en Bogotá, "más del 80% de los encuestados aseguran que se siente en riesgo frente a la población migrante, mientras que menos del 20% asegura que no teme a la presencia de los migrantes venezolanos y no lo relaciona con una afectación o riesgo para su integridad personal", lo cual deja claro que las personas en efecto relacionan el aumento de la actividad delincuencial con la presencia de migrantes venezolanos, y eso sólo, se insiste, en el caso de Bogotá. (Mendieta P. Luz & Manosalva E. Hernán, 2022).
Sin embargo, la percepción criminógena frente al inmigrante venezolano, pese a que los delitos perpetrados por estos o en los que son participes tienen resonancia en los medios además de un eco social, de reproche y censura, va en contravía de la realidad pues sólo según datos de Secretaría Distrital de Seguridad, "los migrantes venezolanos cometen apenas el 2 por ciento de los hurtos en Bogotá. En 2018 fueron capturados 2.457 venezolanos inmigrantes; en 2019, 4.830, y en 2020, 3.903". Respecto de la población carcelaria de venezolanos en Colombia, para el año 2022, "A finales del mes de marzo, el INPEC informó que había 2859 extranjeros condenados o en proceso de juicio en las cárceles colombianas que representan el 2,9 % de la ocupación total" (Martínez, M, s.f.) sin libertad por diversos delitos. Los principales delitos por los cuales se hallan presos son "homicidio, hurto, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego".
Por lo anterior, es cierto y sabido que las percepciones de las personas son poderosas expresiones de la cultura, de sus maneras particulares de asumir el curso de la vida, y de resolver la intersubjetividad. Y ese poder de vinculación que tienen las percepciones en algunas circunstancias, como la condición precaria del inmigrante venezolano en Colombia, en nada contribuyen a la tragedia que arrastran, que tienen que soportar, e intentan ser resilientes por ellos, y sus familias. De ahí que la penalidad (Garlan, 1990) en Colombia, como construcción social, tiene una carga de exclusión, de desconfianza, que coloca al venezolano como enemigo, del que es necesario defenderse, desconfiar y excluirlo. Además, que dejar entrever la posibilidad de justificar medios de defensa, por las vías de hecho, ante la urgencia de la situación de indefensión.
Conclusiones
La forma de mandato instaurado en Venezuela ha llevado a que la población del vecino país tenga precarias oportunidades y tengan dificultades para acceder a un empleo digno, sistemas de educación y servicios de salud insuficientes, lo que ha ocasionado la migración hacia otros países sobre todo para Colombia por su cercanía y condiciones favorables. Muchos de ellos buscan estabilidad para sus familias y para ellos mismos, pero a raíz de esto se producen gastos derivados por su llegada y reducción de oportunidades para los connacionales teniendo en consideración que son grupos masivos y de forma irregular dispuestos a cumplir distintas tareas con el único propósito de ganar ingresos para sus familias.
De esta manera, retornando a la pregunta inicial sobre ¿Cómo se puede interpretar el aumento de la percepción de inseguridad ciudadana con relación al fenómeno migratorio de venezolanos hacia Colombia desde el análisis de las actuaciones institucionales? Se puede afirmar que el impacto de la migración venezolana a Colombia da paso a abrir los ojos con relación a los procesos internos que se hacen a la fecha, con migraciones de otros países, siendo generalmente Colombia el punto medio teniendo en consideración que por su ubicación sería una plataforma continental para muchos traslados de personas hacia Estados Unidos, Panamá y los países del sur de América. Para hacer frente a esta problemática es necesario el apoyo de organismos internacionales teniendo en cuenta que Colombia no cuenta con la experiencia suficiente ni el presupuesto para afrontar la magnitud de flujos migratorios masivos.
En el ámbito político existen vacíos institucionales en el tema de normatividad para entrada de extranjeros al país, para legalizar permisos laborales, para imputar los delitos cometidos por gente migrante, para disminuir la tensión ocasionada por el país vecino en la frontera y de esta forma satisfacer el pacto internacional de migración que busca que la migración sea segura, ordenada y regular, estableciendo fortalezas y oportunidades de crecimiento y no una percepción de inseguridad, desconfianza e incertidumbre, teniendo en cuenta que se han expedidos leyes como la Ley 2136 (Política Integral Migratoria del Estado colombiano, 2021).
En el contexto penal no se tiene en la actualidad un protocolo general y a todas luces establecido a seguir en el momento cuando un extranjero que infringe la ley penal es capturado, sin portar este un documento que permita su identificación plena, aunado a que se rehúsa a suministrar información, dejando así un vacío en cuanto al procedimiento penal que se le debe seguir al individuo.
De igual forma, menos aún se cuenta con un procedimiento predispuesto en una situación de que sea imposible establecer la identificación plena del extranjero, en contraste con los nacionales que permiten la expedición de un cupo numérico de identificación por medio de la Registraduria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004, de modo que al no resolverse este tema no es posible dar cumplimiento al requisito legal de necesaria identidad para efectos de imputación y demás actos procesales, perjudicando con esto flagrantemente el debido proceso ante la apacible mirada de las autoridades que, simplemente, con cierta gimnasia jurídica le hacen el esguince a la insoluta situación y prosiguen la actuación judicial.
Organismos como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario utilizan sus políticas internas para pretender mitigar la situación, que ya era grave antes de la masiva llegada de venezolanos al país en cuanto a sobrecarga de trabajo de jueces y hacinamiento carcelario; sin embargo, no logran identificar de manera efectiva a los capturados que deban ser imputados, acudiendo a medios paliativos que no tienen la entidad suficiente de liberar a las autoridades judiciales de su obligación legal y cumplimiento del debido proceso.
Las entidades de migración Colombia no pueden hacer mucho cuando la persona no tiene un historial de ingreso, debido a que por las estropeadas relaciones con Venezuela es casi un reto complicado cotejar información que pudiera derivar en la individualización.
Menos aún es una opción la deportación, tanto más que la territorialidad de la ley penal origina el inicio de la acción penal en territorio nacional.
Actualmente se están empleando lugares, como inspecciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, para la reclusión temporal de estos individuos ante la ausencia de un procedimiento consolidado y la imposibilidad de obtener un cupo en un centro de reclusión, sin tener un documento de identidad válido. Esto va en deterioro de los intereses de los capturados por cuanto dichas instalaciones carecen de condiciones apropiadas para alojar a una población de detenidos, ya que por el contrario son locaciones dispuestas para usarse provisional durante el desarrollo de un trámite legal que deba cumplirse.
Es evidente que hay un vacío legal sobre la regulación de identificación óptima en aquellos extranjeros que dan su negativa a identificarse y que existe precariedad de base de datos oficiales por fractura diplomática con otras naciones, como es el caso actual del vecino país, lo que implica la necesidad de presentar un proyecto de ley en el cual se incorpore una forma objetiva y positiva que brinde seguridad jurídica en el cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 286 y en el numeral 1 del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, frente a la imputación y acusación, respectivamente; sin eludir las garantías procesales relacionados al principio del debido proceso dando ponderación a la efectividad de la ley sustancial.
De igual manera, en términos de comprensión criminológica, vale advertir que Colombia no ha tenido una tradición de aceptación y apertura hacia los inmigrantes, con lo cual se dificulta revalorar una apuesta porque el extranjero se integre, aporte y no sea visto como un enemigo, sino más bien como alguien que contribuya a la paz social, a la construcción de la justicia desde la diversidad, el encuentro y la intersubjetividad.
Nota
1 En Thomas Hobbes, la soberanía es un poder supremo, total, ilimitado, perpetuo e indivisible, justificado porque, considerando la inclinación antisocial de los hombres, el mantenimiento de la paz, la confianza mutua y los pactos solo son posibles si los gobiernos fuertes los imponen. Ver Hobbes, T. (1653). El Leviatán, Capítulos XIV y XV.
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