http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n2.24209
Paros agrarios y negociación entre el gobierno colombiano y la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular (CACEP)*
Camilo Ernesto López-Meneses
Ingeniero Ambiental Universidad Nacional de Colombia, Palmira. Investigador Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Libre Cali- Colombia camilopezmen@gmail.com
Libia Esperanza Nieto-Gómez
Ingeniera Agrícola, Especialista en Recursos Hidráulicos Universidad Nacional de Colombia. Docente Investigadora Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Bogotá - Colombia. libia.nieto@unad.edu.co
Wilson Sánchez-Jiménez
Magister en Filosofía de la Universidad del Valle. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira. Docente Universidad Libre Seccional Cali - Colombia socratres@hotmail.com
Visnú Posada-Molina
Ingeniero Ambiental Universidad Nacional de Colombia, Palmira. Miembro del grupo de Investigación en Pensamianto Ambiental, Universidad Nacional de Colombia – Manizales- Colombia vposadam@unal.edu.co
María Alejandra Ramírez-Galvis
Abogada Universidad Libre Seccional Cali. Miembro del grupo de investigación Ignacio Torres Universidad Libre Seccional Cali – Colombia maralejramirez@gmial.com
Fecha de recepción: 15 agosto de 2015
Fecha de aceptación: 15 septiembre de 2015
* Cómo citar: López-Meneses, C. E., Nieto-Gómez, L. E., Sánchez-Jiménez, W., Posada-Molina, V., Ramírez-Galvis, M. A. (2015). Paros agrarios y negociación entre el gobierno colombiano y la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular (CACEP). Revista Criterio Libre Jurídico, 12(2), 161-175 http://dx.doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n2.24209
Resumen
Se reflexiona sobre el contexto de los paros agrarios de 2013 y 2014 y de los procesos de negociación entre el Gobierno colombiano y las organizaciones agrarias,considerando una lectura de la problemática social del sector rural colombiano, de las condiciones que permitieron unidad a las plataformas organizacionales que participaron en dichas movilizaciones, de la metodología empleada para la construcción del pliego nacional de exigencias y de la política gubernamental para dar respuesta a los procesos de paro y al pliego. Metodológicamente, se tomó como fuentes documentales las publicaciones de algunos investigadores de asuntos agrarios con reconocimiento y trayectoria en Colombia, como también de informes de los principales diarios y revistas de circulación nacional, de los portales especializados y las declaraciones de las organizaciones colgadas en los medios de comunicación alternativa, en el periodo de estudio comprendido entre el Paro Cafetero de 2013 y 2015. Se encontró que la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo favorece proyectos de impulso a la locomotora minero–energética, la extranjerización de la tierra, la entrega de baldíos para empresarios, la instalación de complejos agroindustriales, la importación de alimentos y la continuación de la militarización y la guerra, que no permiten vislumbrar una solución a los problemas del agro colombiano. Se concluye que se requiere orientar la política pública rural colombiana con miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.
Palabras clave: Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular, Paro Nacional Agrario, Pacto Nacional Agrario, Mesa Unificada de Negociación, Dignidades Agrarias, incumplimiento gubernamental, problema agrario, crisis del precio del petróleo.
Agricultural strikes and negotiations between the Colombian government and the Farmers’ and People’s Ethnic and Agricultural Summit (CACEP, from its Spanish acronym) (2013-2015)
Abstract
This article provides a reflection on the background of the agricultural strikes of 2013 and 2014 and the process of negotiation between the Colombian government and farmers’ organizations, considering an interpretation of the social issues in the rural areas in Colombia, the conditions that made it possible to bring together the organizational platforms involved with these mobilizations, the methodology employed for building the national list of demands, and the government policy in response to the strikes and the list of demands. From a methodological point of view, the sources of documentation were the publications of a number of researchers of agricultural issues with great recognition and experience in Colombia, reports appearing in the most important newspapers and magazines with national circulation, specialized portals, and statements of organizations posted on alternative media during the time period from the date of the 2013 Coffee Growers’ Strike to the end of 2015. It was found that the execution of the National Development Plan benefits projects that drive the mining-energy production industry, foreign ownership of land, allocation of wasteland to business owners, installation of agroindustrial complexes, importation of foods, and the continuation of militarization and war, all of which prevent envisioning a solution for the problems of the farming industry in Colombia. It concludes that there is a need to focus Colombian public rural policies on improving the quality of life of rural communities.
Key words: Farmers’ and people’s ethnic and agricultural summit, national agricultural strike, national agricultural covenant, unified negotiation table, agricultural dignities, government default, agricultural problem, oil price crisis.
Greves agrárias e negociação entre o governo colombiano e a Cimeira Agrária, Camponesa, Étnica e Popular (CACEP)
Resumo
Reflete sobre o contexto das greves agrárias de 2013 e 2014 e dos processos de negociação entre o Governo colombiano e as organizações agrárias, considerando uma leitura da problemática social do setor rural colombiano, das condições que permitiram a unidade das plataformas organizacionais que participaram nas ditas mobilizações, da metodologia empregada para a construção do caderno nacional de exigências e da política governamental para dar resposta aos processos de greve e ao caderno de exigências. Metodologicamente, foram tomadas como fontes documentais as publicações de alguns investigadores de assuntos agrários com reconhecimento e trajetória na Colômbia, mas também as informações dos principais jornais e revistas de circulação nacional, dos portais especializados e as declarações das organizações ligadas aos meios alternativos de comunicação, no período de estudo compreendido entre a Greve dos Cafeicultores de 2013 e finais de 2015. Foi constatado que a execução do Plano Nacional de Desenvolvimento favorece projetos de impulsionamento da locomoção mineira e energética, a estrangeirização da terra, a entrega de terrenos baldios para empresários, a instalação de complexos agroindustriais, a importação de alimentos e a continuação da militarização e da guerra, que não permitem vislumbrar uma solução para os problemas do setor agrário colombiano. Se conclui que é necessário orientar a política pública rural colombiana com vista a melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais.
Palavras chave: Cimeira agrária, camponesa, étnica e popular, greve nacional agrária, pacto nacional agrário, mesa unificada de negociação, dignidades agrárias, incumprimento governamental, problema agrário, crise do preço do petróleo.
Introducción
Entre finales de febrero y mediados de septiembre de 2013 el campesinado colombiano y marginalmente las comunidades indígenas y afrocolombianas, participaron masivamente en tres grandes jornadas de movilización: el paro cafetero (25 de febrero – 8 de marzo) (Dorado, 2013), el paro del Catatumbo (11 de junio – agosto 3) (ASCAMCAT, 2014a) y el Paro Nacional Agrario (19 de agosto – septiembre 12) (Salcedo, Pinzón & Duarte, 2014), en un contexto marcado por un ascenso de la movilización y las luchas sociales. Según el informe especial del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)/ Programa para la Paz (PPP), en 2013 se registraron 1.027 protestas, el mayor número de luchas desde 1975 (Archila et al., 2014), en efecto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) reseñada por CINEP (2014) alerta que este año “fue un año para olvidar en materia de protestas sociales en Colombia, pues cubrió los importantes sectores del agro, transporte, minería, justicia y educación [cuyos] costos económicos se acercaron a $1.8 billones (0.4% del PIB anual), mientras los costos más gravosos, los institucionales, resultan incalculables” (Arcila et al., 2014: 6).
Aunque la movilización campesina desde inicios de 2013 fue una de las determinantes del ascenso en el nivel de lucha, el Paro Nacional Agrario (PNA) puede considerarse como un hito histórico del movimiento agrario por cuanto logró unificar cientos de miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos en 22 departamentos del país, constituyéndose en una demostración de la capacidad del movimiento campesino y popular de provocar temblores en las estructuras de poder, en tanto puso en cuestión la gobernabilidad del presidente Santos (Arcila et al., 2014: 5), como quiera que logró generar respaldo en amplias capas de la sociedad, que se movilizaron en solidaridad con el campesinado en distintas ciudades del país (Caracol Radio, 2013), esto conllevó a los medios a catalogar al paro como una especie de “primavera árabe” (Semana, 2013) a la colombiana.
El 12 de septiembre de 2013 en Bogotá D.C. en dos escenarios distintos, paralelamente se dieron cita el gobierno y los gremios para lanzar públicamente el Pacto Nacional Agrario (León, 2013) y el movimiento agrario y popular para la creación de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, CACEP (Agencia Prensa Rural, 2013).
Este artículo pretende realizar una breve reflexión acerca del incumplimiento gubernamental a los acuerdos pactados con el campesinado que participó en los PNA de 2013 y 2014, así también se pretende hacer una lectura crítica del Pacto Nacional Agrario política promovida por el gobierno del presidente Santos como medio para “paliar” la crisis agraria develada por el PNA.
Metodología
La argumentación expuesta en este artículo se fundamentó en una revisión bibliográfica de los autores más destacados en torno a la problemática y a la cuestión agraria, de las publicaciones realizadas en la red tanto de los portales de los medios masivos de comunicación (revista Semana, periódicos El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El País, Portafolio, Caracol y RCN radio y televisión), como de los portales de los medios alternativos, los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, entre ellos los webs del CINEP, La Silla Vacía, las2orillas, razón pública, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, entre otros.
Desarrollo
La crisis del campo y de los campesinos
La existencia de una crisis endémica en el sector agrario ha sido ampliamente referenciada por autores como Fajardo (2014, 2015), Molano (2015a), Machado (1998), Ocampo (2015), Giraldo (2014, 2010), entre otros. En síntesis puede ser demostrada por los siguientes elementos:
a). Ausencia y/o acceso precario a la propiedad de la tierra para los pequeños productores y concentración de la propiedad por parte de consorcios empresariales. De acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agrario,“69,9% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa solo el 5 por ciento del área censada, mientras que terrenos de más de 500 hectáreas están en manos del 0,4 de los propietarios y representan el 41,1 por ciento de las 113 millones de hectáreas censadas” (El Tiempo, 2015).
b). Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados por el Estado Colombiano con los Estados Unidos de América (EUA) y con la Unión Europea, han generado una competencia desventajosa para los productores agrarios nacionales (Salcedo, 2013), fenómeno agudizado por un proceso de desmontaje del aparato institucional de acompañamiento a los sectores agropecuarios (Las2orillas, 2014).
c). La irresolución del problema del desplazamiento forzado, en efecto, aunque existe un elevado nivel de subregistro en la población desplazada, el desarraigo ha afectado a 3,6 millones de personas, 836.000 familias (PNUD, 2011) quienes fueron despojadas de 6.638.195 ha desde antes de 1998 hasta el año 2010 (PNUD, 2011, p. 278), equivalentes al 12,8% del territorio nacional, situación que priva permanentemente del ejercicio del derecho sobre los bienes materiales e inmateriales del sujeto despojado, entre ellos, el derecho a la seguridad y la soberanía alimentaria. Vale señalar que según el PNUD (2011), el despojo en el 73% de los casos afectó a los pequeños propietarios (propiedades menores de 20 ha), mientras que los medianos propietarios (menos de 500 ha) fueron afectados en 26,6%.
d). La pobreza rural que ha llevado a que Colombia sea uno de los países de Latinoamérica y del mundo con mayores niveles de desigualdad en la propiedad de la tierra, expresado en un índice de Gini de 0,875 (PNUD, 2011, p. 197).
e). La situación de insuficiencia alimentaria, como lo corrobora el Informe Nacional de Desarrollo Humano, que define que el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria disminuyó de 1,04% a 0,95% entre 1991 y 2008.“Si el coeficiente es menor que 1, no existe tal autosuficiencia y es preciso cubrir el déficit de alimentos con importaciones provenientes del mercado externo” (PNUD, 2011, p. 364).
f). La negativa a respetar los derechos a la territorialidad campesina, indígena y afrocolombiana, como quiera que el Estado, le ha apostado al aceleramiento del modelo de reprimarización económica a través de la denominada locomotora minero-energética, que se demuestra por el aumento significativo en las licencias otorgadas que ocupan un área de 5,8 millones de ha (PNUD, 2011, p. 97), superior en 1,73 veces al destinado a labores agrícolas; una situación similar ocurre en lo que respecta al uso del suelo en pastos, mientras que entre 1995 y 1999, el área destinada a labores netamente agrícolas disminuyó en 862.060 ha, las destinadas a pastos aumentaron en 8.872.192 ha (PNUD, 2011, p. 92).
El camino hacia el establecimiento de la Mesa Única de Negociación entre la CACEP y el gobierno nacional
Salcedo et al. (2013) identifican que en el PNA de 2013 participaron dos grandes bloques de poder, uno representado por la pequeña y mediana producción campesina y otro por los sectores rentista y agroexportador. En su estudio, analizan la composición organizativa en cada bloque de poder, como de los pliegos de exigencias presentados ante el gobierno nacional y la opinión pública. Aunque este artículo no se detendrá en una descripción detallada de los pliegos, sí considera relevante mencionar las cuatro grandes fuerzas agrarias que aglutinaron campesinos, indígenas, afrocolombianos y sectores populares, con mayor representatividad en el PNA.
a). Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA) – Marcha Patriótica.
b). Coordinador Nacional Agrario (CNA) – Congreso de los Pueblos
c). Dignidades Agropecuarias
d). Organizaciones que convergen en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Al respecto de las negociaciones producto de la presión ejercida por las plataformas mencionadas en el PNA 2013, Salcedo et al. (2013) señalan que:
El viernes 6 se inició el proceso de mesa regional de negociación con campesinos pertenecientes al CNA, en esta mesa se agendaron los temas del pliego y se procederá durante todo el mes a avanzar en la negociación. El sábado 7, de forma simultánea Dignidad Agraria firmó un acuerdo con el gobierno en varias regiones y de esta manera se procedió a poner fin a las protestas a cambio de un compromiso del gobierno de implementar políticas para que los gremios de la pequeña y mediana producción no se vean tan golpeados por el libre comercio. El domingo 8 se firmó en Popayán el acuerdo nacional con la MIA, en este acuerdo se establece el fin de los bloqueo y una comisión nacional de Alto nivel para tratar los puntos del pliego, este proceso será acompañado de la veeduría de la ONU y constituye un logro importante en la lucha de los campesinos (Salcedo et al., 2013)
Aunque la radicación de pliegos de exigencia entre el gobierno y las plataformas organizativas agrarias que hicieron posible el PNA de 2013, quizás uno de los principales logros del movimiento agrario fue la fundación de la CACEP (Agencia Prensa Rural, 2013), en tanto elemento aglutinador de campesinos, afrocolombianos, indígenas y sectores populares, es a su vez un proceso que genera iniciativas políticas agrarias en favor de los sectores agrarios gravemente afectados por la multicausal crisis agropecuaria colombiana y como espacio unificado de posicionamiento de iniciativas políticas que controvierten el Pacto Nacional Agrario, como de denuncia ante los atropellos de la fuerza pública contra los manifestantes; de hecho en su primera declaración política alertó a la opinión pública nacional e internacional sobre “el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados (…) la detención de nuestros líderes, la militarización de los campos y las calles,el tratamiento de guerra a la justa protesta social (…),la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país” (Agencia Prensa Rural, 2013). Más tarde se aclararía que no fueron 12 los civiles asesinados sino 19 (Agencia Prensa Rural, 2013).
La fundación de la CACEP contó con la participación de la gran mayoría de las plataformas de organizaciones agrarias que dinamizaron el PNA, entre ellas las Dignidades Agrarias, la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular (MIA) - Marcha Patriótica, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Coordinador Nacional Agrario (CNA) - Congreso de los Pueblos, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), entre otras organizaciones más pequeñas (Agencia Prensa Rural, 2013).
Entre febrero y marzo de 2014, la CACEP generó un proceso nacional de construcción de una propuesta nacional unificada como medio para legitimar las demandas de las distintas organizaciones, para ello promovió la realización de Pre – Cumbres departamentales y regionales en Catatumbo, Cauca (Agencia Prensa Rural 2014a), Putumayo (Agencia Prensa Rural 2014b), Santander,Antioquia, Magdalena Medio,Valle del Cauca (Agencia Prensa Rural,2014 c) y en varios municipios del nordeste de Antioquia y sur de Bolívar (Cahucopana, 2014). El paso siguiente fue la realización de una Gran Cumbre Agraria Nacional que se llevó a cabo en Bogotá entre el 15 y 18 de marzo, y contó con una participación aproximada de treinta mil personas (Semillas, 2014) provenientes de toda la geografía nacional, de ésta se derivaron dos grandes elementos, primero, la elaboración de un pliego nacional de exigencias unificado y segundo, la convocatoria a un segundo PNA que se llevaría a cabo en mayo de ese mismo año.
El pliego nacional de exigencias de la CACEP 2014, abordó la discusión del problema agrario colombiano en ocho puntos: tierras; economía propia contra el modelo de despojo; minería, energía y ruralidad; cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; derechos sociales;relación campo – ciudad y paz,justicia social y solución política (Agencia Prensa Rural, 2014d); aunque la CACEP conminó al gobierno a discutir el pliego y de este modo evitar la realización del PNA 2014, éste no acudió a la cita (Agencia Prensa Rural, 2014e).
Ante la negativa del gobierno para discutir el Pliego Unificado de Exigencias, la CACEP convocó al PNA 2014, que con una duración de 15 días (abril 25 – mayo 9) y realizado apenas a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, logró movilizar más de 120 mil campesinos en buena parte del territorio nacional (Agencia Prensa Rural, 2014f). El PNA 2014 fue considerado como una victoria comoquiera que logró establecer la Mesa Unificada de Negociación (MUN) en la que se pactaron acuerdos para la discusión de los puntos del pliego de exigencias, el fin del PNA 2014 (El Colombiano, 2014, mayo 9) y la expedición del decreto 870 de Mayo 8 de 2014 (Ordóñez, 2014). Sin embargo, no hubo acuerdo con las Dignidades (El Tiempo, 2014, mayo 11).
El acuerdo 870 de 2014 tiene por objeto (artículo 2) generar un escenario de diálogo, participación y concertación en el que se podrán abordar las temáticas a las que hace referencia el artículo 3° del presente Decreto, sin perjuicio del libre ejercicio de las facultadas reglamentarias y de las competencias y funciones asignadas por la Constitución y la Ley a las entidades o autoridades públicas (Presidencia de la República, 2014).
El Pacto Nacional Agrario
El Gobierno gestó en 2013 el Pacto Nacional Agrario (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR, 2013), medida de choque para menguar el impacto que tuvo el PNA 2013 (MADR, 2013), como se ha dicho uno de los mayores procesos de movilización popular en la historia de Colombia. El pacto nunca generó políticas o propuestas económicas para resolver los problemas estructurales del sector agropecuario colombiano (Canal Capital,2014), puesto que no pretende solucionar los problemas de tierras, territorialidad, minería, renegociación de tratados de libre comercio, protección y apoyo real para el mercado nacional de alimentos, proyectos productivos que permitan fortalecer las economías propias, sino como un mecanismo para aportar marginal y temporalmente recursos a los productores y las comunidades empobrecidas por más de dos décadas de apertura económica devastadas por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2012 (Coordinación Campesina del Valle del Cauca -CCVC, 2014), en la perspectiva de fortalecer el encadenamiento productivo controlado por los principales grupos económicos del país y los megaproyectos agroindustriales en curso desde inicios del siglo XXI 2012 (Coordinación Campesina del Valle del Cauca -CCVC, 2014).
No obstante el “boom mediático” del Pacto Nacional Agrario, la expectativa generada con comunidades y alcaldías y los juramentos del presidente y sus ministros de que apoyarían el campo, los gobiernos municipales y sobre todo las comunidades han sido testigos de que el “Pacto” no ha pasado de ser una promesa, a la fecha incumplida por el presidente Juan Manuel Santos (ASTRACAVA, 2014).
4. El Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo país agudizará la crisis
La economía colombiana ha dependido de la extracción de recursos no renovables, como la quina, el añil, el café (Fajardo, 2015) y desde la década de los 60 del siglo pasado el petróleo. Pueblos y veredas fueron fundados siguiendo el rastro del petróleo (Molano, 2015b: 27). Planes y proyectos de desarrollo han sido diseñados en función de una política petrolera que no necesariamente representa los intereses nacionales (Vega, 2015: 378), incluso el Plan Colombia y los planes de guerra subsiguientes, tuvieron entre sus objetivos principales el aseguramiento de la provisión de petróleo para los países industrializados del norte (Vega, 2015, p. 417).
Pese a ser la “gallina de los huevos de oro”, el gobierno de Alvaro Uribe en 2006 decidió vender el 20% de las acciones para que privados fuesen copropietarios de Ecopetrol la empresa –de lejos- más rentable del país (Kalmanovitz, 2007); tres años antes el presidente Andrés Pastrana había permitido la apertura de un “boquete jurídico” a través de la ley 685 de 2001 más conocida como “código minero” (González, 2010), que obligó a la nación a negociar la explotación minero–energética con las transnacionales en condiciones desventajosas para los colombianos (González, 2010). Código minero y venta de patrimonio público condujeron a que la nación dejara de percibir cuantiosos ingresos de la renta petrolera y minera (El Tiempo, 2013b).
Con pocas excepciones los gobiernos de países del denominado Tercer Mundo como Colombia, avanzaron en la promulgación de leyes que han protegido intereses nacionales en lo relativo a la explotación minero-energética (Kalmanovitz, 2012), por el contrario los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, han apostado intencionalmente a perder el patrimonio de los colombianos, toda vez que los
contratos firmados han lesionado la soberanía nacional y por ende los ingresos con los que funcionan
las instituciones (Kalmanovitz, 2011). En los tiempos de Uribe, para no ir más lejos, desaprovechó el contexto mundial de precios altos del petróleo y de las materias primas, utilizando una porción
significativa de los recursos derivados de la bonanza en nutrir los recursos del Ministerio de Defensa y de este modo, maximizar la capacidad operativa de las fuerzas militares, navales, aéreas y de policía y por supuesto agudizar la guerra (Otero, 2010).
Para el año 2015 el presupuesto de la nación fue contemplado por un monto total de 216,2 billones de pesos. Los principales rubros fueron, 119,4 billones para funcionamiento, pago de la deuda que compromete 48,9 billones de pesos, infraestructura 46,2 billones, pago de pensiones 29,4 billones, educación 28,4 billones, salud 19 billones, inclusión social 11 billones, sector agropecuario 4,5 billones. Por su parte el Ministerio de Defensa tiene una asignación de 28,1 billones (Elpaís.com.co, 2014) utilizados en continuar atizando el fuego de la guerra, como lo hiciera durante más de 8 años Uribe y hace más de 12 años Pastrana.
La ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto del presupuesto general de la República para 2015, dependieron tanto del precio del barril del petróleo que fue estimado en los planes iniciales sobre un monto de US$87, como de la magnitud de la explotación calculada en 1 millón de barriles diarios (Elnuevosiglo.co, 2014). Sin embargo, las fluctuaciones en el precio implicaron por un lado, la puesta en marcha de nuevas reformas tributarias (Espitia, 2015) y la modificación de los compromisos que el Estado ha asumido en términos de inversión social (Espitia, 2015).
El gobierno nacional no modificará el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa (Dinero, 2015), como quiera que la militarización de los territorios brinda las condiciones de seguridad que han permitido la continuación y aceleración de la “locomotora minero–energética”, en efecto la Corporación Nuevo Arcoiris (2014) indica la existencia de una fuerte militarización de las zonas extractivas, “los Batallones Minero-Energéticos están formados por 80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército de Tierra en el que están encuadrados, y representan casi un 30% de las fuerzas armadas” (Corporación Nuevo Arcoiris, 2014).
5. La dilación como estrategia de negociación
La intención de diálogo y acuerdo de las comunidades, sus voceros y delegados, ha sido opacada por la carencia de voluntad política del gobierno colombiano que ha hecho uso de la negligencia,la delegación de funcionarios burócratas sin capacidad de decisión, la dilatación del diálogo, el desgaste de los voceros y las organizaciones, la imposición de complejísimas rutas administrativas para la celebración de convenios con las organizaciones para la ejecución de recursos que los dificultan hasta prácticamente imposibilitarlos (Mantilla, 2015).
A más de un año de haberse establecido la Mesa Única de Negociación entre el gobierno y la Cumbre los avances son mínimos, peor aún, los delegados del gobierno han pretendido volver a negociar sobre los acuerdos establecidos y firmados en mayo de 2014 (ONIC, 2014).
En efecto, los procesos articulados a la CACEP denunciaron la “falta de garantías durante el proceso y ha contado con una serie de obstáculos normativos, los cuales han sido excusa para no implementar los acuerdos.Así se evidencia a partir de la declaración de Iragorri (…) Según él, las demoras en la implementación son "porque se debe garantizar el cumplimiento de la ley".Lo curioso es que históricamente el gobierno colombiano se ha caracterizado por actuar, en muchos casos, por fuera de la ley, entregando los territorios a empresas transnacionales y favoreciendo a privados, en detrimento de los sectores agrarios” (Agencia Prensa Rural, 2015a).
La CACEP convocó entonces a un nuevo proceso de movilización que tuvo la ciudad de Bogotá como el punto central de concentración (Cordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares -CONAP, 2015), obteniéndose como principal resultado el reinicio de los diálogos con altos funcionarios del gobierno nacional para retomar los puntos del acuerdo de la MUN y del decreto 870 de 2014.
Conclusiones
La estructura del Plan Nacional de Desarrollo, la crisis del petróleo, la devaluación del peso frente al dólar, como la débil voluntad política del gobierno nacional de promover acuerdos con las organizaciones de la CACEP dificultarán enormemente que se generen rutas de solución frente tanto frente a los puntos de acuerdo plasmados en la Mesa Única de Negociación como aquéllos contemplados en el Decreto 870 de 2014.
Desde este punto de vista, la crisis económica de los productores campesinos, afrocolombianos e indígenas más pobres se agudizará, como también se agudizarán los conflictos derivados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en el que prevalecen los proyectos de impulso a la locomotora minero–energética, la extranjerización de la tierra, la entrega de baldíos para empresarios, la instalación de complejos agroindustriales, la importación de alimentos y la continuación de la militarización y la guerra.
En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo va en contravía del mandato constitucional de la producción nacional de alimentos, la protección de los territorios de las comunidades, la conservación de los ecosistemas estratégicos de los que depende la población actual y las generaciones futuras e incluso en contravía de los puntos del acuerdo parcial de La Habana.
De mantenerse la estructura actual del Plan Nacional de Desarrollo y por tanto del presupuesto de inversiones para éste y los próximos años, será prácticamente imposible que el gobierno cumpla con el Decreto 870 de 2014, como con los compromisos del gobierno en la Mesa Única de Negociación dificultándose de paso la posibilidad de allanar caminos hacia la construcción de una paz estable y duradera para la nación colombiana.
Es evidente la contradicción existente entre lo pactado por el gobierno en la MUN con la CACEP y el desarrollo de una política agraria que desconoce de plano lo ya acordado. Baste recordar el sexto párrafo de la carta que enviara la CACEP al presidente Juan Manuel Santos en noviembre 30 de 2015, en ésta señalaba que:
(...) mientras el gobierno anuncia nuevos planes agrarios de gran impacto como “Colombia Siembra” en la que pretenden ampliar la producción con un millón de hectáreas sembradas; llevamos un año tratando de concretar el acuerdo de apoyo a la economía propia (Economía campesina, indígena y negra) y no hemos podido sembrar una sola hectárea de tierra con apoyo del gobierno. Por el contrario, lo que sí se ha ampliado es el cultivo de coca, marihuana y amapola que hoy sigue constituyendo una opción para muchas comunidades que a pesar de saber de la ilicitud y recibir la persecución de la ley, sigue siendo su única opción ante la pobre atención del gobierno para fomentar la producción de alimentos para la soberanía alimentaria. Lo único que han recibido las comunidades rurales es una política de erradicación forzada acompañada de la militarización de los territorios, rompiendo la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado y poniendo en peligro la voluntad de diálogo que se ha manifestado, abriendo la posibilidad a nuevos ciclos de violencia (Agencia Prensa Rural, 2015b).
Referencias bibliográficas